viernes, 14 de março de 2008


Proceso

Uruguay: La DGI advierte pedir  embargo de bienes del empresario de fútbol

Inmediatamente después de Semana Santa, la Dirección General Impositiva (DGI) se presentará ante la Justicia Civil, donde pedirá el embargo del empresario Francisco Casal.

La División Fiscalización de la DGI terminó de analizar la información referida al principal contratista de fútbol del país y definió que Casal debe al fisco una millonaria suma de dinero en dólares, informaron a El País fuentes del organismo y políticas.

El expediente sobre Casal fue trasladado de Fiscalización a la División Jurídica de la DGI, la que analiza si es correcto el monto de la deuda establecido -el que incluye intereses y moras- y si hubo una correcta aplicación de las normas, como sucede con todos los expedientes que llegan a esta fase, añadieron las fuentes.

Posteriormente, Jurídica solicitará a un juzgado civil el embargo preventivo del empresario, con el fin de cobrar lo que la DGI reclama, lo que se concretará tras Semana Santa, afirmaron las fuentes.

plazo. En tanto, sigue corriendo el plazo para que la DGI responda la demanda que en su contra inició Casal, en la que el empresario reclama que sea la Justicia que defina los impuestos que debe pagar por su actividad como contratista.

El pasado 26 de febrero, la jueza civil de 4° Turno, Martha Alves, decidió tramitar la demanda de Casal y la trasladó a la DGI, a la que le dio un plazo de 30 días para responderla.

La decisión de la magistrada marcó un precedente histórico, ya que es la primera vez que la DGI y un contribuyente presentan sus argumentos sobre los impuestos que se deben pagar ante una jueza que definirá el tema, sin que previo al inicio del juicio la DGI haya iniciado un proceso administrativo contra el contribuyente.

Casal sostiene que pagó los tributos que corresponde por la transferencia de futbolistas y que sufre la persecución de la DGI, que lo investiga desde hace seis años y no define los impuestos que debe pagar.

Medidas. En la demanda, Casal solicitó que, mientras se tramite el expediente y hasta que la jueza resuelva, la DGI esté impedida de trabar medidas cautelares en su contra, como lo es el embargo.

Alves desestimó "por improponible" ese punto y la voluntad de la DGI fue desde el primer momento entablar un embargo a Casal antes de que se cumpla el plazo de 30 días con que cuenta para responder la demanda del empresario.

Fuentes de la DGI dijeron que la idea de los jerarcas del organismo era presentar la solicitud de embargo antes de marzo, pero que el trámite insumió más tiempo del previsto.

Las autoridades de la DGI discrepan con la posición de la jueza de tramitar la demanda de Casal y afirman que el procedimiento para definir los tributos a pagar no es ese.

(Publicado por El País – Uruguay, 14 marzo 2008)
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