jueves, 28 de fevereiro de 2008


Denuncia

Chile: Acusación constitucional contra ministra de Educación tendría fundamentos jurídicos  

La acusación constitucional que prepara la Alianza en contra de la ministra de Educación, Yasna Provoste -al contrario de lo que sostiene La Moneda-, tendría plenos fundamentos jurídicos, según profesionales del derecho administrativo y constitucional.

La abogada y ex jefa de Toma de Razón de la Contraloría, Olga Feliú, aseguró que, según el artículo 52 Nº 2 b de la Constitución, las causales para un juicio político son dejar sin aplicación las leyes o vulnerarlas, y que los ministros tienen la obligación legal de fiscalizar su ministerio. "Las normas sobre subvenciones y gastos son leyes y éstas no se estarían aplicando por la ministra en la medida en que se han comprobado estas irregularidades", aseguró.

Al respecto, la experta también invocó el artículo 53 Nº 1 de la misma Carta Fundamental. Éste ratifica que si la ministra es destituida por el Senado queda inhabilitada por 5 años para desempeñar una función pública, sea ésta de elección popular o no. Con esto se irían por tierra las aspiraciones de Provoste de postular a una senaduría por Atacama.

En tanto, el abogado de la fundación Jaime Guzmán, Carlos Frontaura, declaró que Provoste habría dejado de cumplir con las normas que obligan a autoridades y ministros a ejercer una vigilancia activa sobre sus subordinados con el fin de evitar irregularidades.

La ley que daría la razón a los expertos es el artículo 64 letra a del Estatuto Administrativo. Esta norma fija como "obligaciones especiales de las autoridades" el "ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones".

Así, de acuerdo con la Constitución y la ley, la ministra sería acusable constitucionalmente.

El director de la Fundación Jaime Guzmán, Miguel Flores, concordó en que la más probable causal contra Provoste sería dejar una ley sin aplicar. "Es decir, una acción de omisión, donde Provoste no habría ejercido la fiscalización debida de su subordinado", dijo. Ratificó que el informe en derecho sobre la viabilidad de la acusación constitucional se entregará el lunes al presidente de la UDI.

(Publicado por el Mercurio – Chile, 27 febrero 2008)
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