CSJ
Poder Judicial de Chile suscribe convenio con Ceja y Universidad Diego Portales
En su empeño por perfeccionar la actividad judicial, tanto en lo relativo a la función jurisdiccional como en la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales de los tribunales de justicia, la Corte Suprema suscribió un convenio con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA) y la Universidad Diego Portales. Este acuerdo permitirá definir, diseñar y poner en práctica indicadores para una mejor planificación, medición y evaluación de su gestión tanto en aspectos de orden propiamente jurisdiccional, como en el área de la administración de los tribunales.
Entre otras tareas, el convenio establece que la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y CEJA deberán:
1.- Realizar, a lo menos, veinte entrevistas en profundidad y estructuradas a personalidades del Poder Judicial o ajenas a éste, que puedan aportar visiones, conocimientos o experiencias sobre las materias comprendidas en el convenio;
2.- La celebración de las reuniones de trabajo necesarias para definir lineamientos estratégicos centrales, examinar la información disponible sobre el resultado de la aplicación de mecanismos de control y medición, con miras a la elaboración de un sistema de indicadores cuya factibilidad y utilización sean eficaces; y
3.- Llevar a cabo una instancia de presentación del material reunido con el Pleno de la Corte Suprema para validar el resultado del proyecto.
Para la ejecución del proyecto se formará un equipo integrado por tres expertos que nominarán en conjunto la Facultad y CEJA y tres que designarán de consuno la Corte y la Corporación, el que actuará con la coordinación de un Comité formado por el Presidente y un Ministro de la Corte y el Decano de la Facultad.
Las partes se obligan a facilitar toda la información y antecedentes de que dispongan en la materia objeto del proyecto, así como la colaboración de sus funcionarios para el desarrollo de los trabajos.
La Facultad y CEJA podrán utilizar los antecedentes que se reúnan en la ejecución del convenio para sus fines institucionales, con la obligación de mantener la reserva propia de los datos o materiales que tienen este carácter.
El plazo para la ejecución del proyecto es de seis meses contados desde la fecha de su celebración y se llevará a cabo según el programa de actividades específicas, informes y controles que fijará el Comité Coordinador sobre la base de la propuesta que formule el equipo de expertos señalados en la cláusula cuarta.
(Publicado por la CSJ – Chile, 2 octubre 2008)