La Unión Europea someterá a control la inversión extranjera en sectores estratégicos. Y no solo se centrará en empresas de infraestructuras, defensa o energía. También estarán bajo especial vigilancia las adquisiciones de grupos de comunicación, sociedades de almacenamiento de datos o compañías de tecnología para procesos electorales. Bruselas tiene ya listo el reglamento para proteger los intereses europeos en sectores clave que en los últimos años han sido objeto sobre todo del capital chino y ruso. La Comisión emitirá dictámenes sobre operaciones concretas, aunque los países tendrán la última palabra.

El potente desembarco de capital chino en Europa puso el año pasado en alerta a Berlín y París, que recelan sobre todo de las operaciones protagonizadas por empresas estatales. El gigante público Cosco sigue con su estrategia de expansión en el Mediterráneo tras hacerse con el puerto del Pireo y la terminal de contenedores de Valencia. La también estatal CTG está en proceso de adquirir la mayor firma energética portuguesa. Alemania tuvo que frenar la compra de la tecnológica Aixtron.

La Comisión Europea lanzó el año pasado la propuesta de crear un mecanismo de escrutinio de las inversiones directas en la UE tras constatar que solo 12 países disponen de sistemas para hacer ese cribado (entre ellos, Francia, Alemania o España). Un año después, las instituciones europeas han llegado a un compromiso para crear ese sistema de cooperación que ahora está siendo revisado por los países miembros.

Según el documento que recoge el acuerdo final entre instituciones, al que ha tenido acceso EL PAÍS, a los sectores contemplados por la Comisión se han añadido medios de comunicación, empresas de datos y de tecnología para procesos electorales. Fuentes diplomáticas explican que se incluyó al sector y la referencia a la “libertad y pluralismo de los medios” por la preocupación de algunos países del este y norte de Europa ante el avance de medios de comunicación estatales rusos. El texto final no es tan ambicioso como el que salió del Parlamento Europeo, cuyo ponente fue el eurodiputado francés Franck Proust (PPE). Pero estas fuentes resaltan: “Hablamos de medios en términos amplios, incluyendo el cine o servicios culturales”.

El texto fija tres vías y plazos concretos para que la Comisión emita un dictamen sobre una inversión por un país de fuera de la UE. La primera se produce cuando un país esté analizando una entrada de capital en una compañía considerada estratégica. El gobierno del Estado receptor deberá comunicar la estructura societaria de la compañía, el monto de la operación y los países miembros cuya “seguridad” o cuyo “orden público” puedan verse amenazados. La Comisión emitirá otro dictamen recogiendo los comentarios de otros Estados si un tercio de estos considera que la inversión les perjudica.

Pero no todos los países tienen estos sistemas de escrutinio o bien pueden decidir no analizar las inversiones. Si un gobierno se percata de una operación en otro Estado miembro que cree que puede afectarle puede avisar a la Comisión, que podrá emitir un dictamen dirigido al Estado receptor del capital. Y, por último, el ejecutivo podrá actuar de oficio si las inversiones se dirigen a “programas de interés de la Unión”.

La última palabra, en cualquier caso, la tendrá siempre el Estado miembro. Pero fuentes comunitarias explican que esta regulación tendrá varias virtudes. “Para empezar, saldrán a la luz esas operaciones. Y si realmente es una amenaza para la seguridad o el orden público en otro país de la UE el Estado deberá enfrentarse a una doble batalla: en Bruselas y ante su opinión pública”, sostienen. Si el dictamen de la Comisión es negativo, el país lo tendrá complicado para justificar que siga adelante. “Y si sale mal, no tendrá excusa”, añaden.

Sectores que afectan al orden y a la seguridad
Europa, que creará un comité de expertos para escrutar las inversiones extranjeras directas, no será la única jurisdicción con un organismo de estas características. Según el Parlamento Europeo, Estados Unidos, Rusia, Japón, China y Australia también las controlan.

Para señalar los sectores estratégicos, el compromiso de regulación señala varios factores cuya llegada de capital de un tercer país es “probable que afecte a la seguridad y al orden público”. Entre estos, están las infraestructuras “clave” —ya sean “físicas o virtuales”—, como la energía, el agua, la salud, las comunicaciones, el transporte, los medios, el procesamiento o almacenaje de datos, la defensa y las infraestructuras financieras.

También recoge el temor de países como Francia, Alemania e Italia a una transferencia tecnológica a esos países, e incluye desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la biotecnología. Tres años después de la aplicación del texto, la Comisión deberá evaluar la efectividad de la regulación.

(Publicado por El País, 29 de Noviembre de 2018)