La ley sobre prostitución que desde 2016 penaliza en Francia al cliente y no a las mujeres que se prostituyen es "conforme" a la ley. Así lo decidió este viernes el Consejo Constitucional, el máximo órgano de consulta sobre la constitucionalidad de las leyes francesas, tras analizar una petición de varias organizaciones que pedían su rechazo al considerar que no solo atenta contra las libertades personal y empresarial, sino que, además, ha provocado un empeoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad de las prostitutas.
Según los "sabios" del Consejo Constitucional, compuesto entre otros por los ex primeros ministros Laurent Fabius y Lionel Jospin, con la ley que penaliza al cliente, los legisladores buscaban, "privar al proxenetismo de fuentes de beneficios, luchar contra esa actividad y contra la trata humana con fines de explotación sexual", que son, recuerdan, “actividades criminales basadas en la coacción y la esclavitud del ser humano". En este sentido, continúan, "los legisladores garantizaron una conciliación que no es manifiestamente desequilibrada entre, por una parte, el objetivo de valor constitucional de salvaguardar el orden público y de prevención de infracciones y la salvaguarda de la dignidad humana y, de otro lado, la libertad personal".
La normativa, una promesa de campaña del socialista François Hollande, fue finalmente aprobada en abril de 2016, tras más de dos años de debates, y dio un giro a la lucha contra la prostitución al dejar de penalizar a las prostitutas para concentrarse en los clientes, para los que prevé multas de 1.500 a 3.750 euros (para reincidentes) por contratar servicios sexuales. Asimismo, a los sancionados se les puede obligar a seguir cursos de sensibilización. La ley también prevé ayudas y un acompañamiento, incluso la posibilidad de obtener un permiso temporal de residencia para las mujeres que busquen dejar la prostitución. Con la aprobación de esta ley, Francia se convirtió en el quinto país europeo en multar a los clientes de prostitutas, una iniciativa que implementó por primera vez Suecia, en 1999.
En abril de 2018, un informe avalado por la sección francesa de Médicos del Mundo denunció sin embargo los efectos negativos de la ley en el desempeño de estas mujeres, que según el estudio son ahora más vulnerables, se ven obligadas —por la caída de la demanda y por tanto de ingresos— a aceptar en mayor medida prácticas de riesgo como el sexo sin preservativo y a ejercer la prostitución en lugares más escondidos, lo cual conlleva además un mayor riesgo para su integridad e invisibilidad. Varias organizaciones y prostitutas emprendieron una senda legal para reclamar la derogación de la ley que llegó, la semana pasada, al Consejo Constitucional, que acaba de rechazar sus argumentos.
La Constitución, recuerda el organismo, "garantiza a todos, especialmente al niño, a la madre y a los viejos trabajadores la protección de la salud". Por tanto, continúa, "no compete al Consejo Constitucional sustituir la evaluación del legislador sobre las consecuencias sanitarias de las personas prostituidas (…) en tanto que esa valoración no es manifiestamente incorrecta".Entre quienes también rechazaban la derogación de la ley —que cuenta, según las encuestas, con un alto apoyo popular, de hasta el 71% de los franceses— se encuentra la mayoría de las organizaciones feministas, políticos, grupos de médicos y hasta el Gobierno de Emmanuel Macron.
La secretaria de Estado para la Igualdad Mujer-Hombre, Marlène Schiappa, había expresado la víspera su confianza en que el Consejo de Estado mantuviera una ley que, consideró, es "buena", aunque no cerró la puerta a posibles "mejoras".
"Creo que hay que luchar contra las redes de prostitución, contra ese sistema de prostitución, contra todos los que llevan a las mujeres a prostituirse o hacen que caigan en manos de una red y las privan de sus libertades fundamentales y derechos", dijo Schiappa el jueves a un grupo de periodistas. "No obstante —continuó— también escucho a las organizaciones serias que nos dicen que esta ley efectivamente ha afectado a la seguridad de las prostitutas y que consideran que multar al cliente no es la solución. Solo puedo escuchar lo que dicen las prostitutas y ver cuál es la mejor forma de luchar juntos contra ese sistema y contra esas redes. Pero creo que esta ley es buena y deseo que el Consejo Constitucional la mantenga. Eso no quiere decir que no podamos mejorar lo que se hace a favor de estas personas", agregó.
(Publicado por EFE, 1 febrero 2019)
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