El Gobierno ha aprobado este martes una moratoria en el pago de las hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo a consecuencia del cierre obligado de sus empresas durante el estado de alarma o que hayan visto reducidos sus ingresos por las medidas restrictivas decretadas para frenar el coronavirus.
La medida forma parte del real decreto que ha sacado adelante este martes el Consejo de Ministros para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia en las familias y los trabajadores. Para ello, el Gobierno movilizará 200.000 millones, el 20% del PIB.
Estas medidas, según han confirmado fuentes gubernamentales, han sido propuestas por Unidas Podemos, que desde la semana pasada está presionando al PSOE para adoptar medidas económicas con el mayor alcance posible.
Asimismo, el Gobierno garantizará servicios públicos "esenciales" como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.
En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez señaló que de esta manera se garantizan "los suministros esenciales a las personas más vulnerables".
Líneas de avales de hasta 100.000 mlls.
Pero hay más. El decreto activa una línea de avales y garantías de 100.000 millones, aunque esa cifra está en discusión hasta el último momento, para evitar que las empresas cierren la persiana por falta de liquidez. El Gobierno también aprobará medidas en las otras líneas anunciadas por Sánchez. La principal es la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) que permita el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos ni sin consumir los derechos de prestación ya acumulados. El borrador incluye una exoneración del 100% de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75% para el resto de empresas, pero esas cifras están siempre ligadas al mantenimiento de las plantillas. Y medidas para las cuotas de autónomos que sufran desplome de su cifra de negocio.
Adaptación de las jornadas laborales
La previsión es que permita a los trabajadores la adaptación de su jornada laboral, o reducirla incluso hasta el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo "siempre que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia". Este derecho sería individual de cada uno de los progenitores.
El objetivo de estas medidas, explica el borrador, es configurar un conjunto de garantías para evitar la aplicación de sanciones por faltas de asistencia de los trabajadores ante la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo.
El texto establece algunas de las medidas que habían demandado sindicatos y empresarios. Una es esa flexibilización de los ERTE y otra el reconocimiento de la prestación de desempleo sin periodos mínimos de cotización ni mengua de derechos acumulados.
Las fuentes consultadas apuntan que ese decreto es un primer paso, para paliar la destrucción de empresas y ayudar a los colectivos más afectados por el coronavirus. Economía prepara, además, una segunda intervención con medidas keynesianas, que se activarán cuando el contagio del virus esté más controlado. Se trata así de activar una intervención en dos fases, según fuentes del Gobierno, ante el alud de despidos y el desplome del PIB en el segundo trimestre del año.
(Publicado por El Economista y El País - España, 17 marzo 2020)
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