Estos movimientos se realizaron entre el 9 de mayo y 14 de diciembre de ese año a través de la offshore Klienfeld hacia una cuenta de la empresa Construmaq de Gonzalo Monteverde en el banco Credicorp Bank de Panamá por un monto total de US$ 2'999,895.

Es decir, Humala Tasso habría recibido el dinero de Odebrecht, cuando ya había asumido la presidencia el 28 de julio de 2011.

Para el abogado penalista Andy Carrión, si la Fiscalía lo ve necesario, podría investigar al exjefe de Estado hasta por tres presuntos delitos: lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Gestión, el letrado explicó que de comprobarse de que Humala recibió el dinero, el primer delito que habría cometido el líder nacionalista es el lavado de activos con el delito previo de defraudación tributaria.

“Si Humala recibió el dinero cuando asume la presidencia, una donación de Odebrecht para su patrimonio, el como funcionario debió haberlo reportado a la Sunat y por ello pagar impuestos. El no pagarlos significaría el delito de defraudación tributaria y eso podría calzar como un delito previo para el lavado de activos”, comentó.

A renglón seguido, Carrión señaló que expresidente también habría cometido un presunto delito de corrupción de funcionarios: cohecho.

“Habría que ver cuál es la finalidad de recibir este dinero. Si es que ha servido para favorecer a algún contrato a Odebrecht u otro favor dentro de la administración pública. Se debe identificar cual es la contraprestación para ver si se configura el delito de corrupción de funcionarios. En este caso, tendría la Fiscalía que demostrar en que obra se habría favorecido a Odebrecht”, explicó.

Para el abogado, un tercer delito que habría cometido Humala es el de enriquecimiento ilícito, pues ya como funcionario incrementó de manera injustificada su patrimonio.

¿Quién debe investigar?

Carrión sostuvo que al ser presuntos delitos en calidad de funcionario, Humala no podría ser investigado por el fiscal Germán Juárez, pues cuenta con antejuicio hasta el 2021.

En este caso, la pesquisa corresponde a la Fiscalía Suprema o a la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. “Esta noticia no estaba en el foco de las investigaciones y se debe abrir una nueva investigación, pero ya no por aportes de campaña. El caso de financiamiento ilegal de Humala ya está cerrado. Este es un nuevo hecho”, anotó.

Finalmente, el abogado afirmó que estas nuevas pruebas obtenidas por el Equipo Especial Lava Jato ya no podrán ser usadas para el eventual juicio oral contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso aportes, pues en el saneamiento procesal -que es el control de pruebas- ya está por terminar y no se puede retraer.

Gestión se comunicó con Julio César Espinoza, abogado de Heredia y Humala, pero hasta el cierre de esta nota no brindó declaraciones. Igualmente, llamó a Wilfredo Pedraza.

(Publicado por Gestión - Perú, 27 febrero 2020)