martes, 26 de fevereiro de 2008


Ley

Colombia: Avanza proyecto de ley sobre arbitraje

La ponencia del proyecto de ley sobre el arbitraje nacional e internacional, el cual hace parte del paquete de iniciativas incluidas por el Gobierno para debatirse en las sesiones extraordinarias, sólo se radicará después que la iniciativa sea discutida en audiencia pública.

La Comisión Primera de la Cámara, que está encargada del tema, espera que con los aportes que se realicen se empiece a discutir a finales de este mes.

Así lo afirmó el representante David Luna, coordinador de ponentes de esta iniciativa presentada al Congreso por el Ministerio del Interior y de Justicia, a quien la célula legislativa le rechazó su declaración de impedimento en la sesión del miércoles 13 de febrero, porque uno de los miembros de su familia es un conocido abogado que hace las veces de mediador de conflictos.

La audiencia pública se celebrará en el salón Elíptico del Capitolio Nacional este miércoles a partir de las 10 la mañana y se espera la asistencia del Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, del Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, de reconocidos expertos académicos en la materia y presidentes de Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín y otras ciudades.

El Gobierno presentó la iniciativa con base en varias jurisprudencias de la Corte Constitucional y las experiencias recogidas de la intervención de terceros en la solución de conflictos para que esta figura del arbitraje sea más ágil y eficiente y a la vez, deje de ser insuficiente y fragmentaria.

El proyecto, entre otros propósitos, regula quién será el juez encargado del denominado auxilio judicial, elimina la obligación de protocolizar en una notaria de la sede del tribunal arbitral el expediente contentivo de todas las actuaciones del tribunal arbitral apara ahorrar costos, evitar la dispersión de los laudos y mejora su accesibilidad para el público en general y los académicos especializados.

Reglas

La Ley de Arbitraje apunta también a reglamentar la participación del Ministerio Público en materia de arbitraje nacional debido a que están de por medio intereses públicos, particularmente cuando se dirimen controversias derivadas de contratos estatales. Con estas normas se apunta a que las decisiones judiciales sean más justas.

(Publicado La República – Colombia, 21 febrero 2008)
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