"Las compañías que resulten seleccionadas para ser nacionalizadas tampoco podrán entablar demandas judiciales en el extranjero, porque la norma establece taxativamente que las controversias serán dilucidadas en forma exclusiva y excluyente por los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Rodríguez citado en un boletín de prensa de la AN.

Rodríguez enfatizó que para Gobierno este punto ha sido una bandera estratégica, pues el objetivo del instrumento jurídico es recobrar el control en áreas que son esenciales dentro de la industria petrolera, por lo que no se le dará cabida alguna a la interferencia extranjera.

Recordó que hay un grupo de venezolanos que están defendiendo el arbitraje como un mecanismo atraer inversiones en el área de hidrocarburos, aduciendo que esta figura está incluida en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.

"Olvidan mencionar que esta Ley se aplica básicamente a inyecciones de capital en áreas comerciales, pues cuando son recursos naturales, su explotación está sujeta a la soberanía de cada país, y el derecho internacional así lo reconoce. En todo caso, esta reserva de bienes y servicios se está realizando mediante una Ley Orgánica, que prevalece sobre cualquier Ley Especial".

"Los contratos que hayan sido celebrados en las materias objeto de la presente Ley, se les reconoce como contratos administrativos. Cuando el Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo dicte las Resoluciones con los bienes y servicios a ser nacionalizados, dichos contratos se extinguirán de pleno derecho".

El diputado dijo que en el articulado también se consagra que corresponde a las personas naturales o jurídicas dueñas de los bienes o que prestan servicios, colaborar en la entrega pacífica y ordenada de las operaciones, instalaciones, documentaciones y equipos afectos a las actividades, so pena de la aplicación de las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponder, de conformidad con el ordenamiento legal.

El artículo 8 prevé que los permisos, certificaciones, autorizaciones y registros vigentes, pertenecientes a los operadores de las actividades reservadas, o que recaigan sobre bienes utilizados por las mismas, pasarán de pleno derecho, a la titularidad de Petróleos de Venezuela, o a la filial que ésta designe.

"Con esta Ley estamos revirtiendo la tercerización de operaciones importantes de Pdvsa, puesta en práctica desde los años 90 como parte de la nefasta Apertura Petrolera. Es un paso más en la defensa del interés nacional y el ejercicio de nuestra Plena Soberanía Petrolera, como lo fue la migración de los Convenios Operativos a Empresas Mixtas y la Nacionalización de la Faja del Orinoco", concluyó Ángel Rodríguez.

Nacionalización petrolera

La mencionada ley que permitirá al gobierno "decretar la expropiación total o parcial de las acciones o empresas" con bienes y servicios de la industria de hidrocarburos. Así, tras la reciente nacionalización de los servicios petroleros, se sabe que unos 4.000 obreros venezolanos pasarán a la nómina de una "nueva empresa" pública una vez que el Estado expropie una serie de bienes y servicios conexos a la actividad petrolera mediante una ley que se discute en el Parlamento.

Así lo afirmó el ministro de Energía y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, tras defender la decisión oficial de "nacionalizar" algunos "sectores conexos indispensables para garantizar la producción petrolera" del país, que es el quinto exportador mundial de crudo.

La Asamblea Nacional aprobó ayer en primera discusión un proyecto de ley que permitirá al Gobierno de Hugo Chávez "decretar la expropiación total o parcial de las acciones o empresas" con bienes y servicios "esenciales para la industria petrolera".

"Estamos re-nacionalizando actividades que eran propias de la Nación y (...) que fueron privatizadas" durante el proceso de "apertura petrolera", a mediados de la década de 1990, dijo Ramírez, según un comunicado del Ministerio de Energía y Petróleo.

Anunció que su cartera "emitirá una resolución donde se identificará cuáles empresas estarán sujetas" a expropiación, después de que la llamada Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos sea aprobada definitivamente por el Legislativo.

Según esa norma, el Estado tomará el control de servicios como "los procesos de inyección de agua, de vapor o de gas" en los yacimientos petrolíferos y gasísticos, indicó el presidente de la Comisión de Energía de la AN, el oficialista Ángel Rodríguez.

También expropiará las empresas que en el Lago de Maracaibo suministran las "lanchas para el transporte de materiales, diesel, agua industrial", entre otros, aseveró el diputado.

El ministro Ramírez señaló este miércoles que con la toma de control de esas actividades, "se absorberán a más de 4.000 obreros" que actualmente trabajan en empresas privadas, y que pasarán a formar parte de la nómina de una "nueva empresa", según informó el comunicado oficial.

Resaltó que "precisamente en esos sectores" conexos que serán expropiados "se han presentado conflictos laborales debido a que las contratistas incumplen a los trabajadores todos sus beneficios".

"Cuando nosotros le pagamos a una contratista, ésta le paga a sus socios y acreedores y después, si le queda dinero, le cancela a los trabajadores", expresó el ministro.

Pdvsa anunció el pasado 2 de marzo en un comunicado que comenzaría a pagar a partir de ese día deudas pendientes con cerca de 6.000 proveedores y contratistas nacionales, por un monto que no precisó oficialmente pero que, según la prensa local, alcanzaba los 1.000 millones de dólares.

Los retrasos en el pago de las deudas pendientes provocaron a principios de este año pequeños incidentes, entre ellos una reciente protesta de unos 3.000 trabajadores.

(Publicado por Reuters y El Nacional – Venezuela, 7 mayo 2009)
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