Ley
Nicaragua: Desaparece control previo a las leyes
El control previo a las leyes en Nicaragua no existe, de acuerdo con una reforma a la Ley de Amparo aprobada el miércoles en la Asamblea Nacional con el voto de 87 diputados.
Los legisladores aplaudieron cuando terminaron la aprobación de la ley, debido a que consideran que de esa forma pusieron fin a una crisis institucional que paralizó a la Asamblea Nacional y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diciembre del año pasado.
La Ley de Reforma a la Ley de Amparo, Ley número 49, establece que ninguna ley es recurrible antes de su publicación.
Los diputados crearon la facultad al Presidente de la República, a la junta directiva de la Asamblea Nacional y a los magistrados judiciales y electorales de recurrir en contra de las leyes, disposiciones, decretos, reglamentos, resoluciones o actos que los afecten.
En el caso del parlamento, el Poder Judicial y el Electoral, las decisiones se tomarán por mayoría y el presidente de cada uno de esos poderes tendrá un plazo de cinco días para proceder, o de lo contrario lo hará cualquiera de los otros miembros.
La cadena
Los magistrados judiciales tendrán un plazo de treinta días para resolver los conflictos constitucionales entre poderes de Estado y de no emitir en ese período una sentencia con el voto de nueve de los 16 magistrados, se les suspenderá el salario.
Las leyes, resoluciones, decretos, actos, disposiciones y reglamentos que sean objeto de conflicto podrán quedar en suspenso por un máximo de sesenta días, dice la reforma a la Ley de Amparo.
En caso de que los magistrados judiciales no resuelvan el caso en sesenta días, la ley en cuestión retomará su vigor.
Cuando los conflictos entre poderes del Estado incluyan a la Corte Suprema de Justicia, los magistrados propietarios deberán acreditar a sus suplentes (conjueces), señala la reforma.
No es la reforma deseada
Pese a celebrar la reforma a la Ley de Amparo, los legisladores anunciaron que promoverán cambios más profundos a esa disposición.
Uno de los puntos de la nueva reforma será el de revocar a los funcionarios o ex funcionarios de Estado la posibilidad de recurrir ante los tribunales cuando son investigados o sancionados.
“Esta no es la reforma a la Ley de Amparo deseada (...) porque ya es grave que existan amparos de presunciones, pero es más grave que hay amparos en juicios civiles y detienen juicios y lo peor es que hay amparos en ejecución de sentencias y son cuestiones que tenemos que verlas bien, para el correcto funcionamiento de la justicia en el país”, advirtió Edwin Castro, coordinador de la bancada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, Miriam Argüello, dijo el martes que la Contraloría General de la República tiene amparadas mil resoluciones.
El liberal Wilfredo Navarro señaló que la reforma profunda a la Ley de Amparo es imprescindible.
“Muchos compartimos el criterio de que la patente de corso se le da a los funcionarios corruptos, cuando después de una sanción penal ellos recurren de amparo, se da una suspensión y quedan en la impunidad. Creo que eso debe ser eliminado”, precisó Navarro.
El tercer secretario del parlamento, el conservador Javier Vallejo, solicitó que la futura reforma sea consultada con todos los sectores involucrados, para que también sea aprobada en consenso.
Tribunal Constitucional
Mientras, el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, reiteró que debe crearse un Tribunal Constitucional.
“En el futuro, cuando hayan reformas a la Constitución Política y quiero que quede registrado en el diario debate, es necesario que este poder del Estado pueda aprobar la creación del Tribunal Constitucional, que tendrá bajo su responsabilidad dirimir la litis y conflictos que hay entre poderes del Estado, porque no es ético que la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial recurran ante ellos mismos cuando se sientan afectados”, explicó Rodríguez.
Con la reforma el parlamento promete sesionar normalmente en este 2008.
(Publicado por La Prensa – Nicaragua, 24 enero 2008)
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