Conflicto
Colombia: Uribe ingresó en una pugna abierta con el Poder Judicial
El Gobierno colombiano, precidido por el Álvaro Uribe se muestra crítico con la Corte Suprema por el manejo del caso de la ‘parapolítica’. El Presidente demandó a uno de los magistrados por supuestas injurias.
La crisis que sacude al Congreso colombiano, por el denominado escándalo de la 'parapolítica', ha tenido efectos desestabilizadores en el resto de poderes estatales.
El Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Suprema se han enfrentado en los últimos meses y los choques parecen no tener solución en el corto plazo. Al menos, mientras la Justicia siga investigando a los políticos y sus nexos con los grupos armados ilegales.
El punto más caliente de este enfrentamiento tiene en el presidente Álvaro Uribe a su principal protagonista. Su gobierno es el primer crítico público de las acciones que han realizado los más altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes, en más de una ocasión, los ha acusado de actuar con ligereza y de dar más crédito a declaraciones de rumor que a hechos consumados. Es decir, que para la Presidencia, muchas de las acciones de la Corte, en sus investigaciones por la 'parapolítica', se han convertido en una especie de ‘cacería de brujas’.
La armonía se rompió hace más de tres meses, cuando el ex presidente de la Corte Suprema y magistrado de ese tribunal, Carlos Julio Valencia, dijo que Uribe lo llamó desde Nueva York, el 26 de septiembre, para preguntarle sobre el proceso penal que desde entonces se seguía en contra de su primo, el ex senador Mario Uribe. Él fue detenido la semana pasada, por orden de la Fiscalía, al determinar que las pruebas en su contra, de tener nexos con el paramilitarismo, son evidentes.
La denuncia de Valencia encendió las críticas del Presidente, al punto de demandarlo por injuria. Precisamente, el martes comenzó el trámite procesal de este juicio contra el magistrado, que se desarrolla desde la Cámara de Representantes del Congreso, donde 28 de sus integrantes son, a su vez, investigados por el Poder Judicial.
La defensa de Uribe desea neutralizar las acusaciones de Valencia, al asegurar que su llamada a la Suprema fue para denunciar que el magistrado Iván Velásquez, en un supuesto afán de desestabilizar al Gobierno, ofrecía beneficios al paramilitar desmovilizado, José Orlando Moncada, para que declarara en contra de Uribe.
Se trata de una guerra de acusaciones que, para analistas como Helmer Eduardo Quiñónez, tienen como fundamento el deseo del Mandatario colombiano por influir en la Suprema que, según el académico de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, no está bajo el control uribista.
Quiñónez dice que "se está rompiendo el equilibro de poderes". En ese sentido, denunció que las permanentes críticas de Uribe y del ministro del Interior, Carlos Holguín, sobre la supuesta falta de objetividad de la Justicia, en sus investigaciones de la ‘parapolítica’, son preocupantes. El hecho de que en días pasados el Gobierno haya sugerido formar un tribunal ‘ad hoc’ para manejar este escándalo por fuera de la Corte, fue un despropósito político, dice.
Según Jaramillo, la idea del Gobierno, que finalmente no prosperó, lo que buscaba era detener el protagonismo de los jueces supremos de Colombia, para evitar que las investigaciones de la 'parapolítica' terminen por salpicar al Gobierno directamente. La detención del primo de Uribe fue un golpe bajo para el Régimen.
Pero, tras este escándalo se sumó otro: el de las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, detenida por orden de la Corte Suprema. Ella afirmó haber recibido oferta de prebendas, por parte del Gobierno colombiano, a cambio de su voto y del de otro legislador para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe el 2006. La Corte Suprema considera un delito de cohecho a estas supuestas denuncias que han sido rechazadas por el Presidente colombiano.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 30 abril 2008)
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