La oficina central de la Interpol, ubicada en Lyon, Francia, ya recibió la petición de detención de la Justicia brasileña para levantar la difusión roja contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartes, quien supuestamente ayudó en la clandestinidad a su hermano del alma Dario Messer.
El fiscal de asuntos internacionales paraguayo, Manuel Doldán, aclaró que Paraguay no tiene injerencias en el proceso y que no maneja los tiempos, pero que la Interpol de Brasil ya remitió hace unos días la orden contra Cartes a la central en Francia.
En ese sentido, puso como ejemplo el pedido de detención internacional realizado hace dos meses por la Justicia paraguaya contra el empresario español Fernando Martínez Vela, por el caso de Rolando Chilavert, sin que el código rojo haya sido activado hasta el momento.
El agente explicó que el pedido debe ser analizado por la Secretaría General de la Interpol y también por la Comisión de Control de Ficheros, que es un órgano independiente que garantiza que todos los datos personales tratados por la Interpol sean conformes con la normativa de la organización.
Por otra parte, indicó que este martes de madrugada viajará la comitiva fiscal paraguaya para interiorizarse sobre la imputación que formuló el Ministerio Público de Brasil contra Cartes y otras siete personas, en el marco del operativo conocido como Patrón.
Asimismo, mencionó que hay informaciones que hasta el momento no fueron reveladas por el Ministerio Público brasileño, atendiendo a que son reservadas en el proceso, por lo que se logró que los fiscales paraguayos viajen para que puedan acceder a la investigación.
Una vez que se active la notificación roja, un juez penal de garantías local podrá emitir una orden de detención nacional con fines de extradición.
La defensa de Cartes en el vecino país presentó este lunes un nuevo pedido de hábeas corpus para intentar levantar la orden de detención contra el ex mandatario, pero esta vez lo hizo ante el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, luego de que se le denegara la medida cautelar.
Para la Justicia brasileña, Cartes ayudó a esconder patrimonios de Messer y le brindó una ayuda económica de USD 500.000 durante el tiempo en el que estuvo prófugo de la Justicia local y brasileña. Esta entrega de dinero supuestamente se realizó a través del empresario Roque Silvera.
La Fiscalía brasileña requirió también la detención de la abogada Leticia Bóbeda, de Felipe Cogorno Álvarez, directivo de Shopping China; del mayor accionista de Fe Cambios, Édgar Ceferino Aranda Franca; y de su gerente José Fermín Valdez, como también de Lucas Lucio Mereles Paredes, vinculado a Cambios Yrendague, y de Jorge Alberto Segovia, de Forex SA.
Messer fue detenido en Brasil por supuestamente liderar una red de lavado de dinero que habría movido alrededor de USD 1.652 millones a través de varios países, mientras que en Paraguay se lo investiga por lavar supuestamente alrededor de USD 100 millones con su hijo Dan Wolf Messer, el primo de Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, y otro empresario.
MP
Muy “magnánimo”, el expresidente Horacio Cartes se puso “a disposición” del Ministerio Público y ofrece su colaboración en las pesquisas que debieron comenzar hace mucho tiempo. ¿Era necesario este gesto, que es como decirle a la Fiscalía General del Estado: “Ahora me pueden investigar”? En verdad, es como para creer que se necesitaba esa “autorización” del exmandatario, porque hasta el momento existía la sensación de que la Fiscalía tenía terror de incursionar en lo que para su titular y sus agentes parecía un “campo minado”. Debe recordarse que, en el pasado, los personajes sospechados de grandes robos u otros delitos pasaban a la clandestinidad, mientras sus abogados arreglaban la situación, para que después el prófugo se ponga “a disposición”, ya con su caso todo resuelto. Eso mismo ocurrió con el propio Horacio Cartes en el caso de la evasión de divisas del Banco Central, cuando se dio a la fuga y, precisamente, en ese tiempo fue acogido por la familia Messer en Ponta Porã, hasta que se puso “a disposición de la Justicia” y cumplió una muy breve condena de cárcel.
