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Es necesaria la fiscalización de las ONG´s, pero posibles inconstitucionalidades amenazan su vigencia: Guatemala

Tefel anunció que un grupo de abogados del Cacif analiza las reformas

jueves, 13 de fevereiro de 2020

La reforma del Congreso para que las ONG sean registradas y fiscalizadas ha despertado voces a favor y en contra, además de dos recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC), mientras que el presidente Alejandro Giammattei pide tiempo para determinar si la veta o la sanciona.

Acción Ciudadana (AC), acuerpada por otras ONG y sindicatos, presentó este 12 de febrero un recurso de amparo en la Corte contra la reforma a la Ley de ONG y al Código Civil que aprobó ayer el Congreso.

La organización enumeró algunas de las irregularidades del decreto 4-2020: atenta contra la libertad de acción, organización, manifestación y resistencia pacífica a que tienen derecho todos los ciudadanos y quienes se organizan como ONG.

Asimismo criticó que el proceso de aprobación fue opaco, poco transparente, sin apertura a la discusión y análisis a lo interno del hemiciclo.

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"Es claro que dichas reformas van encaminadas a limitar el trabajo de las ONG y responden a una agenda oscura del pacto de corruptos, que ven en la sociedad civil organizada una limitante a sus actos ilegítimos y al saqueo de los recursos públicos", sostuvo AC.

Un comunicado de la organización resalta que las ONG "siempre se han caracterizado por apoyar las más diversas causas sociales, ambientales, cívicas y de auto ayuda; pretender acallar o limitar sus actuaciones solo conlleva vedarle al país una de sus acciones básicas para el desarrollo".

También llama la atención en cuanto a que la reforma deja "un amplio margen de discrecionalidad" para que personas que ejercen puestos de autoridad en la Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Gobernación puedan limitar o incluso cancelar las ONG.

El diputado de Winaq, Aldo Dávila, también planteó un amparo, acompañado de organizaciones indígenas.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, dijo en Twitter que el decreto viola los derechos humanos y pidió que el presidente Alejandro Giammattei la vete.

Consultado en conferencia de prensa, Giammattei pidió tiempo para analizar el decreto, pero resaltó que la cultura de transparencia debe ser “para todos”.

Dijo que a Guatemala entra dinero hacia ONG pero no se sabe la procedencia ni el destino y que ha habido casos donde se ha malutilizado ese recurso para actos delictivos. Asimismo sostuvo que una ONG transparente no tendrá inconveniente en hacer público quién la financia y para qué lo utiliza.

Cacif
Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), hay ONG que realizan una contribución positivo al desarrollo de Guatemala, apoyo humanitario y mejoramiento de servicios básicos, incluyendo a las que surgen del sector privado.

Sin embargo, también expuso que las ONG se han utilizado para generar acciones de ingobernabilidad, lavado de dinero, corrupción y mal uso de fondos público. “La exigencia de que toda organización cuente con registro legal y rinda cuentas de forma transparente del manejo que haga de fondos públicos es válida y necesaria”, afirmó.

El comité informó que hace un análisis sobre el contenido y sus implicaciones, al tiempo que señaló que ninguna norma puede impedir garantías constitucionales como el derecho legítimo de defensa y libertades individuales, entre otros.

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Otras voces

El Movimiento Cívico Nacional dijo que preocupa que la reforma otorgue poderes arbitrarios y límites a las autoridades para, incluso, cancelar las ONG sin derecho a un debido proceso. Por otra parte, manifestó que es importante cumplir con transparencia sobre la proveniencia y gaste de fondos, pero sin poner en riesgo derechos constitucionales, especialmente la libertad individual.

Seguridad en Democracia comunicó que repudia la reforma porque violenta los derechos de asociación, libre expresión y petición.

La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) se sumó al rechazo porque, dijo, atentan contra la libertad de organización, expresión y voluntariado social, y busca limitar la labor de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil.

La Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) dijo en Twitter que que se debe respetar y garantizar las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos. "La reforma a la ley de ONG podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada", señaló.

La Fundación Myrna Mack afirmó que la ley de ONG viola cinco artículos constitucionales: la libertad de acción, derecho de asociación, libertad de expresión, las relaciones internacionales y la supremacía constitucional. Al mismo tiempo considera que es falaz el argumento de que la reforma permitirá regular la actividad de las ONG en asuntos financieros porque ya hay normas en ese sentido, por lo que los intereses de los diputados son espurios.
Empresas

Algunos sectores consultados por Prensa Libre consideran que las reformas fueron efectuadas de manera "oscura y a rajatablas", porque en su camino aprobaron artículos que complican el funcionamiento de asociaciones, fundaciones, iglesias evangélicas, federaciones y confederaciones que traen millones de dólares para apoyar servicios que no son cubiertos por el Estado.

Abogados analizan inconstitucionalidades
Juan Carlos Tefel presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) opina que en el país la mayoría de ONG, asociaciones y fundaciones efectúan un “trabajo positivo que muchas veces cubren las funciones del Estado, pero también hay otras que desde hace mucho tiempo se han dedicado a crear conflictividad y bloquear proyectos”.

