Denuncia
Panamá: Magistrado es presidente de una empresa involucrada en un juicio millonario
En total son siete: quizá la cifra más polémica y divina de la historia. Ese es el número de recursos judiciales que presentó el Gobierno contra un empresario, por una construcción en la calzada de Amador.
Y los siete recursos al llegar a la Corte Suprema se convirtieron en un monólogo a favor del supuesto empresario. Para el secretario de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos González De La Lastra, los responsables tienen nombre y apellido. Ayer presentó ante la Asamblea Nacional, a título personal, una denuncia contra el magistrado Winston Spadafora y su suplente Jacinto Cárdenas.
"Es un hecho público y notorio la relación que mantienen el magistrado Spadafora con el empresario, a quienes se les ve constantemente compartiendo y departiendo en lugares públicos", dice el escrito, que ahora deberá analizar la Comisión de Credenciales, que preside Elías Castillo (PRD).
Pero la denuncia de González no solo se limitó a palabras: presentó un documento con más de mil páginas que probaría que Spadafora violó el Artículo 212 de la Constitución Nacional que prohíbe a los magistrados ejercer el comercio.
La historia arranca en 1999, cuando mencionado empresario pidió a un banco extranjero –Hamilton Bank– un crédito por US$ 2 mlls. Real Estates Corp, que por eso se vio involucrada en una acción que impulsó el banco para tratar de cobrar el préstamo. En medio de esa disputa judicial, en abril de 2002, la firma cambió de directivos. ¿Los nuevos miembros? Spadafora y dos de sus hijos.
Lazos peligros
Winston Spadafora y el empresario no solo serían vecinos. No solo comparten un piso –el magistrado de la Corte Suprema es dueño del 28A y el empresario del 28B– en el edificio El Crillón, ubicado en Punta Paitilla. La buena vecindad, parece, también se trasladó a los negocios.
Spadafora es –desde el 10 de abril del 2002– presidente de una compañía que respaldó un crédito millonario que pidió el empresario al Hamilton Bank, una entidad con sede en Miami (Estados Unidos).
La historia es larga y se entrelaza con la justicia y los negocios: las especialidades de cada uno de los vecinos de Punta Paitilla.
En 1999, el empresario pidió al Hamilton Bank –a través de su empresa un crédito por 2 millones de dólares que nunca pagó. Por eso, la entidad financiera presentó una acción judicial. El juicio se inició el 2 de julio de 2001.
Golpe
Carlos González De La Lastra presentó la denuncia ante la Asamblea. Ahora debe resolver la Comisión de Credenciales.
Una de las 13 –el número de la mala suerte– era Crillón Real Estates Corp, de quien el empresario fue el representante legal.
Tras pasar por varias manos, el 10 de abril de 2002 –en medio del juicio– la familia Spadafora tomó las riendas de Crillón Real Estates Corp: Winston es elegido presidente y represente legal, Gino Spadafora (hijo) se convierte en secretario y Vanessa Spadafora (hija) pasa a ocupar el cargo de tesorera. Todo mientras Spadafora ocupaba un asiento en la Corte Suprema.
Según una denuncia que presentó ayer ante la Asamblea Nacional el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos González De La Lastra, el magistrado habría violado el Artículo 212 de la Constitución, que prohíbe a los magistrados ejercer el comercio.
¿Por qué Spadafora puso a los suyos al frente de una empresa que tenía la soga al cuello por culpa de los incumplimientos del empreario? La respuesta a esa pregunta la deberá dar el magistrado a los integrantes de la Comisión de Credenciales.
Los dueños del 28B
La firma Crillón Real Estates Corp era dueña del 28A: el lujoso apartamento con vista a la bahía que ocupa Spadafora. Según el Registro Público, esa sociedad la inscribió el 14 de febrero de 1993. En esa fecha el control de Crillón Real States lo ejercía el empresario. Recién el 14 de febrero de 2003 el apartamento cambió de dueño: se inscribió a nombre de la sociedad Apartamento Veintiocho-A ¿Quién maneja esa sociedad? Spadafora y su familia.
(Publicado por La Prensa – Panamá, 25 septiembre 2007)
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