El pasado sábado saltaron todas las alarmas en el sector residencial tras la publicación de la orden ministerial en el BOE en la que se desarrollaban las nuevas ayudas al pago del alquiler para los más vulnerables.
Una redacción ambigua de la norma que, según distintos juristas consultados por este medio, abre la puerta a la expropiación de viviendas, llevó a varios dirigentes del Partido Popular y de Vox a advertir en sus redes sociales de que el Gobierno estaba aprovechando la crisis generada por el coronavirus para permitir la expropiación de viviendas privadas vacías o segundas residencias.
Aunque desde el Ejecutivo han asegurado, a través de diferentes vías, que la orden no pretende facultar expropiaciones o amparar okupaciones, desde el sector inmobiliario se respaldan además en la Constitución para defender la propiedad de sus inmuebles
"Si nos vamos a las fuentes del derecho y a los rangos de las leyes, una orden ministerial en ningún caso puede cambiar un Real Decreto y mucho menos una Ley orgánica o la Constitución. La propiedad está perfectamente protegida por nuestra Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico", destaca Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro. El directivo considera que se trata de un "error en la redacción. No creo que un Gobierno, con los buenos juristas que tiene, sea tan torpe de cambiar un derecho constitucional con una orden ministerial".
En la misma línea, Mikel Echavarren, CEO de Colliers International Spain, apunta que las medidas que ha tomado el Gobierno el pasado fin de semana se refieren, "en mi opinión, a la posibilidad de reubicar a colectivos vulnerables en viviendas de propiedad privada, pero pagando el alquiler correspondiente".
"Aunque siempre hay que dudar de la intencionalidad de estas medidas en su aplicación real, tenemos que tener en mente que la Constitución en su artículo 33.3 establece que nadie podrá ser privado de sus bienes ni de sus derechos sin recibir una compensación económica correspondiente al justiprecio de una potencial expropiación", explica Echavarren. "Por lo tanto, creo que se trata más de una medida de cara a la galería de los votantes propios y destinada a poder alquilar viviendas privadas, que una supuesta intencionalidad expropiatoria", concluye.
Redacción de la norma
En el texto de la orden ministerial, se explica que "las comunidades autónomas pondrán a disposición de la persona beneficiaria una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, aunque mantenga la titularidad privada"... "para ser ocupada en régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho".
La polémica surge de la interpretación de este párrafo, en el que se puntualiza que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, destacó que "no se faculta la expropiación" y que el uso de viviendas privadas se hará "siempre dentro del acuerdo voluntario con los dueños de las viviendas. En ningún caso se obligará a la cesión de estas viviendas".
Parque público escaso
Desde la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa), destacan que "lo verdaderamente destacable de este artículo es que se reconoce que va a ser difícil que los beneficiarios puedan usar estas ayudas, ya que no existe un parque público para atender estas situaciones", explica Javier Rodríguez, responsable de la Comisión Residencial de la asociación.
Según Eurostat en España, hay un 1,5% de vivienda pública social frente al 15% de la media de la UE, "y está ya sobreocupado", explica el directivo, que cree que "aunque se habiliten estas ayudas para que los más vulnerables puedan aplicarlas en una solución habitacional en viviendas privadas, el régimen y seguridad jurídica existentes en España, desincentivan por completo que se pongan viviendas a disposición".
Desde Fotocasa consideran que "en contextos como el actual, toda forma de liberar vivienda vacía para colectivos en riesgo debería ser bienvenida. Entendiendo que se protegerán todas las partes que intervengan en aportar buenas soluciones en la manera de sacar al mercado vivienda vacía". No obstante, recuerdan que "el parque de vivienda en alquiler en nuestro país es insuficiente y muchos de los pisos vacíos que hay en el mercado no están preparados para sacarlos al mercado, por su antigüedad, y necesitan reformas. Se debe seguir apostando por ampliar el parque público en alquiler, que sea accesible para muchos más españoles con necesidades".
Voluntad de disponer de la vivienda
Con la publicación en el BOE de la Orden del Ministerio de Fomento, ha cundido la alarma entre los especialistas en Derecho Civil y Constitucional, que entendieron que bajo esta redacción se esconde una voluntad clara de disponer de la vivienda privada, tal y como ya se ha intentado en varias propuestas parlamentarias a nivel estatal y de las comunidades autónomas. Así, lo manifestaron diversos socios de bufetes de abogados a elEconomista. Fuentes del propio Ministerio reconocieron que, a pesar de lo que dice el texto, esa no era la voluntad con la que se redactó.
No obstante, reconocieron la torpeza redaccional, máxime tras las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias, comentando que el artículo 128 de la Constitución permite al Gobierno disponer de la riqueza que hay en España cuando sea por el interés general.
Justamente, después de las filtraciones gubernamentales, de que Iglesias quería en el primer Consejo de Ministros de la crisis proceder a nacionalizar sectores como la banca.
(Publicado por El Economista - España, 14 abril 2020)