Los fondos de pensiones privados, los inversionistas en la bolsa y varios sectores académicos tienen los pelos de punta con un proyecto de decreto que ha estado dando vueltas por el Ministerio de Hacienda y la Casa de Nariño, el cual permite que alrededor de 350.000 ‘cincuentones’ trasladen de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sus ahorros, por cerca de $27 billones, a las arcas públicas para financiar a Colpensiones.
El acto legislativo se daría a escasos días de que se termine el segundo periodo de Estado de Emergencia, Social y Ecológica decretado el 6 de mayo, lo que daría vía libre a la desbandada de personas que están a 10 años o menos de pensionarse, a integrar las bases de datos del Régimen de Prima Media, y así dejarle al Estado una deuda a largo plazo en alrededor de $50 billones, debido a los subsidios que se pagan en este fondo.
Esta jugada de la cartera que lidera Alberto Carrasquilla reviviría lo propuesto en la discusión del Plan de Desarrollo de este Gobierno en abril de 2019, la cual fue catalogada por Asofondos como un ‘orangután’.
La principal consideración del Ministerio de Hacienda para motivar el decreto está en los efectos que tendrá la pandemia en las cuentas nacionales. Pues más allá de que hoy se calcula que el Producto Interno Bruto se contraería en 5,5%, el Gobierno estima que la dramática caída en las personas ocupadas y la consecuente reducción de los aportes de los afiliados a Colpensiones en 2020 y 2021 generaría un hueco adicional de $3 billones para el pago de las mesadas, algo que pondría más tensión sobre el fisco, pues hoy se prevé un déficit de 6,1% como porcentaje del PIB.
El equipo económico de Iván Duque busca que no tenga que presupuestar casi $13 billones para cumplir con las pensiones de los afiliados, que vendrían del faltante de $10,5 billones que en 2019 pusieron las cotizaciones de los afiliados. En total, con cifras a 2019, Colpensiones destina $29,6 billones a pagar sus pensiones y jubilaciones, de estos, $9,2 billones llegaron de los traslados provenientes de las AFP, $9,9 billones del Presupuesto General de la Nación y el resto de las cotizaciones.
Para motivar el decreto, Hacienda hizo tres modelos de personas ocupadas para 2020 y 2021, y en el más pesimista calcula un poco más de 20 millones de personas cotizando, lo que generaría que Colpensiones deje de recibir más de $1,7 billones, mientras que en el modelo medio el faltante llegaría a $1,15 billones. En esas cuentas, el Fondo común de vejez sería al que menos plata le llegaría.
Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, señaló que con esta iniciativa el Gobierno soluciona un problema de caja a corto plazo, y recibe frescos $27 billones a cambio de una deuda en valor presente de $50 billones que tendrá que ser cubierta a largo plazo, teniendo en cuenta los grandes subsidios del Régimen de Prima Media.
El problema de esas obligaciones para los economistas es que es una forma muy cara de financiarse, y que, además, maquilla las cuentas fiscales, pues no se cuentan en la regla fiscal, ni tampoco como un déficit, como sí se restan las deudas en el mercado internacional.
José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana hace énfasis en lo dañino que podría ser este endeudamiento que no es explícito, pues el decreto que generaría la desbandada de afiliados, no habla bien de la transparencia de la institucionalidad.
Además, el experto no descarta un coletazo en el mercado de capitales, pues los cuatro fondos de pensiones privados: Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia son dueños de deuda corporativa, y de acciones, lo que definitivamente traería un cimbronazo en la renta variable colombiana, escasa de liquidez.
Sobre este aspecto el borrador del decreto dice que en el caso en que “Colpensiones no pueda liquidar la totalidad del portafolio de inversiones, por razones de falta de mercado o por presentar precios de mercado que impliquen una baja rentabilidad de las inversiones, estas deberán transferirse al Ministerio de Hacienda para que paulatinamente se logre su liquidacion”.
Pero pese a este panorama, y dándose el lapo de que muchos digan de que se están cambiando las reglas del juego institucionales en el sector de pensiones, hay otro argumento que esgrime Hacienda y es la cascada de demandas y procesos judiciales en curso en las que los afiliados a los privados, con 10 o menos años para pensionarse, dicen que no fueron bien asesorados y terminan en las filas de Colpensiones.
El proyecto de decreto señala que “existen aproximadamente unos 32.000 procesos judiciales en curso”, que han generado costos en atención del sistema judicial, así como gastos en la defensa, que le han causado un impacto de $12.000 millones anuales, pues se pierde 95% de estos casos. Así que esta sería la estrategia de dejar de perder plata en procesos jurídicos, y anticiparse a las decisiones de los tribunales.
Si bien hay más dudas que respuestas, sobre la forma de los traslados y la entrega de información de las AFP a Colpensiones, el borrador de decreto prevé que los privados pasen todos los saldos de la cuenta de ahorro, incluyendo los rendimientos y el valor del aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mientras “el valor de los bonos pensionales que se encuentren acreditados en la cuenta de ahorro pensional serán reintegrados a sus emisores conforme las disposiciones que rigen la materia”.
(Publicado por La República - Colombia, 3 de junio 2020)
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