La fiscalía Especial Anticorrupción, representada por la fiscal Tania Sterling, alcanzó un acuerdo de pena con Cort a finales de noviembre de 2018. El Ministerio Público, según consta en un documento al que tuvo acceso este diario, convenía que no presentaría cargos distintos a los de la imputación en cuestión, ni derivados de la misma.

Los cargos de la fiscal Sterling contra el abogado se resumían en delitos de blanqueo de capitales por mantener cuentas en Banca Privada de Andorra que serían empleadas para pagar sobornos a funcionarios panameños.

Las sociedades Cort Business Brokers & Consultors Inc., Arados de Plata, Neecel Corp y Fundación MCJJ eran las receptoras de las transacciones, según las investigaciones. Cort Business Brokers & Consultors Inc. recibió $7.4 millones de sociedades vinculadas a Odebrecht.

En el acuerdo con la fiscalía también se estableció que la sociedad Arados de Plata, propiedad de Cort, recibió $3.4 millones en noviembre de 2012, dinero supuestamente relacionado a los servicios prestados por el abogado para que la constructora FCC se adjudicara obras en Panamá.

A finales de junio de este año, Cort fue detenido de manera preventiva por el supuesto pago de comisiones, a través de la misma sociedad anónima, para la adjudicación del proyecto Corredor Vía Brasil. Por lo que la defensa del abogado alega que el Ministerio Público incumple el acuerdo de pena al que se había comprometido con el acusado, tal como ocurrió con el empresario Raúl de Saint Malo, quien se declaró culpable de delitos de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht para optar por reemplazar la pena de prisión de 60 meses por trabajo comunitario.
Cort también era un enlace entre funcionarios panameños y FCC para que ganara proyectos de infraestructura pública a través de supuestos sobornos del 10%.

El abogado realizó numerosas gestiones para la constructora, particularmente dentro del Ministerio de Obras Públicas, entre 2009 y 2014. Por facilitar el acceso a las obras, Cort recibiría una retribución del 4% de la obra, según el diario El País de España.

Cort mantenía un contrato de trabajo con la empresa española a través de la sociedad Arados del Plata S.A. Las gestiones permitieron que la empresa se adjudicara obras del Hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas ($142 millones), de la sede del Tribunal Electoral ($31 millones) y la rehabilitación del Puente Centenario ($29 millones) en el mismo periodo.

FCC también construyó el Corredor Vía Brasil (tramos I y II a un costo de $306 millones), obras que fueron objeto de sobreprecios, según auditorías de la Contraloría General de la República.

A la empresa española, además, se le adjudicó la Ciudad Hospitalaria ($517 millones) en octubre de 2011. Y, en asociación con la constructora brasileña Odebrecht, se encargó de construir las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá ($4,000 millones) en los gobiernos de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.

Información a la que ha tenido acceso este diario indica que un representante de la empresa FCC se conoció con el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, el expresidente Ricardo Martinelli y el entonces vicepresidente Juan Carlos Varela en Santo Domingo, República Dominicana, en una reunión en la casa de un empresario, semanas o posiblemente meses antes de que ganaran las elecciones en alianza. Era una reunión sencilla donde la constructora hizo gala de su presencia en Panamá, en la que también participaron otras empresas del sector hotelero.

Otra obra que se ganó fue el acceso al cauce del Pacífico del Canal de Panamá ($206), en consorcio con otras dos constructoras.

La Estrella de Panamá conoció que la empresa intentaría alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades panameñas en las próximas semanas. La información que trascendió al medio es que las autoridades judiciales barajan aplicarle una multa de $20 millones a la empresa que ha contratado obras por más de mil millones.Otro punto a establecer en el acuerdo sería levantar los cargos a la constructora después de alcanzado el acuerdo para seguir operando en el país.

La Estrella de Panamá intento, sin éxito, contactar a la abogada Marjorie Wells de Mejía, quien estaría representando a la empresa española en el proceso, para conocer su postura del tema. En dos ocasiones, este medio se comunicó con el bufete donde labora la abogada, se dejó mensajes indicando la intención de conocer una postura, pero al cierre de la edición no se recibió una respuesta.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público indicó que no ha realizado acuerdo con esta empresa.

