"Si es que los criptoactivos no son moneda de curso legal, ni divisa, ni constituyen medios de pago, ni son sustitutos del dinero, nos preguntamos ¿qué es lo que pretenden las demandantes al litigar en sede de competencia una conducta en que está ausente el presupuesto básico que fundamenta la interposición de la acción que se esgrime, esto es, un mercado relevante afectado en que demandantes y demandados participen?".
Esa interrogante fue parte de los argumentos que utilizó Banco Santander para cuestionar nuevamente la demanda presentada por tres plataformas de criptomonedas contra una decena de bancos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Para ello, la entidad financiera se valió del oficio enviado por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien afirmó que los criptoactivos "no son un buen sustituto del dinero y suponen una serie de riesgos"
Y volvió a insistir que la decisión de cerrar las cuentas a las plataformas fue correcta, pues buscaba protegerse de eventuales riesgos.
"En tal sentido, el BCCh señala que los bancos deben adoptar medidas necesarias para mitigar los riesgos inherentes a este tipo de activos (i.e., riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) (sic)", sostuvo.
Demandas
La batalla entre las plataformas que transan criptomonedas y los bancos ha seguido escalando en los últimos meses. Y esta vez fue el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, quien movió el caso.
"Es indudable que los criptoactivos no son en la actualidad un buen sustituto del dinero y suponen una serie de riesgos para las personas y para el sistema financiero", afirmó Marcel en un escrito que envió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tras ser consultado sobre si el BC tiene facultades para fiscalizar a los intermediarios de criptomonedas y si los criptoactivos tienen la potencialidad de reemplazar al dinero legal.
La pugna se desató el primer semestre de 2018 cuando una decena de bancos cerró las cuentas bancarias de las plataformas Buda, CryptoMKT y Orionx, esgrimiendo que buscaban prevenir un potencial lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Tras ello, dichas firmas acudieron al TDLC y acusaron que las entidades financieras atentaron contra la libre competencia y abusaron de su posición dominante, ante lo cual el tribunal dictó la medida precautoria que obligó a los bancos a reabrir las cuentas y mantenerlas abiertas mientras dure el juicio.
En ese sentido, el presidente del instituto emisor deslizó su apoyo a la industria: "Desde una perspectiva general referida a identificar y mitigar los riesgos que puedan afectar al sistema bancario, tal como no correspondería que un banco tuviera que otorgar un crédito a todo evento a una persona determinada, sin establecer previamente su capacidad y solvencia; tampoco sería apropiado que debieran abrir cuentas corrientes a todo aquel que lo solicite, sin ponderar los diversos riesgos que ello pueda involucrar, considerando para ello la legislación especial aplicable al contrato de una cuenta corriente bancaria".
(Publicado por La Tercera - Chile, 4 marzo 2019)
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