Pronunciamiento
Colegio de Abogados de Chile advierte inconveniencia de que sistema de defensoría gratuita sea estatal
Su disconformidad con que la asesoría legal gratuita a personas que carecen de recursos para ello dependa de un órgano de administración del Estado plantea el Colegio de Abogados a través de un documento en el que fija su postura en esta materia.
"Tenemos la convicción de que sistemas de defensoría estatal y regulada producen incentivos erróneos en cuanto a cuál sea la estrategia a definir para efectos de la adecuada defensa", aseguran en la orden.
Señalan que "la propia experiencia de la Defensoría Penal Pública muestra que la defensa por un órgano de la administración del Estado pone a los abogados en conflicto con cánones y estándares de conducta que propicia nuestro Colegio, precisamente a consecuencia de las imposiciones que la autoridad jerárquica establece respecto de la manera estandarizada de resolver los casos".
Según la orden, el ejercicio de la función profesional en el marco de organizaciones jerarquizadas presenta el "riesgo" de que se desarrolle una relación "vigilada" entre el jurista y su representado, "en la medida en que el profesional no está primeramente sujeto a los cánones deontológicos de la profesión, sino a las instrucciones e incentivos que reciba de sus superiores".
Independencia
Por lo anterior, en opinión del Colegio, el marco conceptual y legal óptimo para las defensorías consiste en que la prestación de servicios públicos de asistencia legal y representación judicial esté a cargo de abogados o sociedades profesionales independientes, que acrediten las calificaciones necesarias, se inscriban en un registro de defensores en cada rama de especialidad y que reciban remuneraciones para los distintos tipos de prestaciones que desarrollen.
Se añade que el sistema de defensa de quienes carecen de medios debería estar a cargo de profesionales que el mismo defendido pueda elegir, estableciéndose una relación personal entre éste y su abogado, "análoga a la existente entre quienes disponen de medios para definir su propia representación y asesoría".
Ello, agregan en el Colegio de Abogados, es consistente con la independencia que el jurista requiere para el correcto ejercicio de la profesión, ya que "la libertad del abogado en su relación con el representado es un derecho y deber profesional, y es condición necesaria para que se pueda establecer una relación personal de servicio profesional de asesoría jurídica y representación judicial".
Si bien reconocen que la Constitución consagra el derecho a defensa respecto de quienes no puedan procurársela por sí mismos, y que éste es un deber del Estado, en la orden profesional destacan que "en ningún caso" ello establece que dicha asesoría legal deba ser prestada por medio de un órgano de la Administración del Estado.
"En la medida en que la defensa esté a cargo de una organización público-administrativa, naturalmente ocurrirá que prevalecerán los intereses de esa organización, con la consecuencia de que se optará por las líneas de defensa y por las actuaciones que correspondan a las políticas de esa organización, y no por la relación personal del abogado con su representado", insisten.
Defensa laboral
El Colegio de Abogados advierte que le preocupa "en extremo" que "sin base legal ni conceptual alguna se avance en la constitución de hecho de un sistema de defensoría estatal en materia laboral".
Añade que "en el otro extremo también es preocupante, a pesar de ciertos progresos recientes, la forma que ha adoptado el régimen de licitaciones para la defensoría penal, que favorece la despersonalización del servicio profesional externalizado en grandes empresas".
"Se ha mostrado que era justo el temor del Colegio de que se crearan grandes empresas de prestación de servicios por medio de abogados asalariados, y que ganen las licitaciones gracias a las economías de escala asociadas a un servicio legal despersonalizado y con incentivos incorrectos", sentencian.
Añaden que "así se hace peligrar la esencia de la relación profesional con el cliente, y (puede) que éste termine por ser defendido por un abogado que nunca tuvo interés alguno siquiera en conocerlo".
Incentivos
La orden propone también que la remuneración de los defensores incluya incentivos y controles para realizar sólo las prestaciones que sean necesarias para entregar un correcto servicio. Todo ello acompañado de un sistema adecuado de información acerca del grado de satisfacción de los representados, y estadísticas para que quienes reciben apoyo del Estado para procurarse una asesoría y representación judicial puedan tomar sus decisiones sobre una base informada.
Conflicto
La orden dice que se presta un servicio legal despersonalizado y con incentivos erróneos.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 16 julio 2008)
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