Según el proyecto de ley, los agentes residentes deberán estar registrados en la Superintendencia de Supervisión y Sujetos no Financieros y tendrán que subir a una base de datos información de los beneficiarios finales de las compañías que representan (cédula o número de documento de identidad, domicilio, fecha de nacimiento y nacionalidad).

Ramón Anzola, directivo de la Asociación de Abogados Internacionales, advirtió del riesgo que acarrearía una filtración de la información contenida en el registro. "Se perdería la confianza en Panamá como institución y sector financiero. Las repercusiones de un sistema de registro que no sea robusto y que no involucre los mejores proveedores va a tener consecuencias más allá de una filtración de información".

Multas

Representantes de los gremios de abogados solicitaron que se rebajen las multas a las que estarían expuestos los agentes residentes por incumplir con el registro de información de beneficiarios finales.

El Ministerio de Economía y Finanzas promueve la creación de un registro con información personal de los beneficiarios finales de las sociedades constituidas en Panamá.

Según el proyecto de ley que crea este registro, que ayer se comenzó a discutir en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, los agentes residentes se exponen a multas entre $1,000 y $80,000 por no registrar a las sociedades que representan, y a multas entre $1,000 y $40,000 por no actualizar la información de las compañías.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó que esas sanciones no son proporcionales a lo que cobra un abogado por prestar estos servicios.

Miembros de la comisión, que se reunirán hoy martes para dialogar sobre las propuestas planteadas, se manifestaron a favor de corregir los montos de multas contemplados en el proyecto de ley.

Por su parte, David Saied, director de la Unidad de Análisis Financiero, dijo que lo que se busca con la ley es que los agentes residentes se registren e incorporen la información sobre los beneficiarios finales para hacer más ágil y efectivo el acceso a la información. Explicó que, en ocasiones, cuando las autoridades panameñas reciben un requerimiento de información sobre una sociedad desde un país extranjero, resulta que el agente residente que la creó no está inscrito en la Unidad de Análisis Financiero y tampoco en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. "Mientras tanto corre el tiempo de la solicitud que hizo la autoridad del otro país y piensan que Panamá no quiere cumplir". Esta es una de las iniciativas legales que adelanta Panamá para fortalecer su marco legal en materia de prevención de blanqueo de capitales y evasión fiscal y que también tiene como objetivo salir de listas discriminatorias.

(Publicado por La Prensa - Panam''a, 17 diciembre 2019)
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