Consideran los magistrados, que a pesar de la independencia judicial lograda gracias a la alta cualificación de jueces y magistrados, la apariencia externa es de "dependencia, porque económicamente dependemos del poder ejecutivo, sea central o autonómico. Y no disponemos de mecanismos para asegurar el cumplimiento y especial diligencia del poder ejecutivo a la hora de proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desarrollo de su función con eficacia".

Expediente judicial
También, dicen que los accesos al expediente judicial y a las sedes judiciales electrónicas, para verificar la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a través del Código Seguro de Verificación (CSV), deben incorporar un control de trazabilidad que permita identificar al usuario y comprobar la legítima finalidad del acceso.

Así, abogan porque se refuerce la seguridad judicial electrónica garantizando la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico, aunque reconocen que su implantación proporciona una mejor accesibilidad al mismo.

Violencia de género
En cuanto a la violencia de género, destacan "la necesidad de racionalizar definitivamente la jurisdicción completando la especialización y comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, de forma que todas las causas sean instruidas en órganos especializados y enjuiciadas ante juzgados penales que también estén especializados".

Los magistrados proponen a el pleno desarrollo y la dotación efectiva de las Oficinas de Asistencia a Víctimas, con unos equipamientos en las dependencias judiciales "que incluyan espacios reservados para las víctimas, que les garanticen unas condiciones mínimas de seguridad y confort".

Desde la perspectiva de la prevención proponen fortalecer la asistencia jurídica a las mujeres en situación de violencia de género, que se intensifiquen los protocolos –sanitarios, policiales y asistenciales- para la detección de estas situaciones, y el refuerzo de los medios que permiten el control de medidas cautelares cuando el asunto se judicializa.

En estas jornadas, también se han abordado asuntos de organización interna en los Tribunales Superiores, tales como el rediseño de las Salas de Gobierno, las Secretarías de Gobierno y las propias Presidencias de los TSJ o sobre las medidas de refuerzo en los órganos judiciales.

Violencia en Cataluña
Finalmente, los presidentes de los TSJ expresan, en su declaración institucional, su "más enérgica condena" a la violencia así como el respaldo a los miembros del Poder Judicial en Cataluña y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Manifiestan que "las sentencias de los tribunales son susceptibles de crítica, pero ro dentro de un orden constitucional, todos los ciudadanos y especialmente los poderes públicos, tienen no solo la obligación general de respeto al orden jurídico, sino de acatamiento y ejecución de las sentencias judiciales".

(Publicado por El Economista - España, 23 octubre 2019)
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