El Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación de la declaración de bienes en el extranjero (el llamado Modelo 720), a la espera de lo que decidan los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar de que la Unión Europea declaró ilegal este mecanismo, como ayer adelantó elEconomista. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales", señaló a elEconomista.
Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "se trata de un problema técnico que afecta a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los tribunales", señaló a elEconomista.
La ministra se refería al dictamen motivado, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que su Ministerio ha mantenido en secreto, como lo hiciese bajo la titularidad de Cristóbal Montoro, hasta que se ha visto obligado a facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente que fue sancionado por declarar extemporáneamente, obligado a ello, por requerimiento de la Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018.
Dinero sin control
El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre Estrategia de Política Fiscal, aunque los datos no están actualizados, informa de que se han realizado 175.988 declaraciones con el Modelo 720 y se han aflorado 103.340 millones de euros que escapaban hasta entonces al control de la Agencia Tributaria. En el documento, el Ejecutivo comunitario le decía a la Administración tributaria española que "en aplicación de lo dispuesto en el artículo 258, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión invita al Reino de España a que adopte las medidas requeridas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo.
Los derechos europeos fundamentales que infringe, según este documento son: el de la libre circulación de personas y de trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales. Hacienda considera que este informe no es vinculante y que la Comisión Europea podría haber llevado el asunto a los tribunales comunitarios, cosa que, por el momento, no ha realizado.
El año pasado, en la misma línea que la actual ministra, el propio Montoro, que ya conocía el dictamen motivado de Bruselas, afirmó en el Parlamento que Hacienda no cambiaría las sanciones por no declarar bienes en el extranjero y se atendría a lo que dijese la Justicia de la UE. En esta ocasión ya se había filtrado la opinión de bruselas que recomendaba modificar las multas por "desproporcionadas".
No obstante, una vez conocido el dictamen, Hacienda decidió no aplicarlo si los contribuyentes antes de presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero (modelo 720), declaran y pagan el incremento no justificado de patrimonio de esas rentas - con un recargo del 20%- y los intereses de demora correspondientes, según consta en un informe interno de la Dirección General de Tributos (DGT).
Nuestro compañero Jorge Valero, corresponsal de elEconomista en Bruselas explica que "en febrero de 2017, la Comisión había dado a España dos meses para enmendar el 720, sobre todo las multas desproporcionadas que contempla la norma española. Si no cambiaba la ley, Bruselas llevaría a nuestro país ante la Justicia de la UE".
Más de un año y medio después desde aquella segunda fase del procedimiento de infracción, el Ejecutivo comunitario no termina de decidirse a dar el paso definitivo. Un portavoz de la Comisión comentó ayer a elEconomista que la institución mantiene un dialogo regular con las autoridades españolas para tratar sobre las preocupaciones que habían incluido en la carta de febrero de 2017. Y añadió que se tomará una decisión sobre el próximo paso en el procedimiento de infracción "en el momento apropiado".
Fuentes comunitarias han asegurado también a este diario que los servicios del Ejecutivo comunitario están discutiendo internamente cual es la mejor manera de que se corrijan los asuntos que motivaron las quejas emitidas por Bruselas, sobre todo en lo relativo a la violación de libertades fundamentales, y lo que se pretende conseguir, principalmente la eliminación de las desproporcionadas multas.
Ciudadanos pregunta al Ejecutivo
Francisco De la Torre, diputado de Ciudadanos, ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno, sobre la "ocultación por parte del dictamen de la UE que manifiesta la ilegalidad de la declaración de bienes en el extranjero". Basa sus pregunta en la informaciones publicadas por elEconomista.
De la Torre afirma que, se entiende que el gobierno del PP quisiese hacerse perdonar "la impresentable e inconstitucional amnistía fiscal", y que estableciese un régimen de sanciones draconiano. También entiende que el PSOE se quiera hacer perdonar el incumplimiento de la palabra de Pedro Sánchez, "uno más, de publicar los nombres de los defraudadores de la amnistía fiscal". Sin embargo, esta pasividad y ausencia de reformas está llevando a pérdida de recaudación, información y riesgos inasumibles en la lucha contra el fraude.
Pregunta el diputado, entre otras cosas, sobre si "el Gobierno socialista maneja el mismo concepto de transparencia que le ha llevado a declarar secreta la boda del cuñado del presidente del gobierno".
"¿Considera el Gobierno, autodenominado como Gobierno de la dignidad, que es una práctica digna ocultar a los españoles este informe de la Unión Europea para seguir exigiéndole a algunos contribuyentes multas de hasta el 150% de la supuesta ganancia patrimonial no justificada?", pregunta de la Torre.
(Publicado por El Economista - España, 18 diciembre 2018)
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