Análisis
Colombia: La debida constitución del tribunal arbitral
Rafael Bernal
Un tema de palpitante actualidad, ante las decisiones que se han venido produciendo desde los órganos jurisdiccionales, es el correcto entendimiento de la causal de anulación que apunta a garantizar “que el tribunal arbitral se encuentre debidamente constituido” y los alcances que, a ésta causal debe dársele, a la luz de la ley y sus precedentes.
Debería partirse por afirmar que al no existir una jurisdicción formal arbitral en nuestro país, es preciso conformar el tribunal arbitral que, caso por caso, ha de resolver una diferencia particular.
El poder judicial ordinario es permanente y está debidamente configurado y constituido. Sus competencias están asignadas en función de todos los elementos establecidos para el efecto, por lo cual se puede acceder a éste en cualquier momento y bajo esas reglas tener la puerta abierta para su utilización. A diferencia de lo anterior, en el arbitraje se debe acudir al acuerdo de las partes o la ley, en subsidio, para poder determinar la constitución del juzgador particular para el caso concreto.
Lo primero que podría afirmarse es que las causas de anulación, en la forma estructurada que hoy conocemos, no son de vieja data en nuestro país, ellas aparecen registradas en la reforma del Código de Procedimiento Civil del año 1970 y su par, el Código de Comercio de 1971, donde, con el mismo texto se reguló la figura del arbitraje de manera integral.
En tales Códigos, se habló de la constitución del tribunal arbitral y se señaló: “Caso de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si no fuere posible, cualquiera de ellas podrá acudir al juez, a fin de que requiera a las otras para hacer la designación. En la solicitud deberán determinarse las cuestiones o diferencias objeto del arbitraje, y si reúne los requisitos expresados y se acompaña la prueba del contrato, el juez señalará día y hora para audiencia, en la cual se hará el nombramiento. Si alguna de las partes no concurriere, o no hubiere acuerdo para la designación, en el mismo acto el juez designará a los árbitros”. (Decreto 1400 de 1970, inciso tercero del derogado artículo 665) (Subrayo)
Este texto, de claridad meridiana en cuanto privilegiaba la voluntad de las partes por sobre la fórmula subsidiaria sólo utilizable en caso de ausencia de aquella, fue “modificado” al mejor estilo de nuestra jurisprudencia moderna en materia arbitral, para hacerle decir que los árbitros sólo se podían nombrar en la forma establecida en la ley. (Providencias de 14 de noviembre de 1979 y 18 de febrero de 1981).
La Superintendencia de Sociedades, como intérprete autorizado de las normas del Código de Comercio, hace eco de esta desafortunada lectura y acoge el mismo criterio para concluir, como se vuelve costumbre en Colombia, la posibilidad de que los árbitros se nombren de manera diferente a la indicada. (Oficio AN-07045 del 2 de abril de .980).
De la guarda de este principio, se hicieron cargo, a ultranza, todos los entes jurisdiccionales y la más autorizada doctrina, y a partir de allí desterraron el criterio, históricamente también aceptado en Colombia y que es universalmente reconocido, como es la posibilidad de que cada parte designara su árbitro y, los así designados, nombraran el tercero.
Esta fórmula no tiene, desde ese momento, cabida alguna en el arbitraje nacional. Del alcance de la misma al arbitraje internacional y el valor de las decisiones adoptadas en este escenario, pienso que caben todas las reservas y reticencias para aceptarlo, sin que sea, aquí, el objeto del comentario.
Este precedente, nos lleva a la actual normatividad en punto de la designación de los árbitros o, en últimas, a la conformación del tribunal arbitral. Esta, tiene su punto de partida en el Decreto 2279 de 1989, que en su artículo 7 reguló la materia y hoy nos rige con las modificaciones que se introdujeron en el artículo 118 del la ley 446 de 1998.
Conforme a la normativa vigente, contenida en el artículo 122 del Decreto 1818 de 1.998: “Las partes conjuntamente nombrarán y determinarán el número de árbitros, o delegarán tal labor en un tercero, total o parcialmente. En todo caso, el número de árbitros será siempre impar. Si nada se dice a este respecto los árbitros serán tres (3), salvo en las cuestiones de menor cuantía en cuyo caso el arbitro será uno solo...”
De otra parte, si la decisión del caso ha de producirse en derecho, los árbitros deben ser abogados inscritos; si es en equidad, ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos y si es técnico, ha de ser profesional en la ciencia, arte u oficio de que se trate (Art. 1 Decreto 2279 de 1989, modificado por el articulo 111 de la ley 446 de 1.989).
Téngase presente, para soportar lo dicho, que conforme a la jurisprudencia de constitucionalidad, que inspiró la redacción del artículo 116 de la constitución nacional vigente, el ser árbitro constituye el ejercicio de un derecho político y, por ende, está reservado a ciudadanos colombianos por nacimiento. Principio que, también, ha de entenderse solamente aplicable al arbitraje nacional que no al internacional, como no fue entendido por el juez de constitucionalidad en su momento, lo que determinó la inexequibilidad del artículo 8 del decreto 2279 de 1989 que, para nada, pretendía que para casos nacionales se contara con árbitros extranjeros.
