La división de la constructora brasileña, Odebrecht Latinvest, introdujo una demanda contra el Estado peruano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
La noticia se dio a conocer este miércoles, un día después de que la constructora formalizara la demanda ante el tribunal del Ciadi.
Según publica el diario El Comerico, que tuvo acceso al documento suscrito por los directores de Odebrecht, la demanda es en respuesta a lo que califican como "un golpe muy fuerte" que sufrió la constructora tras la cancelación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano.
Además de Odebrecht, la concesión estaba constituida por la española Enegás y la peruana Graña y Montero.
La constructora brasileña está solicitando una indemnización de US$1.200 millones, argumentando que Perú violó sus obligaciones establecidas en el Convenio entre el país andino y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, cita El Comercio.
La compañía señala en la demanda que busca cumplir con sus acreedores financieros y aseguradores internacionales.
Explica que el término de la concesión fue realizado con "desvío de finalidad, motivados por intereses personales" para expulsar a la empresa del país y evitar que el proceso de colaboración pudiera avanzar.
Odebrecht acusa de estas acciones al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
En el documento de la demanda -añade El Comercio- se precisa que Odebrecht buscó un acuerdo con los ministerios de Energía y Minas y de Economía ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio por el que la compañía buscaba recuperar su inversión; pero las conversaciones fracasaron.
Tras el ingreso de esta solicitud, el Ciadi deberá revisar la demanda para luego aceptarla o rechazarla. En caso de que proceda, se conformará un tribunal para que ambas partes hagan uso de su defensa.
La empresa Graña y Montero también había presentado una solicitud ante el CIADI para iniciar una demanda de arbitraje contra Perú por el mismo proyecto, pero se retractó en diciembre pasado y retiró el pedido.
Fiscalía de Lava Jato evaluará demanda. El fiscal cordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, solicitó a Odebrecht una copia de la denuncia presentada contra el Estado peruano ante el Ciadi para "evaluar la compatabilidad o no de este documento con el reconocimiento de la responsabilidad en el caso Gasoducto (Sur Peruano)".
Vela señaló que Odebrecht reconoció su culpabilidad en el caso del Gasoducto Sur Peruano, a través de información obtenida en los sistema Drowsys y My Web Day, donde se "puede confirmar que parte de dichas programaciones de pago, efectivamente fueron ejecutadas a través de recursos no contabilizados" inclusive en el referido proyecto.
"Dicho reconocimiento de culpabilidad en el proyecto Gasoducto Sur Peruano tiene consonancia directa con las obligaciones que la persona jurídica colaboradora asumió en el marco de la sentencia de colaboración eficaz", añade.
El fiscal deja constancia que Graña y Montero, mediante acta fiscal de entendimiento mutuo para la culminación de colaboración eficaz, "reconoce y acepta la comisión de hechos ilícitos en la carpeta fiscal 12-2017 Gasoducto Sur Peruano".
"Por ello, se desiste de la solicitud de arbitraje presentado ante el CIADI vinculado al proyecto Gasoducto Sur Peruano y renuncia toda pretensión o reclamo de cualquier naturaleza al Estado", señala.
En el documento se detalla que el demandado es el Ministerio de Economía y Finanzas. El CIADI deberá ahora revisar la demanda para luego aceptarla o rechazarla. De aceptarla, se deberá conformar un tribunal en el que ambas partes harán uso de su defensa.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que ejercerá su derecho a defenderse y que se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias.
Después de Brasil, Perú es el país donde más fuerza ha cobrado el escándalo de Odebrecht. Los cuatro presidentes peruanos más recientes están bajo investigación en relación con supuestos sobornos pagados por Odebrecht.
Informe de la Contraloria de Perú
Cabe precisar que un informe de Contraloría detectó una serie de irregularidades cometidas durante la adjudicación del GSP. En concreto, según da cuenta la auditoría de cumplimiento sobre el proceso de concesión se hallaron cinco irregularidades.
1.- Se aprobó las bases del concurso sin que estas incluyan un sistema de evaluación para determinar la propuesta técnica más conveniente, con lo que no se tenía la certeza de que la propuesta ganadora sea las convenientes para los intereses del Estado.
Según la pesquisa de la Contraloría, las bases especificaban que en caso no se presentara alguno de los documentos requeridos (como el Sobre No. 2 con la propuesta técnica), el postor precalificado quedará descalificado del concurso, es decir, las bases exigen únicamente el cumplimiento de la obligación de presentar la documentación, más no establece un sistema de evaluación de contenido para determinar la propuesta más conveniente técnicamente para el Estados peruano.
Ello pese a que el artículo 25 del Decreto Supremo No. 059-96-PCM (TUO) establece que la concesión se otorgará al titular de la propuesta técnica y económica más conveniente. Lo mismo ocurre con el artículo 20 del Decreto Supremo No. 060-96-PCM establece que el Comité Especial procederá a evaluar las propuestas, teniendo en consideración, entre otros, el criterio de las condiciones técnicas.
2.- En la versión del contrato se modificaron las cláusulas que permiten el cambio del operador calificado, eliminando la exigencia que el reemplazante cumpla con los requisitos establecidos en la precalificación y la autorización del concedente, beneficiando al concesionario.
3.- Se descalificó al postor a pesar que las bases no prevén la transgresión insubsanable atribuida, ocasionando la afectación del principio de competencia y que no se tenga la propuesta económica menor que la propuesta ganadora en aproximadamente US$ 136’000,000.
4.- La evaluación económica-financiera del proyecto no sustenta los valores proyectados de las reservas de gas que satisfagan la demanda para el suministro del Gasoducto, lo que no garantiza la sostenibilidad del proyecto.
5.- No se estableció una garantía de reservas disponibles de gas ni gestionó los compromisos de uso de servicio de transporte de los consumidores iniciales, exigidos en la matriz de riesgos y la normativa pertinente, poniendo en riesgo la sostenibilidad del proyecto.
(Publicado por El Comercio, Gestión y Agencias - Perú, 6 febrero 2020)
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