Itaipú
Paraguay: Fiscal Gustavo Gamba es asignado para indagar uso de fondos sociales
El fiscal de Delitos Económicos Gustavo Gamba fue asignado para indagar el uso de los fondos sociales de la Itaipú Binacional. El funcionario contará con el apoyo de asistentes técnicos y fiscales, además de peritos, para la compleja investigación.
La resolución lleva la firma del fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui.
Gamba integra la referida unidad dependiente del Ministerio Público y sobre él recayó esta causa debido a que se encontraba de turno al momento en que sus superiores tomaron la decisión de investigar el uso de los fondos sociales.
Esto fue el pasado jueves, tras una reunión conclusiva entre Ricardo Preda, director de Delitos Económicos, miembros de esa unidad y el fiscal Arregui.
Gamba tendrá a su disposición asistentes de diversas áreas especializadas. Si la situación amerita, su trabajo será reforzado por otro fiscal.
De alguna forma, su designación sorprendió debido a que se trata de un fiscal poco conocido.
Sin embargo, al parecer, ese fue precisamente el criterio que primó para ponerle al frente de la investigación, de manera que tenga una oportunidad de demostrar su trabajo en un caso grande.
Gamba es de perfil bajo y muy poco se conoce de su trabajo en la fiscalía.
El fiscal recibió un lote de documentos que durante la mañana de ayer los estuvo analizando como diligencia primaria de la investigación.
La tarea se abrió basada en las publicaciones periodísticas del diario ABC Color y en las denuncias presentadas por la bancada de la Cámara de Diputados de Patria Querida.
Las probables irregularidades se registraron durante la administración de Víctor Bernal.
Esta investigación también deberá alcanzar a los miembros del directorio que acompañaron a Bernal.
El Código Penal establece en su artículo 192, inc. 1º: “El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
2º En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años...”.
La investigación a la binacional se basa en lo establecido en el Tratado de Itaipú referente a la competencia de las autoridades nacionales.
(Publicado por ABC - Paraguay, 20 mayo 2008)
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