En la instalación de un foro internacional sobre inversión internacional que se realiza en Cartagena, Camilo Gómez, el director de la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, aseguró que el arbitraje internacional "es un mecanismo valioso y requiere blindarse frente a reclamos temerarios o frívolos que le restan credibilidad".

"Se debe denegar la jurisdicción automática a los inversionistas que intenten abusar del mecanismo, entre otros, en casos evidentes de corrupción", afirmó.

Gómez recordó que en Odebrecht, a través de una filial española que mantenía inactiva, entabló el año pasado una pretensión por casi 4 billones de pesos por la supuesta afectación de sus intereses por las decisiones que ha tomado el Estado colombiano tras comprobarse que la firma brasileña pagó al menos 33 millones de dólares en sobornos para quedarse con millonarios contratos, entre ellos el de la Ruta del Sol II.

"Colombia ha recibido una notificación de controversia por parte de Odebrecht, reconocida como la empresa criminal más grande de América Latina en décadas recientes, que resolvió acudir a una sucursal española inactiva para poder usar el arbitraje de inversión contra Colombia", dijo Gómez.

Según el jefe de la Defensa Jurídica, esa demanda no prosperará porque el Tratado Bilateral de Inversión con España exige expresamente que las inversiones se realicen, de acuerdo con la legislación colombiana, y en el caso de Odebrecht está demostrado que la inversión "no se realizó de conformidad con la legislación colombiana" pues medió el pago de sobornos.

Hay 11 demandas internacionales

Gómez señaló en Cartagena que el país enfrenta 11 demandas en instancias internacionales relacionadas con megacontratos y que hay 10 más anunciadas, incluida la de Odebrecht en España.

Aseguró que si bien el país no ha contemplado la posibilidad de denunciar ninguno de los acuerdos internacionales de inversión suscritos en los últimos años, sí es necesario que en el sistema de arbitraje y resolución de disputas comerciales se realicen ajustes, como el relacionado con las demandas de las firmas que promueven la corrupción.

Entre esos ajustes mencionó la erradicación de las posibilidad de que cuando los demandantes son vencidos en un tribunal de arbitramento salten a otro con la misma pretensión; la importancia de ampliar la nómina de árbitros internacionales para evitar que los procesos se dilaten, lo que además dispara sus costos para las partes; y que se proscriba una práctica que toma fuerza y que consiste en la posibilidad de que quien demanda a la Nación no sea el contratista, sino un tercero que financia esa demanda.

"Esta figura desdibuja los objetivos de los acuerdos internacionales de Inversión. Nosotros los Estados firmantes no buscamos establecer un negocio para un tercero que no efectuó la inversión. Nosotros buscamos la creación de una estabilidad para que sea el inversionista afectado el que pueda reclamar, nadie más. Una inversión de un empresario no debe mutar para convertirse en un litigio, como negocio", señaló Camilo Gómez.

(Publicado por El Tiempo - Colombia, 1 marzo 2019)
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