Los acuerdos de colaboración con empresas que han participado en actos de corrupción no son vistos con buenos ojos por la sociedad.

"(Los acuerdos) no son fiables, pero aparte no han dejado buenos resultados. No creemos en los acuerdos", señaló el abogado Ernesto Cedeño, quien explicó que por la investigación de Odebrecht solo hay una persona detenida: Raúl de Saint Malo.

Cedeño considera que la "confidencialidad" con la que las autoridades llevan los acuerdos despierta "malicia" en el manejo del proceso. Por último, recalcó que debe existir una legislación que impida que las empresas confesas de actos de corrupción continúen contratando con el Estado.

El constitucionalista Miguel Antonio Bernal expresó que el Ministerio Público elude sus funciones y apadrina actos delictivos de personas del pasado y del presente gobierno a los que interesa proteger.

Bernal hace referencia a que la investigación contra la empresa está relacionada a un periodo presidencial, el de Martinelli. Pero, la empresa no solo ganó contratos en esta administración de gobierno.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, destacó que los acuerdos de pena y de colaboración eficaz son objeto de críticas ciudadanas por la poca comunicación que existe sobre los temas que son negociados.

"Vale la pena revisar la legislación que regula los acuerdos para que sea adecuada y se permita la publicidad de los mismos", señaló el presidente del gremio de juristas.

Araúz indicó que la mayor duda de la sociedad sobre los acuerdos de pena y colaboración eficaz está relacionada a la información que aporta la empresa acusada de corrupción y si merece este tipo de beneficio.

Acuerdo de delación

La constructora de uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, está por declararse culpable de haber pagado coimas en Panamá. Esto se haría a través de un acuerdo de colaboración que se firmaría en las próximas semanas con el Ministerio Público de Panamá. Se trata de la empresa con sede en España, Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), inscrita en Panamá como FCC Construcción América S.A., la cual estaría reconociendo el supuesto pago de comisiones ilegales en Panamá por varios millones de dólares, además de declararse culpable de los delitos de corrupción de funcionarios públicos y contra la administración pública, de acuerdo con documentos que llegaron a esta redacción.

El expediente –hasta hoy mantenido en secreto- fue armado por la fiscal Ruth Morcillo y apunta sólo al periodo 2009-2014 (gobierno de Ricardo Martinelli) y que tiene como base las delaciones premiadas de dos ex ejecutivos de FCC: Julio Casla García y Eugenio del Barrio Gómez. Los dos ejecutivos fueron indagados por primera vez por el Ministerio Público entre el 19 y el 25 de junio pasado en las oficinas de la embajada de Panamá en Madrid.

Actualmente Del Barrio es alto ejecutivo de la empresa OHL, que tiene múltiples negocios en Panamá con el Estado, mientras que Casla trabaja en otra empresa de construcción, según las delaciones premiadas de ambos ejecutivos, a la que tuve acceso La Estrella de Panamá.

Entre los contratos investigados se encuentra el tramo 1 y 2 de la ampliación de la Vía Brasil por 306 millones de dólares, la ciudad hospitalaria por 517 millones dólares, el hospital Luis Chicho Fábrega por 127 millones de dólares, y además se menciona la línea 1 y 2 del Metro de Panamá en sociedad con Odebrecht, debido a una posible compra de acero con sobreprecio a la empresa Quality Steel. Según declaró Casla, se habría comprado a la empresa Quality Steel para el Metro, la tonelada de acero a un costo de 2,000 dólares cuando el precio en el mercado estaba entre 800 y 850 dólares. Es decir, unos 1,200 dólares por sobre su valor de mercado.

En el acuerdo con la empresa, el Ministerio Público de Panamá acepta levantarle todos los cargos a FCC, le establece una multa de apenas 20 millones de dólares, y ambas partes se comprometen a mantener en secreto el acuerdo de colaboración aun por firmar y las declaraciones de los dos ex ejecutivos.

