Por otro lado, reveló que un 65.05 % de los 148 mil beliceños habilitados para votar participó en la consulta popular.

Desde 1821 Guatemala ha reclamado más de la mitad de Belice, incluidos varios cayos en el Mar Caribe, aunque en 1991 reconoció la independencia de ese Estado miembro de la Comunidad del Caribe.

A finales del siglo XVIII el territorio de lo que hoy es Belice fue ocupado por el Imperio Británico en afán de su expansión, como pasó en territorios de otros continentes. Debido a que el territorio de la Capitanía General de Guatemala aún era colonia española surgió un conflicto entre los reinos Español y Británico por la explotación del territorio beliceño.

En el convenio de la Paz de París de 1763, el Reino Español se comprometió a no intervenir en los territorios ocupados por los británicos, esto sin marcar ninguna circunscripción territorial.

En 1786 la corona española rectifica el límite territorial estableciéndolo desde el Río Sibún hasta el Río Hondo, afectando los intereses de los británicos.
Al firmarse la independencia en 1821 y los subsiguientes años de formación de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, distrajo a las autoridades de la situación del territorio ocupado por los británicos.

Consulta

La consulta popular en Belice, que busca poner fin de una vez por todas al diferendo limítrofe con Guatemala, el Partido del Pueblo Unido (PUP, en inglés), cuestionó la legalidad de la misma ante la CIJ, y presentó un recurso el 3 de abril último.

Los opositores en Belice quieren suspender el proceso, pero el constitucionalista y excanciller Gabriel Orellana expone que el amparo interpuesto en el sistema judicial beliceño no podría detener la consulta porque hay un tratado internacional de 2008 que firmaron las autoridades de Belice y Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El constitucionalista guatemalteco expuso que puede tener razonabilidad el argumento de los opositores beliceños en torno a que confiarle la delimitación de su país a la CIJ va en contra de la Constitución de su país.

Pero Orellana indicó que si en un plano hipotético la Corte Suprema de Justicia de Belice suspendiera definitivamente esa consulta, no se vería afectada en ningún momento porque las autoridades beliceñas aprobaron con su voluntad por medio de su asamblea legislativa el convenio internacional con Guatemala de llevar el caso a la CIJ.

"Es un acuerdo vinculante con obligación internacional porque es un tratado que firmó Belice y Guatemala ante la OEA", aseguró Orellana.

Consulta y obstáculos
Los opositores esperaban audiencia para exponer argumentos ante el juez Kenneth Benjamin, presidente del máximo tribunal de Belice. El procurador del gobierno beliceño se presentó a exponer las razones por las que promueven la consulta programada para el 10 de marzo de 2019.

Ese lunes el juez podría resolver, y de continuar más días el análisis del amparo interpuesto, se celebrará el referendo, pero los resultados no se harán oficiales hasta que se de resolución a la acción legal.

El Gobierno de Belice no se quedó de brazos cruzados y un día después apeló el amparo interpuesto por la oposición. Si se resuelve la acción interpuesta por el gobierno antes del miércoles próximo, queda disuelta la queja en la corte y el referendo se realizará sin contratiempos.

En caso la apelación no se otorgue a favor del gobierno y el juez ampare a la oposición, lo cual es la otra posibilidad, las autoridades de Belice y Guatemala tendrían que buscar lo antes posible la forma legal para celebrar el referendo.

Historial del caso
En 1783 la corona española autorizó permisos a las autoridades inglesas trabajar en un área de Belice. Cuando Guatemala se independizó de España el territorio concedido fue usurpado.
En 1859, con el tratado de Aycinena-Wyke, se cede el área del río Sabún y Sarstún a cambio de la construcción de un tramo vial, pero no se cumplió.
En 1863, a Gran Bretaña se obliga a pagarle a Guatemala el monto de 50 mil libras esterlinas, pero no se pagó.
En 1981, Inglaterra otorgó unilateralmente la independencia a Belice, la cual fue reconocida por Guatemala en 1991, pero no se reconoció el territorio en ocupación.
Con varios análisis en 2005 se suscribió un acuerdo de medidas de confianza entre Belice y Guatemala.
En el 2008 se establece el acuerdo especial para someter el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia.
Semanas antes de firmar el acuerdo especial, en el 2008, la asamblea legislativa de Belice reformó su Ley de Referéndum para endurecer los requisitos que validan la consulta popular.
Las partes ya habían establecido, en el 2012, hacer un referéndum simultáneo el 6 de octubre de 2013, pero la falta de acuerdo en asuntos legales obligó a su suspensión.

(Publicado por Prensa Libre - Guatemala, 9 mayo 2019)
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