Estos principios, abarcan en general todo tipo de arbitraje. No obstante, habrá de tenerse en cuenta, para el caso del arbitraje institucional o independiente si, respecto de la conformación del tribunal arbitral se han acordado reglas adicionales o, si las partes, como bien se lo permite la ley, han establecido en el pacto arbitral requisitos específicos y particulares para los árbitros.
A este respecto, ha de observarse, la jurisprudencia constitucional referente al debido alcance de la "habilitación", concepto que surge del entendimiento que se le ha dado el articulo 116 de la constitución vigente y, conforme al cual, salvo que se den los supuestos de una habilitación –directa o indirecta- , habría una indebida constitución del tribunal arbitral, por faltar a los principios establecidos desde la carta. (Sentencia C- 1038/02. Corte Constitucional, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
Así las cosas y salvo elementos particulares contenidos en el respectivo pacto arbitral, es el descrito y no otro el marco dentro del cual ha de entenderse y calibrarse si el tribunal arbitral está o no debidamente constituido, planteamiento que, de otra parte, es concordante, hasta ahora, con los pocos, pero importantes pronunciamientos de la doctrina, y los numerosos que la jurisprudencia de los tribunales, la superintendencia de sociedades y las altas cortes han venido produciendo.
Las causales de anulación del laudo arbitral son taxativas. Creo que es de los valores que el sistema colombiano en líneas generales mantiene y concuerda con la visión universal del tema. A la ruptura, equívoca en mi entender, del caso Termorio y de CISA versus el Departamento del Valle, rectificado este último, de manera contundente y clara por la Corte Constitucional (Sentencia SU- 174/07) , no podemos sumarle el más infortunado, propuesto ahora por el Tribunal Superior de Bogotá, en el caso que involucra a Bancolombia y el Grupo Gilinsky.
"Taxativ", para señalar que ello se refiere a las causas de anulación pero que, respecto del alcance de las mismas, bien puede el juez competente, de su cosecha, inventarse por la vía de la interpretación, todo lo que a él le parezca y generar, a partir de allí, todas las causas que su imaginación le aconsejen sin dejar de ser por ello, nuestro sistema "taxativo'.
Más grave resulta aún cuando, en esta labor, se mezclan y confunden conceptos, se traen a colación citas impertinentes y se da un alcance que, para nada, tiene que ver con la materia objeto del análisis, como lo es la constitución debida del tribunal arbitral.
Confundir, por extensión, debida constitución del tribunal, esto es, su debido nombramiento, conforme a las pautas de la ley o el pacto arbitral, con la Competencia, es algo poco menos que disparatado. No resignarse, como excusa para este ejercicio, a que tan solo el legislador haya dotado “tan importante materia” de un recurso de reposición, es un peligroso extremo y una mezcla que, por decir lo menos, podría uno tildarla de poco informada.
Para bien o para mal, el sistema Colombiano, tan acabado y alabado por estos días, tal como está, optó por la fórmula de dejar la competencia en manos del tribunal y establecer, simplemente, el recurso de reposición. A diferencia de la visión de Uncitral y de un grueso de países en el mundo que sigue su corriente, conforme a la cual la competencia, además de reposición queda, por su importancia, en manos del juez ordinario definirla, no fue acogida en Colombia y bien puede uno dolerse de que ello haya sido así, pero no basta para buscar deformar la interpretación del sistema y sustituirlo por una inexistente y fantasiosa causal de anulación que, en parte alguna, existe.
Señalar, de otra parte, ahí si con estricto rigor exegético llevado a ultranza –que no se tiene en el otro ejercicio, para nada- que no ha lugar mirar el reclamo de la competencia porque no se presentó el día de la audiencia primera de trámite, aunque sí está propuesto desde la contestación de la demanda, es otra de las serias contradicciones de la decisión judicial.
Si lo que pretendió el legislador era que había de plantearse expresamente el reclamo y, a más tardar en la audiencia primera de trámite, una vez propuesto, nada agrega el tener que volverlo a hacer, y no excusa al tribunal de analizarlo, en función de la congruencia debida, el hecho de que, por segunda vez, no se presentó sacramentalmente el día de la primera audiencia de trámite. Ya está – o lo estaba – superado el punto en cuanto a que si se formulan las peticiones antes de la fecha dada para hacerlo se consideran extemporáneas, por prematuras, y aquí, se vuelve por lo mismo.
La congruencia conceptual y de interpretación también es un valor que debe ser observado y aquí, en materia profunda, se echa de menos.
Así las cosas, esperamos, con la pena que significa que las decisiones de los recursos de anulación tengan ahora que reiteradamente derivar en acciones de tutela, que por esta vía, se corrijan las imprecisiones profundas que contiene el fallo y, en concreto la muy particular visión que quiere dar respecto de que se entiende que las causales de anulación son “taxativas” en nuestro sistema legal.
De no ser así, la ya maltrecha credibilidad como país, en cuanto a seguridad jurídica y a arbitraje se refiere, quedaran más en entredicho, con daño importante para una figura que mucho aporta desvirtúa unos precedentes, en materia de decisión de los recursos de anulación, que en términos generales son serios, documentados y consistentes.
*Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
(Publicado por La República - Colombia, 1 abril 2008)
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