Las cuatro asociaciones principales de jueces y magistrados y las tres de la fiscalía han convocado una huelga general en ambos estamentos el próximo 19 de noviembre para exigir a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, mejoras salariales y de las condiciones laborales. Las siete asociaciones han emitido este lunes un comunicado en el que consideran que la Mesa de Retribuciones puesta en marcha por Delgado tras su llegada al ministerio en junio pasado se ha convertido en un “organismo burocrático vacío de contenido” y con “una clara finalidad obstructiva y nada práctica”.
Las asociaciones han decidido retomar el calendario de movilizaciones que iniciaron con el anterior titular de Justicia, el popular Rafael Catalá, y que interrumpieron tras el cambio de Gobierno en la confianza de que la actual ministra. Los colectivos confiaban en que Delgado, hasta entonces fiscal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales, atendería las reclamaciones de mejoras retributivas que había defendido antes de su llegada el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
“Ofrecimos a la nueva titular del Ministerio colaboración y lealtad, si bien le manifestamos que tales ofrecimientos no eran una carta blanca y que nuestras peticiones seguían intactas, vigilando el cumplimiento de aquellas en todo caso. Tras diversas reuniones, una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, todo continúa igual”, señala el comunicado de jueces y fiscales.
El pasado 22 de mayo, siendo ministro Catalá, hubo una jornada de huelga que fue secundada por alrededor de la mitad de los 5.400 jueces y magistrados y los 2.500 fiscales españoles. El paro fue especialmente seguido en los órganos judiciales inferiores, aunque los presidentes de los tribunales superiores autonómicos y 30 magistrados del Supremo, que acudieron a trabajar, expresaron su apoyo a la movilización.
Los magistrados reclaman recuperar los recortes salariales de los últimos siete años, así como implantar unas cargas máximas de trabajo y mejoras en los medios materiales en las sedes judiciales. También exigen modificar el sistema de elecciones de vocales del Consejo General del Poder Judicial de modo que los 12 miembros de procedencia judicial de los 21 de que consta el órgano de gobierno sean elegidos por los jueces. También piden mayor transparencia en la designación de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, así como la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos regionales.
(Publicado por El País - España, 5 noviembre 2018)
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