Ley
Chile: Persisten dudas sobre la nueva justicia laboral
Cuando faltan cuatro meses para que entre a regir la nueva justicia laboral, tras haber sido prorrogada por un año el 1 de marzo pasado, son varias las dudas que persisten en torno al funcionamiento de estos nuevos tribunales especializados.
Más aún cuando la experiencia de reformas judiciales, como la de familia y la ley juvenil, mostraron que las postergaciones previas no fueron garantía de buen desempeño cuando se comenzaron a aplicar.
Dudas en el Poder Judicial sobre la capacidad de la infraestructura, la capacitación de los jueces y respecto del impacto en el trabajo de los magistrados de dos nuevos procedimientos que contempla la ley: el monitorio y la tutela laboral.
Dudas entre los parlamentarios, ya que si bien el proyecto que mejora la justicia laboral fue aprobado en forma unánime en la Cámara el 17 de octubre pasado, actualmente hay diputados que plantean una nueva postergación por un segundo año de no estar todos los elementos para su funcionamiento.
Y en el Gobierno, si bien afirman que estarán todas las condiciones para partir el 1 de marzo próximo, todavía no hay claridad si estará en la ley la defensa especializada para los trabajadores.
Ahora el tema está en el Senado, y allí deberá resolverse si es suficiente el aumento de 40 a 93 el número de jueces y de 20 a 25 la cantidad de juzgados del trabajo en todo el país, incluidos 9 de letras de competencia común, que pasarán a llamarse juzgados de audiencias.
El Gobierno también decidió duplicar la dotación de personal, pasando de 228 a 468 los funcionarios de dichos tribunales. Con todos estos incrementos la nueva justicia demandará 13 mil 200 millones de pesos, muy superior a los 5.700 millones contemplados originalmente.
En el Poder Judicial el tema lo lleva el ministro de la Corte Suprema Patricio Valdés, quien vislumbra como el mayor problema para el inicio de la nueva justicia la aplicación de los dos nuevos procedimientos establecidos en la ley; el tutelar, que protege los derechos constitucionales del trabajador y que viene a ser lo mismo que el recurso de protección, y para el cual se espera una gran demanda, y el monitorio, que facilita la tramitación, pero que puede originar problemas al permitir paralelamente la interposición de otros recursos.
La Corporación Administrativa del Poder Judicial, dice Valdés, estimó en 106 el número de jueces necesarios para partir sin mayores problemas, pero aplicando los mismos procedimientos de hoy, pero si se incorporan los dos se necesitan 228.
Por ello se están planteando que la incorporación de dichos procedimientos se haga paulatinamente para ir solucionando los problemas que se presenten.
También preocupa la capacitación de los jueces del trabajo, ya que de los 40 contemplados originalmente, sólo 30 han completado su preparación, y se trata de un proceso que toma varios meses, y se debe considerar que son 52 los magistrados que se suman.
En cuanto a la infraestructura, los cambios también traerán problemas ya que, por ejemplo, el nuevo edificio de ocho pisos de los tribunales laborales de calle San Martín, fue calculado para un determinado número de juzgado, pero ahora con el aumento de jueces, 17 a 28 en Santiago, habrá que reestructurarlo.
En el ámbito parlamentario, los diputados del PDC Jorge Burgos, Patricio Vallespín y Eduardo Saffirio entregaron una declaración hace unos días en la cual señalan la necesidad de evaluar exhaustivamente las condiciones actuales, siendo partidarios de una postergación del nuevo sistema "si no se garantizan los elementos fundamentales para un adecuado funcionamiento".
Presupuesto
La nueva justicia laboral demandará $ 13 mil 200 millones.
Para el ministro de Justicia, Carlos Maldonado (en la foto), no es necesario ir a un nuevo aplazamiento de la vigencia de la justicia laboral, y como argumento para quienes temen un cuadro similar a los colapsados juzgados de familia, afirma que los juzgados del trabajo parten "sin mochila".
Esto es que, tal como ocurrió con la reforma procesal penal, no habrá traspaso de causas del antiguo al nuevo sistema, y que sólo deberán asumir las demandas que se presenten a partir del 1 de marzo.
Por lo mismo, el ministro plantea que si bien no estarán los 93 jueces en esa fecha, se irán incorporando gradualmente en 2008.
En cuanto a los nuevos procedimientos, dijo que concuerdan con el Poder Judicial en la conveniencia de que el tutelar no parta el 1 de marzo, sino que en una fecha posterior porque su impacto en la carga de trabajo es impredecible, y esperan que la idea sea acogida por los parlamentarios.
Con respecto al monitoreo, explicó que el procedimiento no es un problema en sí mismo, ya que significa simplificar los procedimientos, y lo que hay que evitar es las duplicidades.
Informó que ya hay acuerdo con Hacienda para financiar por vía administrativa la defensa especializada de los trabajadores a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, bajo la coordinación técnica de Justicia.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 5 noviembre 2007)
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