El Equipo Especial del Caso Lava Jato del Ministerio Público manifestó su rechazo y preocupación por las investigaciones abiertas contra los fiscales José Domingo Pérez y Henry Amenábar por el órgano Desconcentrado de Control Interno debido a un presunto accionar irregular en las diligencias contra el ex presidente Alan García.
A través de un comunicado, el equipo coordinado por el fiscal superior Rafael Vela informó este miércoles que las diligencias de detención preliminar y de allanamiento realizadas contra el expresidente Alan García se llevaron a cabo "en estricto cumplimiento de un mandato judicial".
"[...] lamentando profundamente la decisión trágica adoptada por el señor García Pérez durante la ejecución de la medida de detención preliminar y allanamiento ordenada legalmente por el Poder Judicial", indican.
"Mostramos nuestra profunda preocupación y rechazo por las acciones tomadas de oficio por el órgano Desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público, [...] que sin conocer los acontecimientos y únicamente con recortes periodísticos, ha abierto investigación preliminar contra los magistrados Pérez Gómez y Amenábar Almonte, por presuntas infracciones administrativas", se lee en el documento.
Como se recuerda, esta mañana Alan García falleció tras dispararse en la cabeza, luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.
En esa misma línea, la fiscalía informó que las diligencias de detención preliminar y de allanamiento realizadas contra el expresidente Alan García se llevaron a cabo "en estricto cumplimiento de un mandato judicial" .
Mediante un mensaje publicado en su cuenta institucional de Twitter, la fiscalía detalló que el allanamiento y frustrada detención preliminar realizados esta mañana por los fiscales del Equipo Especial respetó los derechos fundamentales del ex presidente.
MP
La última fuga. El expresidente Alan García volvió a evadir a la justicia. Aunque, esta vez, a costa de su propia vida y cortando toda posibilidad de defenderse personalmente, en el futuro.
Con su muerte la acción penal contra él se extingue, pasa al archivo. Esto supone que García no podrá ser procesado, juzgado ni condenado. Sin embargo, la investigación continuará con todas las consecuencias para su honor y su imagen.
Luego, si se establece que a su patrimonio ingresó dinero ilícito las autoridades podrán embargar e incautar los bienes inmuebles y acciones que pudiera dejar como herencia a sus familiares.
El expresidente Alan García enfrentaba dos investigaciones como presunto líder de una organización criminal de lavado de activos provenientes de actos de corrupción.
Investigaciones
Una primera investigación se inició en octubre del 2017, a cargo de la primera fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, que dirige el fiscal José Antonio Castellanos Jara, sobre sus actividades desde el año 1991 hasta la actualidad.
La segunda investigación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez indagaba sobre presunto lavado de activos, de actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, entre el 2006 al 2011, en su segundo periodo de gobierno.
Fue en esta segunda investigación donde se han dado los avances principales, a raíz de la colaboración con las autoridades con la constructora Odebrecht.
En el caso Lava Jato, la fiscalía ha construido una sólida hipótesis de investigación que puso al borde de la prisión al expresidente García. En el pedido de detención preliminar, acogido por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena , se señala la existencia de una organización criminal dirigida por el expresidente García.
Organización
"Se habría constituido una organización criminal que estando en ejercicio del poder, entre los años 2006 al 2011, busco favorecer a un grupo de empresas brasileñas y peruanas vinculadas a estas, para hacerse de importantes obras de infraestructura en el país, como fue la obra del Metro de Lima"
Agrega la fiscalía que, con ese objetivo, "buscaron crear desde el Poder Ejecutivo marcos normativos para favorecer a las empresas que se iban a beneficiar con la construcción de las obras, ocasionando de este modo violación a sus deberes funcionales".
La fiscalía señala dos niveles en esta organización. En el primer nivel, el líder absoluto habría sido el expresidente Alan García.
Debajo de él, se encontraba el ministro Enrique Cornejo Ramírez, encargado del direccionamiento de las contrataciones del Estado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Además, el secretario de la presidencia, Luis Nava Guibert y el vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, encargados de la captación de los dineros ilícitos.
En un segundo nivel había tres grupos. En el primer grupo, los colaboradores de la organización como José Antonio Nava Mendiola y Samir Atala Nemi, hijos del exsecretario de la presidencia y el exvicepresidente de Petroperú.
Un segundo grupo personas con vinculos de amistad o laboral que direccionaban y manipulaban los procesos de contrataciones: Jorge Luis Menacho, Jorge Cuba Hidalgo, Oswaldo Plascencia y Raúl Torres.
En el tercer grupo, las personas que se encargaban de los procesos de contratación e integraban los comités especiales: Magdalena Hinostroza, Santiago Chau, Mariella Huerta, Edwin Luyo y Jesús Munive.
La fiscalía ha definido esta estructura en base a la información documental entregada por Odebrecht que revela pagos en cuentas de empresas offshore por la adjudicación del Metro de Lima y en la ejecución de la construcción de la Carretera Interoceánica Sur.
Información que, en lo que respecta a los pagos a Luis Nava ponía en una difícil situación al expresidente Alan García.
Prisión preventiva
Nava fue un funcionario muy cercando a su segunda gestión presidencial por lo que le iba a ser muy difícil desligarse de este personaje.
Un problema mayor teniendo en cuenta que la próxima semana declara el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata, que podría terminar por cerrar este círculo. Por eso, previo a la declaración de Barata, la fiscalía decidió solicitar la detención de los principales implicados en la investigación.
La orden de detención emitida por el juez Sánchez Balbuena alcanzó al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, el exministro de la producción Luis Nava Guibert y su hijo José Antonio Nava Mendiola.
Luis Nava permanece en una clínica y su hijo está fuera del país. Enrique Cornejo se entregó, después de dar una entrevista en Radio Programas del Perú.
Luego, el vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala y su hijo Samir Atala, el exjefe de la autoridad Autónoma del Tren Eléctrico Oswaldo Plascencia, el exsecretario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jorge Menacho Pérez y el exjefe de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo.
Es de esperarse que al cabo de los 10 días y ya recibida la declaración de Jorge Barata, que debe explicar las circunstancias y motivos de los pagos, la fiscalía solicite la prisión preventiva de estos personajes.
Preocupación
Sobre el suicidio del expresidente García, el Equipo Especial Lava Jato descartó cualquier irregularidad. La diligencia se desarrolló siguiendo estrictamente el protocolo, lamentando la decisión adoptada por el expresidente, por lo que rechazaron que Control Interno los investigue sin precisar la infracción cometida.
Orden de detención alcanzaba a nueve personas, entre ellas García
(Publicado por Gestión y La República - Perú, 18 abril 2019)
_____________