Corrupción
Detienen a ex presidente de petrolera boliviana YPFB
Un fiscal boliviano dispuso el martes la detención preventiva del ex presidente la petrolera estatal YPFB Santos Ramírez, otrora hombre fuerte del partido del presidente Evo Morales, ahondando un escándalo de presunta corrupción que complica tanto al Gobierno como a la oposición.
Ramírez, quien fue destituido por Morales el 31 de enero, enfrenta cargos por delitos económicos en un caso salpicado de connotaciones políticas y sentimentales que estalló hace dos semanas con el asesinato de un empresario que supuestamente pagaba sobornos al entonces titular de YPFB.
La detención del ex ejecutivo petrolero y ex presidente del Senado fue anunciada por el fiscal anticorrupción Edgar Mollinedo en la noche del martes, horas después de que el presidente Morales renovara su proclama de "no perdón a los corruptos, sean quienes sean".
"Hemos encontrado indicios de culpabilidad por los cuales el señor Santos Ramírez guardará detención preventiva hasta que un juez determine su situación legal en el avance del proceso", dijo Mollinedo a cadenas de televisión que transmitían en vivo desde la sede de la fiscalía distrital.
Uno de los abogados de Ramírez, Víctor Borda, dijo poco después a reporteros que fue sorprendido con la decisión del fiscal y anunció que procurará anular la detención en una audiencia judicial que se realizaría el miércoles.
"El señor Ramírez se ha presentado voluntariamente a declarar a la fiscalía y se mantiene firme en sus convicciones, seguro de que demostrará su inocencia", dijo.
Melodrama
Ramírez está acusado de haber firmado un contrato irregular para la construcción de una planta separadora de gases y líquidos, de casi 90 millones de dólares, conectada al sistema de exportación de gas natural a Brasil.
La supuesta irregularidad salió a luz el 27 de enero, cuando uno de los ejecutivos del consorcio contratista, Jorge O'Connor, fue atracado y asesinado en La Paz cuando, según la investigación policial, se disponía a entregar 450.000 dólares a familiares políticos de Ramírez.
El ex presidente de YPFB anunció el martes que decidió divorciarse para lavar su imagen y su esposa, la diputada oficialista Giovana Navia, respondió de inmediato que no objetaría la separación, pese a que está embarazada. Llevaban casados apenas un mes.
El caso no sólo provocó complicaciones políticas al gobernante Movimiento al Socialismo sino también a la oposición, pues los dos principales acusados del asesinato de O'Connor son hermanos de un diputado de la alianza derechista Podemos.
El superintendente de empresas, Rolando Morales, pidió el martes la anulación del contrato para la planta extractora de líquidos suscrito a mediados del año pasado entre YPFB y el consorcio argentino-boliviano Catler-Uniservice.
(Publicado por Reuters, 11 febrero 2009)
__________________