Suspender el proceso de concurso para 27 de los 32 cargos declarados vacantes en febrero pasado, como parte de la implementación de la Carrera Judicial, solicitó la Comisión de Estado por la Justicia.
Dicha petición será enviada formalmente en los próximos días al Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, presidido por la magistrada del Tribunal Laboral Margarita Centella, según lo informó el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González.
El tema fue discutido ayer por miembros de la comisión, tras la intervención de magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de la jurisdicción penal, entre ellos, Luis Mario Carrasco, Gustavo De Gracia, Flor María González, entre otros.
Los magistrados expusieron supuestas anomalías y obstáculos en el proceso de escogencia. Alegan que las reglas para aplicar a las vacantes han sido mal interpretadas.
Denunciaron un trato "injusto y desigual", pues muchos de ellos quedarán excluidos del sistema de administración de justicia.
Según González, pronto invitarán a los responsables de los concursos a una reunión para escuchar sus planteamientos.
"Ellos [los magistrados] han señalado de manera categórica que no le tienen temor a los concursos. Lo único es que están excluidos de la posibilidad de participar en esos concursos", declaró el procurador de la Administración.
La nueva encrucijada de la Carrera Judicial
Los concursos para las vacantes de la Carrera Judicial están ahora en el ojo de la tormenta.
La Comisión de Estado por la Justicia acordó pedir la suspensión de dicho proceso al Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, que preside la magistrada Margarita Centella.
Y es que magistrados del sistema penal acusatorio (SPA) expusieron ayer ante la comisión supuestas anomalías y obstáculos que enfrentan, debido a que consideran que las reglas para aplicar a las vacantes han sido “mal interpretadas” y, por ende, han recibido un trato “injusto y desigual”, pues muchos quedarán excluidos del sistema.
Así lo informó el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González, quien informó, además, que a más tardar hoy enviarán la solicitud y, de paso, invitarán a los responsables de los concursos a una reunión para escuchar sus planteamientos.
El proceso está a cargo del Consejo de Administración de la Carrera Judicial.
"Ellos [los magistrados] han señalado de manera categórica que no le tienen temor a los concursos. Lo único es que están excluyéndolos de la posibilidad de participar", manifestó el procurador González.
El funcionario explicó que el propósito no es evitar que se efectúen los concursos, sino que se hagan conforme a la Constitución y la ley, porque lo que sí quedó claro es que la reglamentación [del concurso] ha generado una distorsión.
Entre los magistrados que hablaron ante la Comisión de Estado estuvieron Luis Mario Carrasco, Asunción Alonso, Miriam Jaén de Salinas, Flor María González, Yiles Pittí, Alcides Gabriel Zamorano y Gustavo De Gracia, entre otros.
"Injusto"
Luis Mario Carrasco dijo, por ejemplo, que el mecanismo usado "es absolutamente injusto".
"Nosotros no estamos en contra de los ascensos y los traslados en circunstancias de cualquier concepto de Carrera Judicial. Se trata de profesionalizar la manera en que se avanza la Carrera", planteó.
Flor María González explicó, por su lado, que no solo magistrados de Tribunal de Apelaciones quedarían fuera del sistema, sino también jueces de garantías, de juicio oral y de cumplimiento.
Recordó que el Estado ha invertido millones de dólares en formación y capacitación de funcionarios, además de pasantías nacionales, internacionales, diplomados y seminarios, y ahora no podrán estar en la Carrera Judicial. De hecho, manifestó que estos son los formadores y capacitadores de los que entrarían al sistema.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Olmedo Arrocha, quien representa al Órgano Judicial en la comisión, aseguró que no puede estar de acuerdo con la fuga de talentos.
"Yo me comprometo a echar adelante la Carrera Judicial", prometió.
Arrocha recordó que el reglamento para los concursos lo hizo el Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, al que no pertenece ningún magistrado de la Corte. Así está dispuesto en los artículos 5 y 99 de la Ley de Carrera Judicial.
También manifestó que el reglamento de la carrera es de diciembre de 2018.
Mientras, Juan Carlos Araúz, quien representa al Colegio Nacional de Abogados en la comisión, argumentó que este es un momento en que "la justicia pide justicia".
En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, advirtió que todo lo que se ha implementado de la Carrera Judicial “está fuera de los términos” establecidos en el artículo 308 de la norma, en el que se señala que los concursos se debieron aplicar en abril de 2016, ocho meses después de que se aprobara la Ley de Carrera Judicial (28 de agosto de 2015).
La resolución
Una resolución del Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, fechada el pasado 20 de febrero, rechazó de plano un recurso de reconsideración presentado por 15 magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de la jurisdicción penal contra el acto público del 11 de febrero de 2020, que estableció las reglas para llenar las vacantes de magistrados para estos tribunales.
Esas reglas implican que, necesariamente, los magistrados tienen que provenir de la Carrera Judicial. Esto excluye a los funcionarios del sistema penal acusatorio en, funciones desde 2011, porque ninguno pertenece al régimen de Carrera Judicial. En cambio, deja las vacantes a los jueces del sistema inquisitivo, algunos de ellos fuertemente cuestionados por sus fallos.
La resolución lleva la firma de la presidenta del Consejo Administrativo de la Carrera Judicial, Margarita Centella; de la secretaria, Madeline Miranda; y de la representante de Recursos Humanos del Órgano Judicial, Mercedes De León de Mendizábal.
El acto público para establecer las reglas para llenar las vacantes de 32 magistrados del Tribunal de Apelaciones, Tribunal Marítimo y de Libre Competencia se hizo en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal el pasado 11 de febrero.
Vieja lucha
La implementación de la Carrera Judicial es una vieja aspiración de las organizaciones sociales y de la Comisión de Estado por la Justicia. A pesar de que la ley que establece la Carrera Judicial se aprobó en 2015, no ha sido posible que se ejecute.
Los distintos presidentes que ha tenido la Corte en los últimos cinco años han argumentado que no se ha podido poner en marcha por falta de presupuesto.
Para 2020, el Órgano Judicial trabajará con un presupuesto de 166.8 millones de dólares.
(Publicado por La Prensa - Panamá, 5 marzo 2020)
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