El Ministerio Público no tiene buen récord en estos últimos puntos: ya ha incumplido en otros casos de alto perfil, entre ellos el del empresario Raúl de Saint Malo que denunció haber recibido presiones del Ministerio Público y el propio ex presidente Juan Carlos Varela para involucrar a terceras personas en sus indagatorias sobre otro caso de corrupción, y finalmente no le cumplieron el acuerdo que en principio le permitiría el reemplazo de su condena por trabajo comunitario. Hoy está preso.

En el caso de la empresa de Slim, dos ex ejecutivos de FCC declararon que reconocen que la empresa habría pagado coimas equivalentes al 10% de los contratos que ganaron en el periodo investigado, de acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso este diario.

En las indagatorias, Del Barrio y Casla señalan a una serie de ex funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli. Según las delaciones, los ejecutivos no aportaron otras pruebas. Ambos, Del Barrio y Casla, solo dicen tener la seguridad que los supuestos pagos, en concepto del 10% de los proyectos adjudicados, se hicieron a una sociedad anónima denominada Arados de Plata. Dicha sociedad fue nombrada en otro caso, el escándalo Odebrecht, por el que el Ministerio Público ya hizo un acuerdo de pena.

El Ministerio Público de Panamá le propuso a la empresa de Slim firmar un acuerdo de colaboración que supuestamente lo exoneraría de una investigación similar en España en apego a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a cambio de aceptar el pago de coimas en Panamá. En España la Justicia tiene un caso abierto, aunque todo el proceso depende de lo que Slim arregle en Panamá.

En el acuerdo propuesto por el Ministerio Público de Panamá, la empresa FCC solo pagaría una multa de 20 millones de dólares. En el periodo investigado, la empresa FCC facturó casi mil millones de dólares en tres proyectos donde la empresa participó individualmente, mientras que en consorcio con Odebrecht facturó otros 2 mil 200 millones de dólares por la línea 1 y 2 del Metro de Panamá. Tanto los dos delatores como la empresa contrataron para este proceso a abogados vinculados al magistrado Jerónimo Mejía, según los documentos obtenidos.

El abogado principal de la empresa, y encargado de negociar con el Ministerio Público, es Marjorie Wells de Mejía, del bufete Mejía & Asociados.FCC también se aseguro –según los documentos- que el Ministerio Publico no le formule cargos, tanto ahora como el futuro, lo que le permitiría seguir operando en el país.

El acuerdo preliminar ha sido negociado por la esposa del magistrado Mejía, la abogada Marjorie Wells de Mejía, en representación de la empresa de Slim.

Por la parte del Ministerio Público, la fiscal Ruth Morcillo se encargó de armar el expediente asegurando que no se mencionara a ninguna figura del gobierno de Martin Torrijos (2004-2009) o Juan Carlos Varela (2014-2019). Morcillo viajó nuevamente a España el 19 y el 18 de septiembre pasado a tomar ampliación de las indagatorias de Del Barrio y Casla.

Carlos Slim tomó el control accionario de FCC en 2015, sin embargo, sigue teniendo como socios a la familia de Esther Kolowitz, que estaban al frente de la empresa cuando se habrían dado los contratos investigados en Panamá.

OHL, el Metro y una extraña coincidencia

El consorcio integrado por el grupo OHL (España) y Mota-Engil (Portugal) se adjudicó la licitación para la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá -por un monto de más de 177 millones de dólares- el 24 de julio de 2018, durante el año final del gobierno de Juan Carlos Varela. Justamente, Eugenio Del Barrio fue durante la licitación -y aún es hoy- uno de los principales directivos de OHL para América Latina , encargado de desarrollo de negocios.

Juan Carlos Varela le entregó la extensión de la Línea 1 del Metro a OHL –empresa en la que trabaja Del Barrio, que realizó múltiples viajes al país- en medio de la negociación entre el Ministerio Público y el ejecutivo, quien finalmente aceptó firmar una delación premiada por su trabajo en su anterior empresa, FCC de España. Lo hizo el 24 de junio de 2019, y centró sus testimonios solo en el período 2009-2014.

Actualmente, Del Barrio continua al frente de OHL para la región, y según el acuerdo que firmó –al que tuve acceso este diario- el Ministerio Público no fijó aún ninguna pena contra el ejecutivo.

(Publicado por La Estrella - Panamá, 15 octubre 2019)
_____________