El líder de los empresarios también señaló que dentro de este grupo también operan algunas ONG que, "son utilizadas por exdiputados para desviar fondos públicos mediante la ejecución de obras, incluso, se habla de que hay algunas que se emplean para lavar dinero del narcotráfico. Por eso creemos que la transparencia y fiscalización de dónde vienen y en que se utilizan los fondos es importante".

Sin embargo, Tefel anunció que un grupo de abogados del Cacif analiza las reformas porque "vemos que algunos artículos pueden tener inconstitucionalidades porque violan derechos, por ejemplo el artículo que dice que el Ejecutivo puede cancelar una ONG, empresa o asociación si va en contra del orden público, porque viola el derecho de defensa".

"Hay que tener cuidado, porque, si bien es importante la fiscalización, también debe ser bajo un marco legal que proporcione certeza jurídica y que no vaya a ser utilizada como un arma para venganza política", resaltó Tefel.

El presidente del Cacif dijo que también se encuentra bajo análisis el artículo que se refiere a que los miembros de la fundación o asociación son responsables con su patrimonio. "No hay que perder de vista que se tiene que legislar pensando en el largo plazo y no en la coyuntura".

Las bancadas aliadas del partido oficialista Vamos aprobaron el pasado martes 11 de febrero una reforma que busca fiscalizar a las ONG, en medio de reclamos de bloques de oposición, porque los diputados Manuel Conde, Jorge García Silva y Mynor Mejía introdujeron una moción para alterar el orden del día que contenía un punto resolutivo relacionado con el coronavirus, pero en la misma incluyeron la iniciativa 5257, la ley de ONG.

No es un tema ideológico
Rodolfo Neutze, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo) expresó que su bancada está de acuerdo con buscar la fiscalización y transparencia de los fondos a todo nivel, pero que en el caso de las reformas de las ONG se "aprobaron a rajatablas, porque el proyecto nunca se presentó en jefes de bloque y no se le identificó con nombre y apellidos, sino que se le puso del coronavirus para engañar al pleno".

El parlamentario coincidió con Tefel en cuanto a que estas reformas también afectarán el trabajo de algunas ONG humanitarias, como, por ejemplo, la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (Unicar), la Fundación del Azúcar (Fundazucar) o la Catholic Relief Services. "Mi mayor miedo es que alguien enojado con algunas ONG estén afectando la labor de todas, sobre todo las que traen millones de dólares de ayuda para los más necesitados. Esto manda una pésima señal del nuevo Congreso porque buscan pasar las cosas de manera oculta.

Esta ley "por supuesto que abarca fundaciones, asociaciones e iglesias, y por un ataque hepático de algunos diputados se pueden llevar entre los pies a gente que apoya a los más necesitados. Este no es un tema ideológico, sino de principios y valores. A la carrera y sin consensos se aprobó algo y no sabemos qué entuerto hay, y tampoco conocemos qué impacto negativo va a tener en las fundaciones que apoyan a la población".

Representan el continuismo del pacto de corruptos
Helmer Velásquez representante de ONG consultores aseguró que estas reformas constituyen un golpe bajo a la democracia y que quienes la aprobaron "representan un continuismo de la pasada legislatura, dominada por el ‘pacto de corruptos’, que ahora demuestra su alta capacidad de reciclarse y de nuevo ubicarse en el poder’".

Velásquez aseveró que estas reformas constituyen un atentado a la libre organización y pretende acallar la voz política de las ONG y otras entidades, "dado que por lo vago de su redacción, se constituye en una amenaza para otras formas de organización social como asociaciones de base y campesinas constituidas como asociación. Pues la interpretación de ONG puede ser muy amplia".

El consultor de ONG afirmó que uno de los artículos más críticos es el artículo 6 bis de la reforma, que cita que los líderes de la organización responderá con su patrimonio. "Se amenaza a los agremiados de las organizaciones sociales de perder su patrimonio, como la casa o lo poco que tengan, lo cual no se exige a las corporaciones y políticos en cargos públicos, ni siquiera a los corruptos enjuiciados, pues a estos se les extingue el patrimonio obtenido con la corrupción, y no su patrimonio original".

Velásquez también señaló como una medida de represión que la reforma también ordena que la ONG "que altere el orden público será cancelada de inmediato, y sus miembros no podrán ser miembros de otra organización similar durante por lo menos dos años". "Por acuerdo de la autoridad respectiva, – el Ministerio de Gobernación queda facultado para disolver o cancelar de oficio a la ONG que altere el orden público. También se podrán disolver a pedido del Ministerio Público".

"Es decir, que deja a la organización social a la discrecionalidad de un funcionario público que decida a su particular juicio cuando la ONG altera el orden público o que sus actividades son contrarias a la ley para pedir su disolución, pero quien y cómo se califica", analizó Velásquez.

Cierre de espacios
Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) aseguró que "la nueva ley de ONG es un claro atentado contra la libertad de asociación, reunión y expresión".

"Las reformas pueden resultar en el cierre de espacios cívicos importantes y la suspensión o cancelación de manera discrecional de organizaciones que defienden los derechos humanos, apoyan el combate a la corrupción y trabajan por una mayor rendición de cuentas de parte de las instituciones gubernamentales", señaló Beltrán por medio de un comunicado de prensa.

(Publicado por Prensa - Libre - Guatemala, 13 febrero 2020)
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