jueves, 10 de julho de 2008


Nacionalización

Argentina pide que Aerolíneas se someta a la intervención judicial

Las finanzas de Aerolíneas Argentinas (95% de Marsans) están al rojo vivo y el Gobierno argentino se comprometió ayer con los sindicatos a pedir a la Justicia que intervenga la compañía, que se encuentra en proceso de suspensión de pagos desde 2001. Un portavoz de la Secretaría de Transporte admitió ayer que el Estado argentino, dueño del 5% de Aerolíneas, no puede echar al grupo empresario español, pero sí pedirle al juez del proceso de quiebra que designe un interventor en la línea aérea dado que incumple con un servicio público.

Pese a que ayer era festivo por el día de la Independencia argentina, se celebró una reunión de urgencia entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y los líderes de cinco de los siete sindicatos que representan a los trabajadores de Aerolíneas. El portavoz de Transporte dijo que se iba a discutir sobre la falta de pago de la nómina de junio y sobre "qué se va a hacer con Aerolíneas".

Hace dos meses, Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y el naviero argentino Juan Carlos López Mena habían firmado una carta de intención para la compraventa del 37% de Aerolíneas, en una operación impulsada por el Gobierno de Fernández de Kirchner, interesado en la argentinización de empresas extranjeras, como sucedió con parte de la petrolera YPF.

Marsans se iba a quedar con el 33% y debía vender el restante 20% al Estado argentino. Pero la concreción de la operación a tres bandas se ha complicado a la par de las finanzas de Aerolíneas. Fuentes de la empresa área reconocen que es difícil que López Mena compre la línea de bandera de Argentina: la compañía del naviero, Buquebus, factura sólo 160 millones dólares, mientras que Aerolíneas gasta cada mes 23 millones para comprar el cada vez más caro combustible, un coste que está poniendo en jaque a numerosas firmas del sector en todo el mundo. Aerolíneas acumula una deuda de alrededor de 400 millones y perdió en la primera mitad de 2008 unos 100 millones.

Los accionistas españoles, nucleados en torno al Grupo Marsans, esperan recibir hoy explicaciones del Gobierno argentino. Las fuentes consultadas temen que el Ejecutivo esté cediendo a las presiones de los sindicatos para que no se siga el proceso de sacar a Bolsa la compañía y se nacionalice. A ello se unen las filtraciones sobre las dificultades económicas que provocan, a su juicio, que la banca corte el grifo de los créditos.

Los accionistas españoles esperan conocer si las últimas informaciones aparecidas responden a una amenaza del Gobierno. Una vez que se haya aclarado la situación y si las intenciones del Gobierno argentino van encaminadas por otros derroteros distintos a los pactados, lo pondrían en manos de sus abogados, según las fuentes consultadas. La intención de Marsans es continuar en Aerolíneas en condiciones normales y hacerla rentable.

Demanda

Tras presentar el pedido de intervención ante la Justicia, un vocero de APLA justificó el reclamo en que, según dijo, la compañía todavía no depositó "los aportes (jubilatorios) de mayo" ni pagó los sueldos de junio y también está retrasada en el pago de los aportes sindicales.

Ayer e l secretario de Transporte, Ricardo Jaime, dijo que el reclamo de intervención se hace "para garantizar el pago de haberes y la continuidad de las operaciones" de las dos empresas, que concentran más de 80% de los vuelos domésticos. Lo que se busca es que el juez a cargo del concurso preventivo designe un "delegado coadministrador" que se haga cargo de la administración cotidiana de la compañía que pertenece al grupo español Marsans.

La puja entre el Gobierno y Marsans lleva tres años: en setiembre de 2005, Cirielli propuso "argentinizar" Aerolíneas, junto al titular de APLA, Jorge Pérez Tamayo. En 2006, en Madrid, el ministro Julio De Vido acordó con Marsans el desplazamiento de Antonio Mata de la conducción de Aerolíneas y la capacidad del Estado argentino de vetar decisiones del directorio. El año pasado, el Gobierno confirmó que incrementará su participación otro 15% adicional, pero todavía no lo concretó.

(Publicado por El País – España, 10 julio 2008)
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