El problema se veía venir. El gobierno presentó un proyecto de ley que permita conmutar penas a la población penal de baja peligrosidad y que corran más riesgo de contraer el coronavirus. Las condiciones de los centros de reclusión penitenciaria son especialmente preocupantes considerando el hacinamiento y la escasez de recursos sanitarios dentro de los penales.
Pero este proyecto dejó afuera a otros reos: aquellos que cumplen condena por delitos de lesa humanidad en el penal de Punta Peuco. Eso, para parte de Chile Vamos, no resultaba admisible. Así, una histórica tensión dentro de la coalición de gobierno, que ha causado conflictos en ambas administraciones del presidente Sebastián Piñera, volvió a hacerle zancadillas a su gobierno.
l rechazo de varios parlamentarios oficialistas al proyecto en la Cámara de Diputados llevó al ejecutivo a reponer indicaciones con un veto sustitutivo, al tiempo que anunciaba la urgencia para otro proyecto: la ley humanitaria. El texto, ingresado por el gobierno en 2018, conmuta penas, entre otros, a reos de Punta Peuco. Sin embargo, esto no fue suficiente para disuadir a un grupo de senadores de derecha de desistir de un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.
¿Por qué los presos de Punta Peuco vuelven a transformarse en un problema para Sebastián Piñera?
Vetos
Este martes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por unanimidad el veto aditivo enviado por el Presidente Sebastián Piñera respecto al proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa del Covid-19 en Chile.
Durante su intervención en la comisión, que se realizó a través de videoconferencia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que "en el veto aparte de reponer el articulo 8 de consecuencias de incumplimiento de arresto domiciliario, se agregan los dos delitos que estaban incorporados -leyes control de armas y asociación ilícita por narcotráfico- y disposiciones del delito de violencia intrafamiliar".
Larraín también aseguró que si el proyecto originalmente buscaba beneficiar a 1.409 personas, hoy -al incorporar estos nuevos delitos- lo hará con 1.299.
Respecto a la propuesta del Ejecutivo de que los condenados por violencia intrafamiliar no puedan acceder a este indulto conmutativo, el ministro sostuvo que "se da una señal potente" en medio del "recrudecimiento" de casos de violencia durante la cuarentena.
Incierto escenario en la Cámara
La iniciativa que será revisada mañana miércoles en la Sala del Senado enfrenta un incierto futuro. Según consignó La Tercera, el veto aditivo necesita de la aprobación de 22 senadores y 78 diputados y desde el Ejecutivo creen que en la Cámara Alta éste debería ser aprobado sin problemas con votos opositores. Sin embargo, con los diputados aún no hay certezas tanto con los de oposición como los del oficialismo.
Esto, además, porque la semana pasada, en Chile Vamos, se evidenciaron las diferencias que existen por el proyecto ya que, para varios en el oficialismo, se está discriminando a presos que están detenidos por delitos de lesa humanidad y que están en avanzada edad. Por eso mismo, 11 senadores de la coalición presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se incluya a presos por cualquier delito pero que sean mayores de 75 años.
(Publicado por La Tercera - Chile, 7 de abril 2020)
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