El proyecto fue incluido en la agenda de sesiones extraordinarias convocadas, hasta el 30 de junio, por el presidente Juan Carlos Varela.

Previamente, el presidente de la comisión Nelson Jackson Palma opinó que el Estado debía revisar las regalías que recibirá por la extracción de cobre que realizará la empresa First Quantum, dueña de Minera Panamá, que opera en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

En contra del proyecto, votaron los diputados Jackson (CD), Mario Miller (CD), Iván Picota (PRD), Athenas Athanasiadis (PRD) y Rosa Canto (PRD). El panameñista Jorge Alberto Rosas se abstuvo de votar. La comisión la completan Absalón Herrera (CD) y los panameñistas Luis Eduardo Quirós y Miguel Salas, quienes no acudieron a la sesión.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura consideró que la decisión del órgano legislativo envía un mensaje de inseguridad jurídica a los inversionistas locales y extranjeros, y recordó que las proyecciones de crecimiento económico -de 4.5% para el año 2019 y de 5.6% para 2020- están basadas en las exportaciones de cobre que Minera Panamá debe iniciar el próximo mes.

La comisión inició la discusión del proyecto de ley 766 este miércoles 29 de mayo. Jackson, diputado del opositor Cambio Democrático (CD), consideró que el daño ambiental no justifica el 2% de regalía que la empresa entregará al Estado y comentó que, como mínimo, debería recibir 10%.

First Quantum se prepara para iniciar la exportación de concentrado de cobre en el mes de junio y para este año espera vender entre 140 mil y 170 mil toneladas de concentrado de cobre.

Según el contrato ley 9 de 1997, aprobado bajo la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, por la extracción de cobre, oro y plata, el Estado recibirá el 2% de la venta bruta de cada mineral.

El año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicho contrato. Según el MICI, el fallo, a la fecha, no se ha ejecutoriado, "pues aún no se han resuelto una serie de memoriales presentados, por una parte, por Minera Panamá, incluyendo aclaración y reconsideración en contra del referido fallo y, por la otra, por parte del MICI, que presentó solicitud de aclaración de fallo, todos los cuales están pendientes de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia".

El MICI también considera que el fallo "no tiene efectos retroactivos y, por lo tanto, no afecta los actos emanados de la ejecución del contrato de concesión". No obstante, reconoce que dicha decisión de la Corte "indudablemente crea una incertidumbre innecesaria sobre el proyecto" y afecta la imagen de la República de Panamá "como país que protege la seguridad jurídica de las inversiones". Por tal razón, envió el proyecto de contrato ley a la Asamblea, "y de esa manera descartar cualquier duda sobre la aplicabilidad" de la concesión de Minera Panamá.

Hasta ahora, la minera representa -según el MICI- una fuente de inversión extranjera superior a los 6 mil millones de dólares.

El diputado Jackson indicó que se dará participación a los diversos sectores que acudan a la comisión, y aclaró que la junta directiva de CD no ha dado ninguna instrucción respecto a esta discusión.

Las declaraciones de Jackson se producen luego de que este martes 28 de mayo, la bancada del Partido Revolucionario Democrático afirmara que no apoyaría ese contrato ni las 12 designaciones que envió Varela para su respectiva ratificación.

Respaldo - MICI respalda a minera pese a voto negativo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) indicó que Minera Panamá puede seguir operando pese a la postura de ayer de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional de no aprobar en primer debate el contrato bajo el cual se le dio la concesión a Minera Panamá, y que hoy se encuentra en medio de un vacío legal.

El Gobierno buscaba ratificar dicho contrato enviando el proyecto 766 para su aprobación a la Asamblea Nacional, luego de que se generaran dudas sobre la legalidad bajo la cual opera la mina.

Melva D'anello, directora de Asesoría Legal del MICI, comentó que el fallo que emitió en septiembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de Minera Petaquilla, hoy Minera Panamá –al considerar que no se utilizaron los criterios fijados en el Decreto de Gabinete 267 de 1969 sobre concesiones mineras para el área de Donoso–, no se ha ejecutoriado porque no se han resuelto otros recursos legales.

Sin embargo, lo que ha dicho la Corte no deja de generar ruido en la operación minera. De allí que Eduardo Palacios, ministro encargado del MICI, señaló que el contrato llevado a la Asamblea, que es una réplica del original, pretendía proteger la inversión extranjera en el país. El 14 de junio se realizará la primera exportación de concentrado de cobre, y la conyuntura actual envía un mensaje negativo a los inversores que están analizando llegar al país, dijo el funcionario.

En contra del proyecto, votaron los diputados Nelson Jackson (CD), Mario Miller (CD), Iván Picota (PRD), Rosa Canto (PRD) y Athenas Athanasiadis (PRD). El panameñista Jorge Alberto Rosas se abstuvo.

A través de un comunicado, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, indicó que confía en que el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía.

La compañía, que ha invertido $6 mil 300 millones en el proyecto desde que adquirió la concesión en 2013, se respalda en el aporte que le dará a la economía: un 3% del producto interno bruto a partir de 2020.

La empresa minera fue apoyada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que ve con preocupación la decisión de los seis diputados de la comisión que rechazaron el proyecto. “Uno de los principales activos de Panamá, y que ha sido herramienta para atraer el capital internacional, es su seguridad jurídica; pero estas decisiones envían un mensaje equivocado a los inversionistas locales y particularmente los de otras latitudes”, indicó Jorge Juan de la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio.

“A nosotros, como representantes de los principales sectores de la empresa privada en el país, nos inquietan las consecuencias que esto puede tener sobre la economía; al igual que sobre la imagen y reputación de Panamá”, acotó.

Rechazo generalizado

Fuera de los argumentos a favor del contrato emitidos por los funcionarios del MICI, ayer todas las intervenciones en la Comisión de Economía fueron contra la intención del Ejecutivo de blindar la inversión minera antes de abandonar el poder a finales de junio.

Voceros del Centro de Incidencia Ambiental, organización que interpuso el recurso de inconstitucionalidad hace 10 años y que fue aceptado el año pasado por la Corte Suprema, indicaron que el contrato es leonino y calificaron como migajas las regalías del 2% al Estado.

El presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, Donaldo Sousa, indicó que el rechazo al intento de legalizar el contrato no solo se trata de las bajas regalías, sino de lo que perderá el país con la operación de la mina.

“El ecosistema panameño no está preparado para soportar una mina a cielo abierto y las pérdidas serán cuantiosas para el medio ambiente, así como para las comunidades aledañas a la obra”.

En este sentido, el alcalde electo del nuevo distrito Omar Torrijos Herrera, Eulalio Yangüez, comentó que en la renegociación del contrato debe incluirse esta nueva zona, que está dentro de un área protegida, ya que el documento solo menciona al distrito de Donoso.

"En nuestro distrito están ubicados los tres tajos que serán explotados por la mina, así que creo que es justo que los 6 mil habitantes que viven cerca del proyecto se beneficien de este desarrollo" , indicó.

(Publicado por La Prensa - Panamá, 30 mayo 2019)
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