Justicia
Ecuador: La prisión, una medida de última instancia
Los jueces empezaron a aplicar el nuevo Código de Procedimiento Penal. En tanto, el fiscal Pesántez presentó un pedido de reforma a 20 artículos del Código.
El juez primero de lo Penal de Pichincha, Guillermo Solís, no titubeó ayer al aplicar las reformas al nuevo Código de Procedimiento Penal. Ordenó que Fernando M. se presente al juzgado, en lugar de que vaya a prisión preventiva.
Él fue detenido el martes por portar un arma de fuego sin permiso. Estaba en el sector de La Ofelia, en el norte de Quito. Manejaba el camión de la empresa donde trabaja como repartidor.
La normativa vigente
Art. 161. Los agentes de la Policía o cualquier otra persona puede detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante. En el último caso, se tiene que entregar el detenido a la Policía.
Art. 171. (...) Las mujeres embarazadas privadas de libertad que no puedan beneficiarse con la sustitución de la prisión preventiva, cumplirán la medida cautelar en lugares especialmente adecuados (...)
La Policía montó un retén para revisar documentos y lo hallaron con una cartuchera y municiones. “Hace dos semanas asaltaron a un compañero y por eso tenía el arma. Era para defenderme y ahuyentar a los ladrones. La ciudad está peligrosa”. Ese fue el argumentó que dio ayer en la audiencia que se desarrolló en la planta baja del edificio de la Policía Judicial de Pichincha.
En base a esto, el fiscal de delitos flagrantes, Óscar Enríquez, recomendó que no se le imponga prisión. Argumentó que el acusado tiene un domicilio fijo y que no representa un peligro para la sociedad. Además, no registraba antecedentes penales. “No estuvo con el arma disparando ni tampoco la utilizó para delinquir. Está claro que era para defenderse”, señaló el Fiscal en su intervención.
Hasta antes del 24 de marzo, cuando entró en vigencia el Código reformado, este delito ameritaba la prisión preventiva. El inculpado tenía que estar preso mientras se tramitaba el juicio.
Pero ahora el Código define a la detención como una medida de última instancia, que se aplica solo en casos excepcionales.
En su lugar, el Código establece medidas cautelares para evitar que los acusados eludan la justicia. Entre ellas el arresto domiciliario, la privación del procesado de la custodia de una víctima menor de edad, la suspensión de las tareas que desempeña el agresor y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez.
Esta última acción se aplicó a Fernando M. Él tiene que presentarse cada lunes ante Solís, que tiene a cargo su proceso, mientras se resuelve la investigación, que puede tardar unos seis meses.
El fiscal calificó de positiva la reforma. "Si a este señor le metían preso hubiera perdido hasta su trabajo. Seguramente tiene una familia por la que responder".
En esto coincide Medardo Mora, penalista y catedrático universitario. Él sostiene que así se fortalece el principio de libertad que garantiza la Constitución y que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
El juez Solís asegura que hasta ahora no se presentan problemas en la aplicación de los cambios del Código. “Todo está en la Ley, ahí se determina claramente cuando es un delito, una contravención... para los juzgamientos".
En lo días ordinarios atiende seis casos. Los fines de semana, en promedio 16. "Todo marcha normal", insiste el judicial.
Pero quienes sí tienen dificultades son los policías. Ellos no conocen a fondo las modificaciones al Código, pero se enteran cuando llegan con los detenidos y conforme se presentan casos.
"Aún no nos instruyen sobre el tema. En este momento se hacen las aprehensiones conforme al Código anterior. Además, creo que se van a cambiar algunas cosas y esperaré a que haya un documento definitivo para estudiarlo", dice un policía que ayer presenció la audiencia de Fernando M.
Él dejó la sala de juzgamiento a las 12:00, con la promesa de que cumplirá su medida cautelar. Se abrió paso por entre los gendarmes que lo detuvieron y salió del edificio de la Policía Judicial.
En tanto, ayer el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, presentó un pliego de 20 reformas al renovado Código de Procedimiento Penal. Entre ellas, solicita que se revise el caso de la indagación de los hurtos y el sistema de apelaciones en los juicios.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 9 abril 2009)
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