La resolución fue publicada este primero de enero en el boletín de Normas Legales del diario oficial 'El Peruano' y da cuenta de las razones por las cuales el titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, decidió no ratificar a los fiscales.

Según indica el documento, Rafael Vela y José Domingo Pérez atentaron “constantemente contra el principio de jerarquía” afectado la institucionalidad y el orden en el Ministerio Público, así como el principio de reserva de la investigación que se sigue por el presuntos pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

Sostienen también que, en entrevistas televisivas, José Domingo Pérez cuestionó el nombramiento del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, “conducta que viene siendo reiterada en otros fueros ante diversas circunstancias y a través de medios de comunicación masivos con lo que se estaría afectando además la autonomía del Ministerio Público”.

Atribuyen a este comportamiento, la descalificación de Chávarry en diversos sectores de la sociedad y en otras instituciones y poderes del Estado.

Asimismo, respecto a la solicitud de información al Equipo Especial del Caso Lava Jato realizada a Rafael Vela, se señala que en algunos casos no existe respuesta y en otros es incompleta, "llegándose a calificar estos pedidos como actos de hostilización por el citado coordinador a fin de no brindar información, hecho que no permite verificar el estado y cumplimiento de plazos de las mismas".

En la Resolución Suprema se detalla que la información que maneja este equipo “tiene carácter reservado”, pero esto no se está cumpliendo, propalándose los detalles a través de medios de comunicación, “lo que evidencia que no se está garantizando la reserva de la información frente a la injerencia de terceros”.

Finalmente, se oficializa la designación de Frank Robert Almanza Altamirano, fiscal superior provisional penal anticorrupción como Fiscal Superior Coordinador del Equipo Especial de Fiscales, así como la incorporación al Equipo Especial de Marcial Eloy Páucar Chappa, en lugar de José Domingo Pérez, quien tenía a su cargo investigaciones al ex presidente Alan García Pérez y a la detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fundamentos de la decisión

Según la Resolución Suprema N°4704-2018-NP-FN, esta remoción está basada en tres razones:

-1. Vulneración de jerarquía-

Se señala que, a través de los medios de comunicación, los integrantes del Equipo Especial de fiscales atentaron contra el principio de jerarquía, afectando la institucionalidad y el orden del Ministerio Público.

En ese sentido, hacen referencia a las declaraciones en las que el fiscal José Domingo Pérez ha cuestionado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por sus presuntas injerencias en la investigación que seguía al pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el Perú.

“(El fiscal) José Domingo Pérez Gómez, procedió a través de entrevistas televisivas, a cuestionar el nombramiento del fiscal de la Nación (…) con lo que se estaría afectando además la Autonomía del Ministerio Publico que es una de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, pues con tal proceder ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación, e incluso pretendan inmiscuirse en la conducción de la institución”, afirman.

-2. Pedido de información-

Ante los pedidos de información de parte del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a los fiscales del caso Lava Jato sobre el estado actual de todas las investigaciones que tenían a su cargo, manifiestan que los requerimientos no fueron atendidos o fueron atendidos parcialmente.

“Se aprecia que, de los sendos requerimientos de información formulados a la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales, tanto por el despacho de la Fiscalía de la Nación, y otras instancias de la administración pública, sobre el estado de las investigaciones a su cargo y temas conexos, en algunos casos no existe respuesta y en otras es incompleta”, indican.

Además, cuestionan que Rafael Vela haya calificado estos pedidos como “actos de hostilización”, y manifiestan que la intención habría sido “no brindar información, hecho que no permite verificar el estado y cumplimiento de plazos” de las investigaciones.

-3. Vulneración de la reserva-

Finalmente, en el documento se precisa que “información que por mandato legal tiene carácter reservado, viene siendo propalada a través de un sector de los medios de comunicación”, lo que evidencia que no se está garantizando la reserva de la investigación.

Según lo publicado, esto deja al descubierto “la falta de rigurosidad” en el cumplimiento de las funciones en la Coordinación del Equipo Especial, a cargo de Rafael Vela, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez.

Además, a este último se le acusa de hacer una “sobreexposición mediática de un determinado caso a su cargo, emitiendo declaraciones ante los medios de comunicación sobre su opinión personal frente al caso que ocupa, lo que podría representar la vulneración de la objetividad en su actuación que la ley exige”.

Los nuevos Fiscales

El Fiscal General Pedro Chávarry nombró a Frank Almanza Altamirano en reemplazo de Rafael Vela como fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato.

Almanza actualmente está a cargo de las investigaciones del caso Sánchez Paredes.

En su hoja de vida destaca que también participó en el equipo fiscal de refuerzo que apoyó las labores de coordinación entre las investigaciones que se realizaron a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a raíz de los llamados "audios de la vergüenza".

Otro de los casos a su cargo fue de los Sodalicios. En marzo de este año, este fiscal superior decidió dejar sin efecto el archivamiento del caso y decidió reabrirlo. Como se recuerda, en este caso se indaga supuestos abusos sexuales, psicológicos y físicos cometidos contra jóvenes que formaron parte de esta organización.

Almanza también participó en el I Pleno Casatorio Penal sobre lavado de activos junto a jueces supremos, representantes del Ministerio Público y la comunidad jurídica, a propósito de una cuestionada resolución que emitió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema sobre este delito, en ese entonces presidida por el exjuez supremo César Hinostroza.

Esa Casación 92-2017 de Hinostroza fue duramente criticada porque según el Ministerio Público, se trataba de una decisión que favorecía la impunidad del blanqueo de capitales, al punto que convertía a nuestro país en un "paraíso fiscal".?

Almanza Altamirano es abogado con estudios de Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2005) y en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (1995).

Cuenta con diplomatura en Derechos Humanos y Procesal Constitucional en la Apecc – Colegio de Abogados de Ayacucho, en Derecho Civil y Procesal Civil en Apecc – Colegio de Abogados de La Libertad, y Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en Apecc – Colegio de Abogados de Ayacucho.

Por su parte, el fiscal provincial Martín Paucar, quien reemplazará a José Domingo Pérez, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres y profesor de la Academia de la Magistratura.

Paucar estuvo a cargo del caso conocido como el 'Club de la Construcción'.

En abril de este año el Ministerio Público alertó a la población, a través de su cuenta de Facebook, sobre un extraño suceso ocurrido en horas de la madrugada en la vivienda del fiscal provincial Marcial Paucar, integrante en ese entonces del Equipo Especial que investigaba el denominado caso “Club de la Construcción”.

El hecho ocurrió, según la fiscalía, precisamente luego de que el fiscal Paucar realizara una diligencia en una avícola en Cañete vinculada a la investigación. El fiscal encontró esa mañana un ave muerta y decapitada que fue arrojada al balcón de su vivienda.

(Publicado por Gestión - Perú, 2 enero 2019)
_______________