Empresa
Ecuador expulsa a brasileña Odebrecht
Ecuador expulsó el martes a la constructora brasileña Odebrecht enviando militares para tomar sus proyectos en el país, días antes de que se celebre un referendo en el que el presidente Rafael Correa busca aprobar una Constitución de corte socialista que amplía sus poderes.
El mandatario izquierdista ordenó revertir al Estado las obras adjudicadas a la compañía, valoradas en unos 800 millones de dólares, luego de que Odebretch se negara a compensar a la nación andina por daños técnicos en una central hidroeléctrica que originaron pérdidas millonarias.
"El Estado ecuatoriano ha considerado el comportamiento de la empresa como una burla e irrespeto a los intereses del pueblo ecuatoriano, lo que el Gobierno nacional no permite ni permitirá jamás", dijo el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Derlis Palacios.
"Esa es la decisión del presidente (la expulsión)", agregó el funcionario en una conferencia de prensa.
La compañía, con sede en Brasilia, defendió su actuación en un comunicado de prensa en el que aseguró que su propuesta para solventar sus diferencias con el Gobierno era "altamente positiva" para el país.
El decreto de Correa, quien suele adoptar medidas nacionalistas para reforzar su liderazgo interno, podría afectar a las buenas relaciones de Ecuador con la mayor economía regional, cuyas empresas mantienen importantes inversiones en construcción y petróleo.
Sondeos dan al popular mandatario una cómoda ventaja para aprobar el domingo una nueva carta magna que le dará mayor control sobre la economía y ampliará sus poderes ejecutivos.
Militares se desplazan
El decreto presidencial también dispuso el embargo de todos los bienes de la compañía y prohibió la salida del país de los directivos brasileños, encargando a las Fuerzas Armadas cumplir con esta disposición.
Además, el Gobierno dijo que adoptará medidas legales y penales contra la firma tras auditar los proyectos.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, confirmó que los militares comenzaron a desplazarse hacia las obras, aunque no precisó el número de tropas desplazadas.
La pugna entre Odebrecht y el Gobierno surgió hace unos tres meses, luego de que la central hidroeléctrica de San Francisco, que genera un 12 por ciento de la energía nacional, se paralizara tan sólo un año después de su inauguración poniendo en riesgo el abastecimiento eléctrico.
Odebrecht también tenía adjudicada la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, la construcción del aeropuerto en la ciudad amazónica de Tena, la carretera Carrizal-Chone y el proyecto de aprovechamiento de agua Baba.
Las autoridades aseguraron no deben compensar a la firma por la rescisión de los contratos de obra, en algunos casos ya iniciados, por su condición de contratista.
En el caso San Francisco, ubicada en el centro del país, el Gobierno demandaba una compensación de unos 43 millones de dólares, junto al compromiso de devolver la operación de la represa en la "brevedad posible".
Correa, que ha renegociado otros contratos con empresas mineras y petroleras para aumentar el control estatal sobre estos sectores estratégicos, anunció el fin de semana que llegó a un acuerdo con la petrolera brasileña Petrobras para que devuelva un yacimiento al Estado.
No obstante, Petrobras seguirá presente en el país operando un bloque del que extrae unos 36.000 barriles de crudo día (bpd).
(Publicado por Reuters, 24 septiembre 2008)
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