El Gobierno de Argentina dijo que intervendrá la agroexportadora local en bancarrota Vicentin, cuyos activos pasarán a formar parte de un fondo fiduciario que será gestionado por YPF Agro, y enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiar la empresa.
Vicentin era el principal exportador de aceite y harina de soja de Argentina hasta que se declaró en quiebra luego de entrar en una cesación de pagos, a fines del año pasado, por un monto cercano a los US$1.350 millones.
YPF Agro es una subsidiaria de capitales mixtos de la firma energética YPF, controlada por el Estado.
"En el día de hoy (lunes) estamos firmando un decreto de necesidad y urgencia que dispone la intervención del grupo Vicentin", señaló el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa, donde detalló que el interventor de la firma será Gabriel Delgado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El presidente argentino dijo que el Gobierno va a mandar "al Congreso nacional una ley de expropiación del grupo Vicentin para que el Estado nacional se haga cargo".
Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario".
Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, una actividad que le generó ingresos por un total de US$12.246 millones el año pasado, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Y Vicentin fue el principal exportador argentino de ambos productos en el 2019, concentrando el 19,2% del total de las ventas de la harina derivada de la oleaginosa y el 23,1% de los embarques del aceite, según datos del Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, la empresa argentina se declaró en concurso preventivo en febrero tras entrar en "default" a fines del 2019, luego de emprender una expansión alimentada en base a créditos que fue seguida por un desplome del mercado argentino.
Vicentin es una empresa "que nosotros queremos rescatar en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que para nosotros tiene particular relevancia", dijo Fernández
Crisis de Grupo Vicentin
Además de la abultada deuda con el banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.
En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos u$s1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.
La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.
El viernes pasado, la justicia de Santa Fe había fijado un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.
De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podrán pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.
A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de u$S350 millones, al aducir "estrés financiero".
El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.
Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la ley de Quiebras y Concursos (LQC).
Para leer el decreto en la íntegra presione aquí.
(Publicado por Agencias y iProfesional - Argentina, 8 de junio 2020)
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