El pleno del Tribunal Constitucional escuchó los alegatos respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos por una presunta discriminación que tendría el proyecto de ley del gobierno que busca que personas condenadas de baja peligrosidad cumplan su pena en libertad.
La propuesta del Ejecutivo se genera en medio de la pandemia por Covid-19 en el país, y busca que las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y aquellas mujeres que tengan hijos menor de dos años que vivan con ellas en los planteles puedan cumplir lo que resta de pena en libertad.
El recurso analizado apuntaba a que el proyecto del gobierno que otorga un indulto general conmutativo discriminaría a los presos de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad. Durante la audiencia de alegatos expusieron Sergio Micco, director del INDH, el abogado Luciano Fouillioux, junto con agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Finalmente, el pleno del TC declaró inadmisible la acción legal de los congresistas por siete votos contra tres.
"Esto nos alivia, no solo porque teníamos razón, sino porque fundamentalmente cientos de personas que hoy día están privadas de libertad y son población de riesgo van a quedar en arresto domiciliario. Al mismo tiempo, esta situación obliga en conciencia a quienes han presentado un segundo requerimiento, a que lo retiren para que no sigamos postergando un indulto que es necesario ahora", expresó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras conocer la resolución del TC.
Rechazaron el recurso los ministros María Luisa Brahm, Gonzalo García, Nelson Pozo, Miguel Ángel Fernandez, Cristian Letelier, María Pía Silva y Rodrigo Pica, mientras que por acogerlo se pronunciaron Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez.
En la mañana se había presentado un recurso similar, en este caso por parte de diputados de la bancada oficialista, el que también busca declarar como inconstitucional la propuesta legislativa del gobierno.
Este último hecho fue calificado como "lamentable" por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien además afirmó que "solo tiene un efecto dilatorio, lo que lamentamos, porque efectivamente necesitamos que esto se resuelva a la brevedad".
Ya en su minuto Larraín había pedido a los senadores retirar el recurso ante el TC, sincerando que la ofensiva sorprendió a La Moneda.
Sobre el requerimiento de diputados presentado hoy aún no existe un pronunciamiento del TC, por lo que seguirá el trámite habitual y tendrá que sortear el examen de admisibilidad. No obstante, podría correr la misma suerte que el de los senadores oficialistas. El actual presidente de la Cámara Diego Paulsen (RN) retiró su firma hoy del requerimiento, con lo que basta que un diputado más se reste para que el recurso sea desestimado.
Datos de la primera demanda contra la ley de indulto
Los primeros dias de abril, el abogado Maximiliano Murath ingresó un requerimiento de inconstitucionalidad por igualdad ante la ley y protección de la vida, ante la iniciativa de indulto del gobierno y que se enmarca dentro de las medidas para frenar los contagios por Covid-19. La solicitud pide que todos los mayores de 70 años puedan cumplir sus penas fuera de los penales.
La iniciativa propone que los adultos mayores, madres de hijos menores de dos años y mujeres embarazadas cumplan su pena en libertad, aunque no todos: se excluiría de este beneficio a quienes fueron sentenciados por delitos de lesa humanidad y violaciones, es decir, la población con más compromiso delictual.
La iniciativa no contó con el respaldo del oficialismo y complicó al gobierno. De hecho con el proyecto despachado y en estado de promulgación, actualmente La Moneda evalúa la opción de presentar un veto.
En medio de todo este escenario ayer en la noche un grupo de senadores de Chile Vamos (Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Juan Castro (RN), José García (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Ena Von Baer (UDI), Víctor Pérez (UDI), Francisco Chahuán (RN), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (Independiente) y Carmen Gloria Aravena (Independiente) decidió ir al Tribunal Constitucional (TC) para que se declare la inconstitucionalidad de la exclusión del resto de la población penal, es decir, presos por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco, y todo aquel que haya cometido un ilícito de gravedad.
El documento de 29 páginas fue ingresado ayer en a las 22.09, con el patrocinio del abogado Maximiliano Murath. En el texto se señala que el proyecto de ley es inconstitucional, pues se vulneran los artículos referentes a la igualdad ante la ley y la protección de la vida, argumentando que toda la población mayor de 70 años es parte del grupo de riesgo al Covid-19, independiente del penal en que esté cumpliendo la pena.
En el requerimiento se expone que "el hacer un trato distinto entre quienes se encuentran en el mismo grupo etario o de edad (75 años en adelante), y hacer un trato distinto entre quienes están en la misma situación de riesgo y peligrosidad frente al COVID-19 (mayores de 75 años cumpliendo condenas), es una desigualdad ante la ley que no se puede y que no se debe tolerar".
Además, el recurso señala "en un reciento carcelario se concentra una población penal de adultos mayores de 70 años todos privados de libertad, con patologías médicas como Diabetes, Hipertensión Arterial y Cardiopatía Coronaria y alguno de ellos se contagia producto de una visita o de Gendarmes que no sabe que están contagiando (pues en promedio el contagio empieza dos días antes del inicio de los síntomas), en dos semanas tendremos un gran número de adultos mayores requiriendo hospitalización y eventualmente uso de ventiladores mecánicos. Entonces, ¿tendrán ellos alguna posibilidad de ser beneficiado con el tratamiento de UCI o UTI si hay otras personas más jóvenes y sin otras patologías que también lo requieren?, ¿tendrán ellos en tiempos como los que vivimos la posibilidad de un oportuno y adecuado acceso y derivación a la atención médica que requieren, cuando ello no es posible en situaciones de normalidad?".
Murath explicó que esto tiene como objetivo "proteger a vida y la integridad física de todos los adultos mayores que están cumpliendo condena sin importar la cárcel que se encuentren y el delito que hayan cometido, porque ellos son hoy los grupos más complejo para enfrentar esta pandemia".
El abogado también detalló que ingresaron el recurso en plena tramitación del proyecto pues, "ante la ausencia de quórum para aprobarse el proyecto, es indispensable apurar la discusión, ya que mientras antes se dilucide si es inscontitucional o no, mejor"
(Publicado por La Tercera - Chile, 14 abril 2020)
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