Bolivia: Una pulseta política siembra la incertidumbre sobre el Tribunal

Una pulseta política entre oficialistas y opositores mantiene en la incertidumbre el futuro del Tribunal Constitucional, situación que ha provocado el anuncio de medidas de presión de sectores del área judicial, como el Colegio Nacional de Abogados.

Los oficialistas consideran que cuatro de los tribunos deben dejar sus cargos como consecuencia de la decisión que el miércoles adoptaron sus diputados, autorizando un juicio en su contra, mientras los opositores les pidieron quedarse en sus puestos, amparados en una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, que archiva obrados de la acusación de prevaricato presentada por el presidente Evo Morales.

El jefe de Podemos, Jorge Quiroga, pidió ayer a los tribunos “continuar en funciones” y anticipó que, si el caso llega al Senado de mayoría opositora, el “juicio no prosperará”. El Senado actúa como juez en este caso.

En esta misma dirección, el jefe de UN, Samuel Doria Medina, pidió “reconocer la autoridad del Tribunal Constitucional”, en rechazo al enjuiciamiento decidido por la bancada masista.

Los tribunos Elizabeth Íñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Wálter Raña son los magistrados cuestionados.

El jefe de bancada del MNR, Mario Justiniano, dijo que no reconocen la sesión que aprobó el juicio a los tribunos y planteó una salida política para evitar mayores problemas en este caso.

Según el constitucionalista Gabriel Peláez, se debe dejar tomar una decisión al Senado. “Los del Tribunal antes de lanzarse a una decisión también bastante controvertida (no dejar sus cargos) deberían hacer eso”.

El también especialista Germán Gutiérrez reconoció la validez del archivo de obrados. “El retorno de los magistrados es un retorno importante”, afirmó.

El vicepresidente Álvaro García insistió en que los tribunos deben acatar la decisión de los Diputados y descartó que en esto se busque una salida política.

“Ellos (tribunos) tienen que someterse a lo que dictamina la ley. Una contravención a la decisión de la Cámara de Diputados, a la notificación, sería una contravención al Estado de Derecho y eso sería lo último que podrían hacer estos señores en contra de la Constitución”, advirtió.

El presidente de Diputados, Edmundo Novillo, dijo que, una vez aprobado el juicio, inmediatamente sean notificados los acusados deben dejar sus cargos.

El presidente del Senado, José Villavicencio, explicó que el caso tratado en Diputados deberá pasar al Senado del Congreso para que éste siga el trámite como un juez de última instancia.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Luis Vásquez, dijo que, si llega la resolución de la Comisión de DDHH y la de la Cámara Baja, se hará un análisis jurídico de ambas y se asumirá una decisión.

Los tribunos llegan hoy a Sucre con el anuncio de continuar con sus labores habituales.

Se agudiza la crisis

La crisis política de Bolivia se agudizó con la suspensión de la Asamblea Constituyente y la convocatoria de un paro cívico para la próxima semana en medio de un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

La situación llegó al extremo que la Asamblea Constituyente quedó suspendida indefinidamente el jueves por las protestas en la ciudad de Sucre, que reclama para sí la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo que ahora funcionan en La Paz.

Los comités cívicos de seis regiones del país preparan protestas para "defender la democracia" porque consideran que el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), está avasallando las leyes para imponer su visión de país.

Chuquisaca (cuya capital es Sucre), Santa Cruz y Tarija anunciaron el jueves un paro cívico de 24 horas para el martes de la próxima semana.

Beni, Pando y Cochabamba analizan la posibilidad de seguir el mismo camino.

Santa Cruz al paro

La próspera región de Santa Cruz, al filo de la medianoche de este jueves, decidió el paro "como la primera medida de hecho a tomar en defensa de la democracia, la libertad y el estado de derecho".

La pugna política desencadenó una trifulca en el Congreso el miércoles.

Los dos últimos hechos que enfurecieron a los opositores tienen que ver con el enjuiciamiento y la suspensión de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y la exclusión de la Constituyente del pedido de Sucre para trasladar dos poderes que ahora funcionan en La Paz.

En ambos casos, el MAS utilizó su mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Asamblea Constituyente. La oposición quedó fuera de ambas decisiones.

El caso del Tribunal derivó en una trifulca entre diputados en el hemiciclo, y la pugna por la sede de los poderes generó una serie de protestas y la suspensión indefinida de la Asamblea Constituyente por falta de seguridad.

Asamblea Constituyente

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las constantes agresiones ponen en riesgo el futuro de la Asamblea Constituyente. De hecho, este jueves se multiplicaron las voces que piden el cierre del cónclave o, al menos, la disposición de una pausa para buscar consenso.

El gobierno había proyectado el 6 de agosto como fecha límite para la constituyente.

Tres diputados del partido opositor Podemos presentaron un proyecto al Congreso "para pedir la suspensión temporal de la Asamblea porque el país se nos está resquebrajando", según dijo el legislador Willman Cardozo.

Y un hecho que aumentó la incertidumbre sobre el foro fue la renuncia del asambleísta Jorge Arias, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Desde la semana pasada, Sucre desarrolla una serie de protestas contra el partido de Evo Morales para exigir que se restituya el debate del traslado de poderes.

En ese marco se inició una huelga de hambre que suma más de 300 ayunadores, hubo dos paros cívicos y movilizaciones que fueron contenidas por la policía.

Sucre

Este jueves se realizó en Sucre el segundo paro cívico, pero a diferencia de días anteriores fue una jornada pacífica, aunque también con marchas de protesta.

La región de Santa Cruz, que con Sucre lidera el movimiento cívico contra Morales, reunida en la Asamblea de la Cruceñidad, denunció que el gobierno y el partido de Evo Morales promulgaron decretos vulnerando competencias, realizaron sesiones violando los procedimientos, designaron "ilegalmente" autoridades y crearon instituciones masistas (del partido de Morales) pretendiendo "imponer ideologías antidemocráticas".

Los líderes de esa región acudirán a la OEA y a la ONU para denunciar lo que consideran una violación de los principios democráticos.

La situación en el país está tan tensa que la sesión del Congreso que debía elegir a nuevos magistrados del Tribunal Constitucional se suspendió este jueves "esperando que los espíritus se calmen, se atemperen los ánimos, y podamos construir mecanismos de concertación".

Las voces pidiendo diálogo llegaron de los dos bandos y de entidades mediadoras como el Defensor del Pueblo, sin embargo aún no hay iniciativas concretas en ese sentido.

El principal opositor, Jorge Quiroga, dijo que se debe buscar la concertación y el diálogo tras señalar que "hemos estado dispuestos, llanos y abiertos".

(Publicado por La RAzón - Bolivia y La BBC, 24 agosto 2007)