Un día después de que la compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores decantara en un escándalo con la caída del ministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros implicados, el Gobierno anunció un proceso contra la empresa española proveedora de los equipos.
En conferencia de prensa la mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó de la medida, como parte de las investigaciones sobre la adquisición de los ventiladores pulmonares con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Proceso
“Vamos a iniciar un proceso en contra de esta empresa solicitando, obviamente, una conciliación de cuentas respecto al precio referencial del equipamiento, de lo que se ha pagado y de lo que falta”, dijo la autoridad en referencia a IME Consulting Global Services SL.
La firma española junto con otras dos empresas intermediarias en Bolivia fueron las encargadas de proveer los 170 respiradores que la presidenta Jeanine Áñez había comenzado a distribuir en distintas capitales del país.
Según informó Coímbra, hasta la fecha, del monto total acordado en contrato con la empresa española, $us 4,7 millones, el Gobierno de Bolivia depositó $us 2,2 millones y frenó el desembolso del resto. “Tenemos que sentarnos con la empresa y tenemos que establecer una conciliación de cuentas”, dijo.
Sin embargo, el ministro aseguró que el Gobierno va a pedir una investigación a la compañía española. “Vamos a requerir a través del Ministerio Público su cooperación con el Ministerio Público español para que haga un cuestionario a la empresa que ha proveído estos equipamientos, para que se establezca cuál es la situación legal de esta empresa en España”, afirmó.
En los últimos días se develó que los 170 respiradores que llegaron al país en un vuelo chárter de Boliviana de Aviación (BoA) son básicos y cuyo precio real en la lista de la fábrica, GPAinnova, es de $us 6.540, a diferencia de los $us 28.080 definidos en el contrato.
Sobreprecio
A la luz de esas diferencias, la transacción develó un presunto sobreprecio de $us 3,6 millones.
El caso derivó en la separación del cargo y la aprehensión de Navajas y de los directores jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Giovani Pacheco.
Además de esos ahora exfuncionarios, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de otras personas, entre ellas dos asesores del BID.
Todos están a la espera de medidas cautelares para la definición de su situación jurídica, aunque el Ministerio de Justicia anunció que solicitará la Fiscalía de La Paz su detención preventiva y la anotación de sus bienes.
Detención
A pocas horas de la audiencia de medidas cautelares, el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez pidió la detención preventiva del ahora exministro Marcelo Navajas y los otros implicados en la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores para la lucha contra el COVID-19.
No es todo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, anunció que como parte querellante en el proceso la administración gubernamental solicitará la anotación de los bienes de los implicados en al caso con el fin de garantizar el resarcimiento de daños.
“En esta investigación no hay ningún tipo de impunidad y encubrimiento”, dijo la autoridad en una entrevista en la red Unitel.
“El Ministerio de Justicia está pidiendo la detención preventiva para que no obstaculicen la investigación, para que se garantice su presencia dentro de la investigación y en poco tiempo los llevemos a un proceso judicial donde tendrán que establecer su descargo, y nosotros vamos a establecer sus responsabilidades”.
Más allá de la conciliación que gestione el Gobierno con IME Consulting Global Services, SL, la proveedora de los productos, el “resarcimiento civil debe estar garantizado”, consideró la autoridad gubernamental.
Sobreprecio
El Gobierno ha paralizado el pago del 50% restante por la adquisición de los cuestionados equipos cuyo precio unitario, según contrato, alcanzó a $us 28.080, a diferencia de la oferta en lista de precios de la fábrica, la española GPAinnova, de $us 6.540.
“Y es por eso que hemos solicitado el congelamiento de cuentas y la anotación preventiva de todos sus bienes”, insistió Coímbra, quien observó un sobreprecio de unos $us 20.000 por equipo.
Navajas fue aprehendido el miércoles en su despacho en medio de un fuerte operativo policial y horas más tarde fue destituido por Áñez, a poco más de un mes de su designación.
Aprehendidos
Horas antes habían sido aprehendidos Fernando Valenzuela, exdirector jurídico de esa cartera, y Giovani Pacheco, exdirector de Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), la entidad que se hizo cargo del proceso de compra.
Asimismo, fueron detenidos Ana E. M. y Gabriela P. G., quienes, según la Fiscalía de La Paz, gestionaron el proceso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió y consideró “pertinente” el proceso de adquisición de los equipos.
Estos cuatro últimos apuntan a Navajas como el principal responsable de la compra.
Navajas en el mira
Para Coímbra, “sin duda” el exministro, como titular de la unidad solicitante, “tiene una participación” junto con otro grupo de personas, más si algunos técnicos ya se habían opuesto al negocio por no ser favorable.
Sin embargo, dijo que “eso lo tiene que determinar el Ministerio Público”
“Creemos que son entre ocho o 10 las personas que han participado”, dijo Coímbra, cuyo despacho activó una investigación antes de la denuncia formal en la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia también solicitará que el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, declare en la Fiscalía para conocer cuál su postura frente al proceso.
El diplomático deslindó el mismo miércoles su responsabilidad en el caso y también apuntó a Navajas como el responsable.
Un similar pedido hará para el cónsul de Bolivia en Barcelona (España), David Alberto Pareja, sea citado para que declare como testigo
(Publicado por La Razón - Bolivia, 21 de mayo 2020)