El Gobierno argentino y gremios aeronáuticos pidieron el jueves a la Justicia que intervenga Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera controlada por el grupo español Marsans que atraviesa problemas financieros y enfrenta el fantasma de una estatización.

Atrasos en el pago de salarios, una creciente deuda, el alto precio de los combustibles y tarifas reguladas por el Estado -y retrasadas, según Marsans- generaron un explosivo cóctel en la aerolínea, que fue comprada por el grupo ibérico en el 2001, cuando estaba al borde de la quiebra.

La situación genera graves problemas para los pasajeros en los aeropuertos, por demoras y cancelaciones, dado que la firma junto con su asociada Austral controlan el 80 por ciento de los vuelos domésticos.

Un portavoz de la secretaría de Transporte confirmó que el Gobierno realizó el pedido en un juzgado de Buenos Aires, que ahora deberá analizar si lo acepta y designa a un interventor, lo que podría iniciar una compleja trama legal.

"Se necesita mucho más que un inversor (...) se necesita una acción decidida del Gobierno para regular, garantizar la operación, y esto es lo que vemos que en principio estaría decidido hacer el Gobierno nacional y lo apoyamos," dijo Enrique Fressia, miembro del gremio de aeronavegantes.

Ricardo Cirielli, jefe del gremio de mecánicos, dijo no apoyar una nacionalización, pero sí que la Justicia ordene la situación financiera de la firma.

"Acompañamos esta decisión, porque es importante que la justicia intervenga Aerolíneas Argentinas visto el desmanejo que hay en la compañía," dijo Cirielli.

"La situación se generó por consecuencia de seis años de gestión del grupo Marsans (...) que lo único que hicieron fue volver a robarnos y estafarnos, porque no invirtieron ni un sólo dólar en Aerolíneas," agregó.

Los sindicatos firmaron el miércoles en el Ministerio de Trabajo un compromiso de no bloquear la operación de la aerolínea durante los próximos 60 días para evitar problemas durante las vacaciones del invierno austral.

Un portavoz de Aerolíneas Argentinas dijo que la firma no haría comentarios.

El secretario de Transporte Ricardo Jaime destacó la falta de inversiones de la compañía.

"No hay repuestos (y) no tienen toda la capacidad operativa. 71 aviones es la flota entre las dos empresas y en este momento están volando 37," dijo Jaime a radio 10 de Buenos Aires, tras destacar que la compañía tiene una deuda de 860 millones de dólares.

El Gobierno informó en la noche del jueves que realizará un aporte de 50 millones de pesos (16,3 millones de dólares) a la empresa para financiar el pago de los salarios y mantenerla en funcionamiento.

La empresa compite en el mercado local con la chilena LAN Airlines .

¿nacionalizar?

Mientras avanza el proceso judicial, siguen creciendo las versiones de que el Estado decidiría directamente nacionalizar la compañía.

La crisis estalló justo en momentos en que Marsans, que posee el 95 por ciento de la aerolínea, negocia venderle a un empresario argentino un 37 por ciento del paquete accionario.

El grupo también ha cerrado un acuerdo con el Estado argentino para que eleve su participación en la firma del 5 al 20 por ciento.

En los últimos días, periódicos locales publicaron que estaba tomada la decisión de nacionalizar la firma -así como hizo en los últimos años el ex presidente Néstor Kirchner -de gran influencia en el Gobierno de su esposa- con el correo, una línea férrea y la administración del espacio radioeléctrico.

Pese a que aún ninguna fuente oficial confirmó la información, los analistas ven la intervención judicial como el primer paso hacia el objetivo final de estatizar la empresa o canalizar la venta a grupos privados locales que tengan buena relación con el Gobierno.

"Es una clásica maniobra de Kirchner, empujar al inversor extranjero en un rincón y luego decirle: 'realmente ahora quieres vendernos esto a nosotros,"' dijo Christopher Ecclestone, analista de la consultora Hallgarten and Co.

En una encuesta de Ibarómetro difundida el jueves -realizada en junio entre 550 personas de Buenos Aires y la zona urbana que la rodea- un 35,7 por ciento cree que las compañías de servicios públicos deben ser administradas por empresas privadas argentinas y un 34,7 por ciento estima que deben ser estatales.

En el caso específico de Aerolíneas Argentinas, un 74,3 por ciento está de acuerdo con que una parte pase a ser controlada por un grupo nacional.

(Publicado por Reuters, 11 julio 2008)
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