Minería
Ecuador busca inversión, exploración minas
Ecuador impulsará la actividad minera con una nueva ley que dejará sin efecto las vigentes restricciones a la exploración, aunque incrementará el control estatal en el sector con exigencias de inversión y protección ambiental, dijo el subsecretario de Minas, José Serrano.
El presidente izquierdista Rafael Correa suspendió en abril la actividad en la incipiente industria minera hasta aprobar la nueva legislación en septiembre, con un mandato que despertó temores entre las empresas porque limita la exploración a tres concesiones, amenazando sus posibilidades de rentabilidad.
Sin embargo, pese a que el mandatario busca incrementar el control público sobre los recursos naturales del país andino en campos clave como el petróleo y la minería, también necesita atraer inversión privada para desarrollar estas actividades que aportarían vitales recursos al Estado.
"Lo que se está estableciendo es un mecanismo en el cual no se limite el número de concesiones para la etapa de exploración, pero sí también un procedimiento para reducir las áreas concesionadas a medida que se vaya realizando (esos trabajos)," dijo Serrano en una entrevista con Reuters.
El Ejecutivo busca con esta medida poner fin a las demoras especulativas que asegura venían produciéndose en la etapa de exploración bajo Gobiernos anteriores, cuando las compañías solicitaban grandes áreas de prospección para luego revenderlas sin realizar inversiones ni proyectos productivos.
"La idea es que cuando termines la etapa de exploración no tengas más del 50 por ciento del área inicialmente solicitada, y cuando vayas a iniciar la etapa de explotación no tengas más de 5.000 hectáreas," especificó el funcionario.
Estos términos son suficientes, según expertos del sector, quienes señalaron que una mina suele ocupar hasta 500 hectáreas y que la reducción de los sectores de exploración es una práctica común en otros países mineros.
Además, el Gobierno endurecerá las condiciones de adjudicación y mantenimiento de las áreas otorgadas, obligando a las compañías a realizar inversiones mínimas por hectárea y año en sus concesiones, cuya duración será de entre 25 y 30 años renovables según el cumplimiento del plan presentado.
Serrano dijo que el punto que queda por definir en la ley es el de las regalías, que podría ser en base al beneficio operativo pero que las empresas esperan que se aplique sobre ventas netas.
Fuentes de la industria señalaron que los términos generales de la ley parecen razonables y que podrían impulsar la alicaída inversión de las firmas mineras en el país andino, entre las que se encuentran compañías canadienses como Iamgold, Aurelian Resources y Corrientes .
ALIANZAS ESTRATEGICAS
Sobre los cientos de concesiones que fueron revocadas por el mandato minero, ya fuera por falta de inversión o por no haber cancelado las patentes de conservación, Serrano dijo que se volverán a adjudicar en concurso público, en el que las antiguas adjudicatarias podrán participar sin prioridad.
"Habrá que hacer todo un inventario de estas concesiones y obviamente se iniciará un proceso de nuevo concesionamiento, pero basado en el plan de desarrollo nacional," dijo.
La nueva ley, que Serrano aseguró será aprobada entre agosto y septiembre cumpliendo el cronograma oficial, también incluirá la creación de una compañía nacional minera que sólo actuará como operadora y que se constituirá en unos 30 días.
Pese a que Correa impulsa una nueva Constitución de corte socialista que busca afianzar el rol público en la economía, la ley minera no obligará a las privadas a operar junto con el Estado, como hizo en el presidente Hugo Chávez con las petroleras en Venezuela, movimiento que algunos inversores temían fuera emulado por Ecuador.
"No se obligará a la conformación de empresas mixtas. En eso obviamente el Gobierno será muy respetuoso con las empresas, que las privadas realicen sus proyectos y la nacional minera los suyos," aseguró Serrano, quien se refirió a "alianzas estratégicas" entre privadas y pública.
Ecuador, que podría albergar el equivalente a unos 130.000 millones de dólares en depósitos minerales, casi tres veces el monto de reservas de crudo, quiere convertirse en un gran jugador de este mercado gracias a sus prometedores yacimientos de oro, plata y cobre.
Tanto la estatal como las privadas tendrán que acatar unos "estrictos parámetros" de conservación de medio ambiente, en el que se limitarán las emisiones de gas, se prohibirá la contaminación de aguas y se protegerán las reservas naturales, y deberán pagar las pertinentes de patentes de conservación.
Además, las compañías tendrán que cooperar con las comunidades en las que operen sus concesiones a través de los Gobierno locales, que podrían llegar a tener participación accionaria en los proyectos y percibirán algunas regalías.
(Publicado por Reuters, 27 junio 2008)
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