El vocero de la CSJ, Mario Siekavizza, dijo que los magistrados en pleno tomaron la decisión de “rechazar” la demanda interpuesta el 26 de diciembre por la Procuraduría General de la Nación, abogado del Estado.

Puntualizó que los altos jueces determinaron que no existían fundamentos para levantar la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), José de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras, por los delitos de prevaricato, violación de la Constitución y abuso de autoridad.

En Guatemala, la CC, encargada del cumplimiento del Constitución, está por encima de la CSJ.

Porras, Mejía y de Mata fueron denunciados tras dejar sin efecto varias decisiones del gobierno contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), órgano de la ONU que pidió investigar a Morales por sospechas de corrupción en su campaña del 2015.

Uno de los últimos fallos de la CC fue dejar en suspenso la decisión de Morales de cerrar prematuramente la Cicig por, según el mandatario, sobrepasar sus funciones.

La misión y la ONU han asegurado que finalizarán su mandato el 3 de setiembre, según lo previsto, aunque la Cicig trabaja diezmada pues la mayoría de su personal salió del país por cuestiones de seguridad.

La semana pasada, la Corte Suprema frenó un proceso para retirar los fueros contra los mismos jueces que se había iniciado por una denuncia de la asociación de exmiembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985.El trámite se encontraba en el Congreso que debía resolver si se despojaba de los fueros a los magistrados, señalados de prevaricato por detener el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, ordenada por el gobierno.

Morales, un excomediante de televisión de 49 años, también le prohibió en setiembre pasado el ingreso al país al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, mientras este se encontraba en una gira de trabajo por Estados Unidos, pero la CC determinó que el gobierno no le puede vedar el retorno.

La Cicig cobró relevancia en 2015, tras revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa, además de dar luz a otros casos de corrupción.

Las resoluciones
La denuncia contra los integrantes del máximo ente legal del país recuerdan que otorgaron, por unanimidad, un amparo provisional que ordena al Ejecutivo a permitir el ingreso de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de negar el ingreso desde septimbre de 2018 cuando el abogado colombiano estaba en Nueva York.

Otra de las resoluciones en discordia sucedió el 31 de agosto del 2018 cuando el presidente Morales anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig. Según la CC, las controversias deben ser resueltas por medio de una negociación entre las partes, lo cual está establecido en el artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión instalada en el país desde hace 11 años.

El pasado 21 de diciembre, la CC declaró con lugar tres apelaciones promovidas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; la mandataria de la Cicig, y los diputados que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia, por lo que otorga el amparo provisional que deja en suspenso unas notas diplomáticas del 11 de octubre último relacionadas con los investigadores de la Cicig.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordan Rodas, calificó la decisión de la PGN de accionar contra magistrados de la CC como "un hecho lamentable".

Fallo reciente
El 23 de enero pasado la CC dejó sin efecto el antejuicio promovido contra los magistrados Mejía Orellana, Porras Escobar y De Mata Vela que había tramitado, por mayoría, la CSJ y remitido al Congreso. Esta denuncia fue planteada por la Asociación Dignatario de la Nación (ADN) relacionado con la permanencia del diplomático sueco Anders Kompass en el país.

El amparo provisional que el máximo órgano legal del país le otorgó a Jordán Rodas, titular de la PDH, no solo dej sin efecto el trámite del antejuicio promovido contra magistrados constitucionales, sino que causa jurisprudencia, es decir, establece un precedente para la resolución de casos en el futuro.

Como ejemplo fueron cuatro fallos. En 1994, a través de un amparo que fue promovido por el abogado Mynor Pinto Acevedo, en calidad de magistrado titular de la CC, contra la CSJ, Cámara de Amparo y Antejuicio, y el juez tercero de Primera Instancia Penal, luego de que le dieran trámite al proceso en su contra. Este fallo favoreció al magistrado Pinto Acevedo.

La resolución recordó, en ese entonces, que no es exclusiva de la legislación guatemalteca, sino que existe la protección a los magistrados en derecho comparado, en ordenamientos jurídicos español, chileno, ecuatoriano y peruano.

Otra sentencia de la CC fue en 2003, cuando Mario Guillermo Ruiz Wong, entonces presidente de la máxima corte del país, accionó por haber admitido la inscripción como candidato presidencial a José Efraín Ríos Montt. La denuncia la promovió la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, por faltar a la ética.

El último expediente fue resuelto el 11 de septiembre del 2017, en donde la CC “ha declarado la improcedencia de la persecución penal de jueces y magistrados por la emisión de resoluciones en el ejercicio de su cargo”.

“En efecto las persecuciones que se hacen contra magistrados de esta Corte derivadas de resoluciones emitidas en el ejercicio de sus cargos deviene inviable”, detalla la sentencia.

(Publicado por AFP y Prensa Libre - Guatemala, 31 enero 2019)
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