martes, 30 de junho de 2009


Sentencia

El STJ de Venezuela declaró improcedente suspensión de efectos solicitada por Central Azucarero Portuguesa

La Sala Político Administrativa del TSJ, con la ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos intentada conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad por la sociedad mercantil Central Azucarero Portuguesa, C.A., contra el silencio administrativo de la Ministra del Poder Popular para el Ambiente respecto a la resolución del recurso jerárquico ejercido por la recurrente contra la providencia administrativa N° R -16-05-0008-1177 del 11 de febrero de 2008, dictada por la Dirección Estadal Ambiental del estado Portuguesa, que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido contra la mencionada Providencia el 5 de diciembre de 2007, con la que se condenó a la recurrente el pago de una multa por la cantidad de Bs. F 225.792,°° y prohíbe la descarga de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas.

La parte apelante fundamentó su demanda basándose en que celebró un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con el fin de disminuir progresivamente el impacto ambiental que en su localidad ocasionaba su actividad industrial, el cual se ha cumplido a cabalidad, diminuyendo notablemente dicho impacto.

Se alegó igualmente que dicha empresa es el mayor productor y moledor de azúcar en el país, por lo que imponer la mencionada multa más la prohibición de descarga de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas, sin haber evaluado las mejoras realizadas por la misma, ni considerando las inversiones, acciones concretas destinadas a la protección del ambiente, no solo atenta contra el equilibrio de la producción Nacional del azúcar y su distribución, sino también contra la debida proporcionalidad y racionalidad entre lo realizado y probado en sede administrativa por esta empresa y lo resuelto en la providencia administrativa que está impugnando.

A esto, la Sala adujo que la medida cautelar de suspensión de efectos de los actos administrativos se encuentra consagrada en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del TSJ, que prácticamente reproduce el contenido del artículo 136 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ésta constituye una mediada preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación.

Por lo tanto, la medida de suspensión de efectos sólo procede cuando se verifica concurrentemente los supuestos que la justifican, estos es, que sea necesaria a los fines de evitar prejuicios irreparables o de difícil reparación, o para evitar que el fallo quede ilusorio y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultara favorable, a lo cual debe agregarse la adecuada ponderación del interés público involucrado, lo que significa que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar.

Verificado esto, la Sala evidenció que la parte actora no sustentó la medida cautelar solicitada por el alegato de violación de algún derecho concreto de orden constitucional o legal, lo que significa que no especificó la norma o las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente que amparan la presunción del buen derecho que invoca, de manera que, en principio, ante la ausencia de imperativos legales que respalden su petición cautelar, se declaró improcedente la suspensión de efectos requerida.

Consideraciones para decidir

Sin embargo, la Sala observó que la parte demandante fundamentó el recurso contencioso de nulidad en la presunta violación del principio y proporcionalidad y adecuación de las providencias administrativas, consagrado en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo que pasa a abordar el análisis en torno a la procedencia de la mediada con fundamento en el alegato de prejuicio del comentado principio administrativo.

Precisa la Sala que dicho artículo establece que cuando una norma faculte a la autoridad competente para imponer una sanción, esta tiene la obligación de hacerlo mediante la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A esto, infiere la Sala que la presunta infracción del principio se habría materializado, según lo alegado por la recurrente, por cuanto la administración no tomó en cuenta, los trabajos y acciones desplegadas por la demandante en materia de protección ambiental, lo que vulneró el principio de proporcionalidad y adecuación.

Ahora bien, indica la Sala que la presunción del buen derecho invocado no emerge de los elementos probatorios cursantes en autos, ya que, en ninguno de ellos estableció de manera concluyente, la aprobación de la administración ambiental con la relación a tales medidas, ni su aptitud para preservar el medio ambiente. Por otro lado, la recurrente no demostró de qué manera la multa y la prohibición de descarga de efluentes líquidos e emisiones atmosféricas perjudica la producción de azúcar a nivel nacional.

De acuerdo a los razonamientos antes planteados, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declaró improcedente la solicitud de suspensión de efectos formulada por la empresa Central Azucarero Portuguesa, C.A., de la providencia administrativa N° R -16-05-0008-1177, ratificada por virtud del silencio administrativo de la Ministra del Poder Popular para el Ambiente respecto del recurso jerárquico ejercido por la accionante, la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la providencia administrativa N° R -16-05-0008-1177, que condenó a la recurrente el pago de una multa por la cantidad de Bs. F 225.792,°° y prohíbe la descarga de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas.

Para conocer la sentencia completa presione aquí

(Publicado por el STJ – Venezuela, 29 junio 2009)
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