Multas

Supremo respalda que la CNMC multe a directivos por prácticas anticompetitivas: España

Avala la publicación del nombre del afectado y rechaza que vulnere su intimidad.

martes, 2 de abril de 2019

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede imponer multas a personal directivo de empresas infractoras de las normas del derecho de la competencia. El Tribunal Supremo entiende, además, que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.

La sentencia confirma una resolución de la CNMC de 30 de junio de 2016 (expediente Infraestructuras Ferroviarias) que impuso una multa de 6.650 euros a Jon Ander De Lapatza Benito, vicesecretario del Consejo de Administración de Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A., una de las empresas sancionadas por una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y del artículo 101 del Tratado de la Funcionamiento de la Unión Europea. Dicha resolución sancionó a diversas empresas y personas físicas por pactar el reparto del mercado, la fijación de precios y otras condiciones comerciales, así como el intercambio de información comercial sensible en relación con el suministro de desvíos ferroviarios en los procedimientos de contratación convocados por GIF/ADIF durante 15 años, de 1999 a 2014.

El Supremo ha estudiado, en este asunto, si el artículo 63.2 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) –en relación con el artículo 25 de la CE- permite sancionar a personal directivo unipersonal de la persona jurídica infractora o bien si la previsión normativa únicamente se aplica a los órganos colegiados de administración a los que se refiere el segundo párrafo del precepto. "No lesiona el artículo 25 de la Constitución en su aplicación a personal directivo unipersonal de la persona jurídica infractor", concluye el fallo.

La magistrada Pico Lorenzo, ponente de la sentencia, explica que "es certera la interpretación realizada por la sentencia recurrida a la hora de incluir al recurrente, que concurrió con otros sujetos directivos o representantes de otras empresas, a la reunión en que se acordó la práctica vedada por la ley de Defensa de la Competencia y lo hizo en su condición de Vicesecretario del Consejo de Administración, es decir como sujeto componente del órgano directivo de la empresa".


Por otra parte, la Sala considera que la publicación de la infracción en su totalidad, el de la empresa infractora y el del miembro de la misma que acordó/decidió la práctica colusoria no lesiona el artículo 18 de la CE. Sobre esta cuestión, afirma que "no está en juego el derecho a la intimidad personal garantizado por el artículo 18 de la Constitución pues la conducta desarrollada no ha tenido lugar en el ámbito de la vida privada y buen nombre del recurrente". "La sanción impuesta lo ha sido como consecuencia de su conducta profesional voluntariamente desarrollada en una empresa que ha infringido la Ley de Defensa de la Competencia", subraya la Sala.

(Publicado por El Economista - España, 1 abril 2019)

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