Investigación
España: La fiscalía de Madrid abre una investigación sobre el escándalo
La fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para aclarar el escándalo de espionaje a políticos, por ahora sólo del PP, desatado en la Comunidad de Madrid. Como primera providencia, ha sido citado a declarar el periodista de EL PAÍS Francisco Mercado, autor de las publicaciones sobre la red parapolicial, de quien pretende que explique el origen de las informaciones.
Además, la fiscalía ha requerido a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Francisco Granados, para que le remita "cuanta información tenga" sobre los seguimientos al vicepresidente autonómico, Ignacio González; el ex consejero Alfredo Prada, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
También se ha reclamado a Granados que informe sobre la estructura orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad, así como información sobre quiénes trabajan en ella y su relación contractual con la Comunidad de Madrid.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, confirmó ayer a Europa Press que ya incoó anteayer diligencias de investigación tras recibir la denuncia interpuesta por Ignacio González, por los seguimientos y grabaciones con cámara oculta que le realizaron sin su consentimiento durante un viaje oficial a Colombia (agosto) y otro privado a Suráfrica (en marzo). A ésta se ha acumulado la presentada por Cobo y se hará lo mismo, probablemente, con la que ya prepara Prada. Moix no descartó la práctica de más diligencias y dijo que la llamada a declarar de Granados "dependerá del curso de la investigación", aunque aún no lo tenga "en mente".
Mientras, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, será el encargado de decidir si admite o no la denuncia presentada por la Comunidad de Madrid por esta trama. La denuncia ha recaído sobre este juzgado por reparto, después de que el de Instrucción número 31, de guardia el martes, remitiera el escrito al Decanato, al no querer asumir la causa. Si el magistrado admite la denuncia y abre diligencias previas, la fiscalía podría remitirle sus indagaciones, siempre y cuando se traten de los mismos hechos que investigue el juez Sierra. De este modo, las dos denuncias se acumularían.
Antecedentes
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers.
El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
(Publicado por El País – España, 23 enero 2009)
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