Sentencia
Colombia: Piden revisar sentencia del Consejo de Estado
La Procuraduría pidió revisar el fallo del Consejo de Estado, que en segunda instancia, revocó una tutela que legitimaba la implementación de un programa para la protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz.
El Ministerio solicitó a la Corte Constitucional examinar esta decisión a la luz de los derechos fundamentales de las mujeres y las familias víctimas del conflicto armado.
La acción fue presentada ante el Alto Tribunal por el Procurador, Edgardo Maya Villazón, al insistir a los magistrados seleccionen en Sala de Revisión de la acción de tutela instaurada por Patricia Buriticá Céspedes, miembro de la Comisión Nacional de Reparación, y Reconciliación y más de 600 familias víctimas de la violencia, contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
A juicio del Jefe del Ministerio Público la Corte Constitucional debe pronunciarse en un fallo por constituirse en uno de los asuntos de mayor trascendencia en el país: la protección de las víctimas y de los testigos en los procesos que se adelantan en el curso de la Ley de Justicia y Paz y en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.
Las tutelantes presentan como hechos para fundamentar su petición el asesinato de cuatro mujeres que han acompañado a las víctimas en el curso de los procesos, y las graves amenazas que pesan sobre las demás líderes. Según ellas, su condición de núcleo de sus familias al tener bajo su responsabilidad el cuidado de sus hijos menores de edad, debido a las situaciones del conflicto armado, las hace merecedoras de un programa de protección.
Para el Procurador, la petición de un programa de protección de víctimas “es una responsabilidad colectiva que evitaría la degradación y revictimización sucesiva de sus derechos”.
El recurso de amparo fue otorgado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 13 de agosto de 2007 y tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de las accionantes y ordenó al Ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín y al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, que en el término de 30 días diseñaran, implementaran y ejecutaran un programa de protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz.
Motivos
Según sentencia del Consejo de Estado se revocó la decisión inicial que ordenaba ejecutar un programa de protección de víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz porque se argumentó que le faltaba legitimidad debido a que las demandantes no haber invocaron sus derechos por medio de una acción de cumplimiento.
(Publicado por La Republica – Colombia, 8 febrero 2008)
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