Contratos
Panamá: Gobierno busca asegurar negocio de dos empresas
En los últimos meses de la administración de Martín Torrijos, la AMP someterá la aprobación del Centro Energético y la extensión del contrato de Apsa.
Las últimas concesiones que pretende dejar aprobada la directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) parece dejar un mal sabor de boca en la opinión pública.
Una nueva extensión a la concesión de la empresa Atlantic Pacific S.A. (Apsa) y la aprobación del controvertido Centro Energético de las Américas (CEA) que atravesará el Canal, son los dos temas o negocios que se quieren asegurar antes de que termine la administración de Martín Torrijos.
Hace casi cinco años, cuando terminaba la administración de Mireya Moscoso, se aprobó la polémica extensión –por dos años– del contrato de concesión de la empresa Atlantic Pacific S.A. (Apsa) para la operación de dos fincas de tanques de combustible en la entrada y salida del Canal de Panamá.
Esto, aunque informes de la dirección de Hidrocarburos daban cuenta de que había incumplimiento de fianzas y otros aspectos por parte de la compañía, según reportes periodísticos de agosto de 2004.
Desde entonces, Apsa viene operando a través de un proceso judicial que no ha sido resuelto por la Sala Tercera de la Corte y que le permite a la empresa tener vigente su contrato de concesión. Apsa reclama que la extensión que negoció para su contrato fue de cinco años y no dos años, como dice la última resolución.
Ahora, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en sus últimas actuaciones, pretende oficializar una nueva extensión del contrato con Apsa, a pesar de que la compañía ya casi terminó sus cinco años de prórroga que se aseguró en medio de un proceso judicial.
Fernando Solórzano, administrador de la AMP, admitió que el tema de la extensión de la concesión de Apsa se encuentra en la agenda, ya que la empresa ha presentado una nueva propuesta de inversión.
"Yo he sido transparente en mis últimas declaraciones, que vamos a entrar a discutir los temas de hidrocarburos", dijo Solórzano, pero en esas declaraciones públicas no especificó los proyectos que están considerando.
En el caso de Apsa, sería un acuerdo fuera del proceso judicial que podría regularizar y extender nuevamente la concesión de la empresa, con la aprobación de la actual junta directiva de la AMP, la cual preside el ministro de Gobierno y Justicia, Dilio Arcia.
"No tengo los datos, pero ellos (Apsa) han seguido pagando y ahora han presentado un plan para ampliar sus inversiones a cambio de una extensión de su concesión, lo cual estamos considerando", dijo Solórzano, que no negó que entre los temas que discuta el jueves la junta directiva de la AMP esté el caso de Apsa y el Centro Energético de las Américas.
Los representantes del sector privado que integran la junta directiva de la AMP sostienen que hasta ayer no habían recibido la agenda de la reunión del jueves.
Detrás de los millones
En el Centro Energético de las Américas ha habido cambios en la administración, pero el proyecto mantiene su concepto: acopiar combustibles y establecer un oleoducto que atraviese el Canal de Panamá.
Henry Jiménez, quien reemplazó a Luis Marín como vicepresidente ejecutivo de esta compañía, confirmó que ellos están pendientes de la pronta aprobación, en la AMP, de una concesión para un área de uso de fondo de mar y playa en el área María Chiquita, en Colón, donde instalarán los tanques y el centro de abastecimiento de combustibles.
Jiménez indicó que esta primera fase de 250 millones de dólares también incluye otro centro de almacenamiento de combustibles en Howard, fuera del Área Especial Económica, y un muelle flotante que estaría ubicado a 16 kilómetros de la costa.
Explicó que el oleoducto forma parte de otra fase del proyecto, y que su diseño y planos se encuentran aún en evaluación, proceso en el que colaboran funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, confirmó que la ruta del oleoducto hasta ahora no ha variado, ya que todavía cruza el Canal, el Parque Nacional Soberanía y otras áreas naturales protegidas, algo que ha generado el rechazo de gruposambientalistas.
En total, la empresa, propiedad del empresario español Jesús Barderas y el dominicano Abraham Hazoury, ha prometido que moverá 2 millones de barriles de combustibles por día cuando tenga todo el proyecto operativo en Panamá.
Más combustible
Dentro de las propuestas de concesiones que están en el listado de prioridad de la AMP, también está la ampliación que ha solicitado la empresa italiana Decal, S.A., propietaria de los tanques de búnker que están en la isla Taboguilla.
El caso de Decal fue dejado en la última junta directiva para discutirlo dentro del paquete de Apsa y el Centro Energético de las Américas.
La empresa Decal ha tenido que aceptar que dentro de sus operaciones ha tenido derrames de búnker en el mar.
(Publicado por La Prensa – Panamá, 17 febrero 2009)
________________