El Ministerio Público no se tomó la molestia de investigarlo al menos desde que en abril de 2018 la Seprelad le hizo llegar un reporte del Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones sospechosas del “hermano del alma” Darío Messer, en cuya fuga y ocultamiento la Justicia brasileña involucra al expresidente. La “noble” actitud de ponerse “a disposición” la tuvo Cartes ¡en su doble carácter de “senador vitalicio y senador electo”!, comprometiéndose, además, a colaborar en las pesquisas. Le comunicó “oficialmente” al Ministerio Público que está procesado por ese hecho punible en el Brasil y que, como habría sido cometido en nuestro país, hay aquí una cuestión de “soberanía e independencia”, que las autoridades nacionales deben investigar.
He aquí un motivo más para que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se sienta muy agradecida a quien la nombró en tal carácter, luego de haber contado con su respaldo desde un principio. Se diría que le dio permiso para que cumpla con su deber de indagar, lo cual era innecesario. En efecto, según se desprende del art. 5º de la Ley N° 1562/00, concordante con el 18 de la misma normativa y con el 315 del Código Procesal Penal: “La persecución penal de los hechos punibles de acción pública será promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión”.
Dado que la fiscala general del Estado no se habría enterado de la orden dictada por el juez federal brasileño, nada hizo aparte de disponer, tres días más tarde, que cinco agentes fiscales viajen a Río de Janeiro para enterarse de algunas cosas. En vista de que ahora ya habrá tomado noticia del delito atribuido a su benefactor de otrora, es de suponer que promoverá cuanto antes la persecución penal que la ley dispone y que hallará la amable comprensión de Horacio Cartes.
El órgano equivalente del país vecino señaló también que el anterior jefe de Estado estuvo “alineado” a una organización criminal brasileña y que ahora su poder político –no inferior al económico– le permitiría impedir que las autoridades de investigación lo alcancen. En efecto, no lo alcanzaron hasta la fecha, por la simple razón de que, por un motivo quizá inconfesable, Sandra Quiñónez creyó conveniente cruzarse de brazos, ignorando la ley para no molestar a alguien. ¿Se dará cuenta de la situación ridícula en la que le ha puesto Horacio Cartes, de cara a la opinión pública, afectando gravemente la dignidad de su alto cargo? Pudo haberle llamado por teléfono y darle “luz verde” para investigarlo, pero, se puso públicamente a disposición como diciendo: “a mí me investigan cuando yo quiera”. No dio precisamente la impresión de ser un hombre sujeto a las leyes. Demostró así que la fiscala general del Estado ha sido incapaz de actuar sin su previo consentimiento, pese a que el art. 2° de la Ley N° 1562/00 dice que el Ministerio Público debe obrar con “independencia de criterio” y ejercer sus funciones “sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura”.
Según el art. 50 de la misma ley, la fiscala general del Estado tiene la atribución de “unificar la acción del Ministerio Público, establecer las prioridades en el ejercicio de sus funciones, tomar las medidas convenientes al efecto y emitir instrucciones generales o particulares”. Siendo obvia la enorme importancia del caso Cartes-Messer, Sandra Quiñónez no dispuso, ni mucho menos, que su esclarecimiento fuera uno de los más urgentes. Al contrario, solo debido a la resolución del juez federal brasileño, decidió el viaje de sus subordinados para que se enteren de lo que debieron haber sabido desde hace mucho.
La titular del Ministerio Público ha desempeñado muy mal sus funciones, de modo que si no tiene la decencia de renunciar, la Cámara de Diputados haría bien en promover su juicio político. Es deplorable que, con su inacción, haya perdido la autoridad moral que pudo haber ganado con actuaciones anteriores. Al dejar de lado claros mandatos legales, ha puesto en serio entredicho tanto su independencia personal como la autonomía del órgano que representa a la sociedad ante la judicatura. Sandra Quiñónez ya no garantiza que la ley rija para todos por igual y expone al Ministerio Público al bochorno.
Se debe rescatar la Justicia paraguaya de las garras de los políticos poderosos, de los delincuentes de guante blanco y de sus agentes pusilánimes o corruptos.
(Publicado por Última Hora y ABC - Paraguay, 26 noviembre 2019)
________________